“Aún hay plazo”. Esa es la respuesta que ofrecen desde el Ministerio de Hacienda cuando se pregunta si el Gobierno de Mariano Rajoy, ya en funciones, prevé dar el paso que le falta para cobrar a la Comunidad Valenciana la multa de 18,93 millones de euros que Bruselas impuso a España el pasado mes de mayo. Una sanción derivada del déficit oculto que durante años dejó engordar la autonomía, las famosas facturas en los cajones de gobiernos populares en Valencia. La multa, de momento, la ha pagado el Estado y es necesario que sea un consejo de ministros el que decida reclamársela a la Generalitat, hoy presidida por el socialista Ximo Puig, para que empiece a contar el plazo de dos meses de pago voluntario antes de pasar a fórmulas más expeditivas. Sin esa aprobación, ni por las buenas ni por las malas. A fecha de hoy, dar ese paso no está en la agenda.

Desde Hacienda aseguran que tienen de plazo hasta el próximo mes de marzo, una fecha en la que, en circunstancias normales, la Moncloa estaría ocupada por un nuevo Ejecutivo salido de las elecciones del pasado 20D.

La apelación de Valencia

El pasado 11 de septiembre, el Ejecutivo del socialista Ximo Puig, investido ya presidente tras las elecciones autonómicas de mayo, recibió una comunicación de la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras, en la que se le informaba de que “la sanción impuesta al Reino de España debía ser objeto de repercusión a la Administración incumplidora”. Le dio 15 días para apelar. Y la Comunidad Valenciana apeló.

Lo hizo con un largo escrito en el que se recogía paso por paso la historia de cómo Generalitat Valenciana pasó muchos años -incluidos aquellos en que se levantó la Ciudad de las Artes y las Ciencias o se convirtió la capital en un circuito de Fórmula 1- metiendo en un cajón facturas que no atendía, la mayoría de ellas relativas a gastos sanitarios. La base principal de la argumentación del Gobierno de Puig para negarse a pagar la multa es que la situación se conocía desde 1998 (con Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat), puesto que así lo habían recogido año tras año los informes de fiscalización de la Sindicatura de Comptes.

El cajón de Zaplana y Camps

La práctica de la Generalitat, primero con Zaplana y luego con Francisco Camps, consistió en ir acumulando facturas en una partida que no sumaba en el déficit, no se tomaba como gasto reconocido, no existía a efectos de las estadísticas ante Eurostat (la cuenta 411). Ese compartimento se utilizó en lugar del que está creado para acumular contablemente las facturas que aún no tienen asignación presupuestaria, a la espera de que la reciban y sean abonadas (cuenta 409).  

El roto en las cuentas afloró de forma oficial en 2012, cuando el Partido Popular, ya en el Gobierno central, ideó una serie de mecanismos para dar liquidez a las autonomías y los ayuntamientos, huérfanos de los ingresos que acostumbraban tras el reventón de la burbuja inmobiliaria y la crisis de deuda. El Ministerio de Hacienda, con Cristóbal Montoro en cabeza, permitió presentar al cobro al Fondo de Financiación de Pago a Proveedores facturas que no hubieran sido previamente contabilizadas.

La Comunidad Valenciana presentó facturas de gasto no contabilizado, fundamentalmente sanitario, por importe de 1.900 millones de euros. España ya había presentado a Eurostat los datos anuales de déficit y deuda de 2011 por lo que el Gobierno se vio obligado a informar a la oficina estadística comunitaria de que iban a tener que revisar los datos. Había irregularidades en el gasto sanitario valenciano. Afloraba el déficit oculto. Europa inició, a mediados de 2014, un procedimiento de investigación a España por manipulación que desembocó en la multa en cuestión.

El pasado 1 de octubre, el conceller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler i Marco, alegó ante Hacienda que no pagaba la multa porque fue responsabilidad del Estado central no detectar o no alertar antes de que las cifras de déficit de la autonomía no eran correctas. Su argumento se basó en el reglamento de la Comunidad Europea sobre aplicación de Protocolo de Déficit excesivo, que dice que “los Estados miembros se asegurarán de que los datos reales comunicados a la Comisión (Eurostat) se proporcionen de conformidad con los principios establecidos”.

La Generalitat entiende que “es competencia única y exclusiva de la Administración del Estado, que ahora pretende repercutir la responsabilidad a esta comunidad, garantizar que los datos de déficit que se comunicaron a Eurostat se ajustaban a las normas contables. (…) La peculiar forma en que esta Administración contabilizaba el gasto sanitario (…) era conocida por la Intervención General del Estado y por ende, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (…) Hasta tal punto estos hechos eran conocidos que la Sindicatura de Comptes, en sus informes anuales, venía identificando e informando sobre las denominadas obligaciones no reconocidas desde el año 1998 hasta el año 2011. Estos informes de fiscalización fueron puntualmente remitidos al Tribunal de Cuentas, publicados en la web de dicha institución y en el Boletín Oficial de les Corts. (…) Además, fueron presentados en les Corts Valencianes y defendidos por los respectivos Sindics Majors ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de les Corts y debatidos y votados en el Pleno del Parlamento Valenciano”.