Competencia ha sancionado a siete empresas del sector de la construcción por constituir un cártel en la adjudicación de contratos dentro del sector educativo, en concreto, en la construcción de módulos prefabricados. La sanción asciende a 9,3 millones de euros. De ellos, 8,5 millones corresponden a Dragados, filial del grupo constructor ACS. 

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Compentencia (CNMC) están “acreditadas prácticas anticompetitivas, consistentes en la fijación de precios y el reparto de clientes, así como la adopción de acuerdos para el reparto de las adjudicaciones de licitaciones convocadas por operadores públicos y privados". Es decir, pactaban precios y se repartían clientes dentro del sector de la construcción de módulos escolares. 

Las conductas de los sancionados, según Competencia, vulneran las normas destinadas a garantizar la transparencia en la contratación administrativa y la selección de la oferta más ventajosa y son especialmente dañinas, al suponer un encarecimiento del coste que debe soportar la Administración y, en última instancia, los ciudadanos.

Cinco años de mala praxis

Las prácticas anticompetitivas tuvieron lugar, según explica el regulador, desde el año 2008 hasta el 2013, con efectos hasta 2014, y afectaron a distintas Comunidades Autónomas, agrupadas en las llamadas zonas Levante, Sur, Cataluña y Centro-Norte.

La CMMC hace énfasis en la "especial importancia los acuerdos anticompetitivos para el reparto de las adjudicaciones de licitaciones de suministro de construcciones modulares destinadas a instalaciones educativas (colegios e institutos públicos) en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia, aunque las conductas ilícitas sancionadas también alcanzaron a otras licitaciones públicas y privadas", matiza.

El expediente sancionador se inició en 2013, según explica el regulador a instancia de una de las empresas que formaban parte del cártel, que presentó una solicitud de clemencia y, en diciembre de 2014 se decidió ampliar la incoación tras las inspecciones realizadas en las sedes de algunas de las empresas participantes en dicho cártel.

La principal sanción recae en Dragados, a quien corresponden 8,567 millones de euros, de la que resulta responsable solidaria su matriz ACS. Por detrás, en cuantía esta Algeco Construcciones Modulares, con 1,59 millones y, ya con cuántías inferiores hasta completar los citados 9,3 millones de euros, otras empresas como Alquibalat, Alquileres Barceló Sáez, Arlan y Renta de Maquinaria.