“Eso está por demostrar”. Es lo que espetó esta semana el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, a un grupo de periodistas españoles cuando le preguntaron si el Gobierno de António Costa en Portugal, sostenido por una coalición de izquierdas, garantiza la estabilidad económica y financiera que reclama Bruselas, y podría por tanto ser un ejemplo para España.

El Ejecutivo comunitario desconfía de la alianza de los socialistas lusos con el Bloque de Izquierda (BI) y el Partido Comunista Portugués (PCP). Sobre todo porque su programa económico se basa en revertir parte de las medidas de austeridad impuestas a cambio del rescate de 78.000 millones de euros que Portugal recibió de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional en mayo de 2011. Y ya han empezado las presiones para que Lisboa no se desvíe de la senda de reducción del déficit.

Pese a las dudas, la Comisión se consuela con que el programa de Costa excluye las demandas más radicales de sus socios, como la reestructuración de la deuda o la salida del euro que defendía el Bloque de Izquierda. “¿Qué es lo primero que hizo el gobierno portugués, lo que está en su núcleo de formación? Una declaración formal de que respetará todos los compromisos de Portugal”, resalta un alto funcionario comunitario.

Es el mismo camino, apunta, que siguió el gobierno de la izquierda radical de Syriza en Grecia. Pese a ganar las elecciones con un programa anti austeridad e incluso un referéndum de rechazo a las medidas de la troika, el primer ministro Alexis Tsipras ha acabado plegándose a las exigencias de sus acreedores para evitar la quiebra del país y ahora “está haciendo una reforma tras otra”.

El presupuesto de 2016, prueba de fuego

La prueba de fuego en Bruselas para la alianza de izquierdas portuguesa es la presentación del presupuesto de 2016. Desde hace tres años, la Comisión dispone de nuevos poderes que le permiten controlar los proyectos de cuentas públicas de los países de la eurozona antes de que sean aprobados por sus parlamentos nacionales. Se trata de detectar y corregir a tiempo desfases presupuestarios con el fin de prevenir nuevas crisis de deuda como la que estuvo a punto de tumbar el euro entre 2010 y 2012. Este año, el peor alumno ha sido España, que debe presentar un presupuesto actualizado con más ajustes tan pronto como se forme un nuevo gobierno.

Pero Portugal todavía no ha sido examinado. El anterior Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho indignó al Ejecutivo comunitario por no enviar un presupuesto para 2016 antes del pasado 15 de octubre, la fecha límite que marca la legislación de la UE, escudándose en las elecciones. Es el primer país que ha incumplido los plazos desde que existe este procedimiento. Ahora, Bruselas ha pedido al nuevo ministro de Finanzas, Mário Centeno, que presente su plan a principios de enero. Todavía no ha llegado, según explican a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias.

“La Comisión celebra el compromiso del nuevo Gobierno de garantizar que Portugal respete las obligaciones del Pacto de Estabilidad. La primera prioridad es asegurar que Portugal logre una corrección sostenible de su déficit excesivo”, dijo el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en la última reunión de ministros de Economía de la eurozona, el pasado 7 de diciembre, en la que se estrenaba Centeno.

El ministro luso explicó entonces a sus colegas que su programa se basa en “políticas para colocar a Portugal en una trayectoria de crecimiento” y “al mismo tiempo en el cumplimiento de las obligaciones de Portugal en el contexto internacional y como miembro de la eurozona”. Tanto Centeno como Costa han insistido en que su objetivo es negociar con Bruselas una relajación de las metas de reducción del déficit, pero siempre dentro de las reglas de la UE, aprovechando la nueva flexibilidad que Juncker ha introducido en la interpretación del Pacto de Estabilidad.

De momento los augurios no parecen buenos. En la primera negociación importante que el Gobierno socialista ha tenido que llevar a cabo con el Ejecutivo comunitario en materia de estabilidad financiera, sus socios comunistas y del Bloque de Izquierdas ya se han descolgado. Los dos partidos votaron en diciembre en contra de la ayuda pública para la liquidación del banco Banif y la venta de sus activos sanos a Santander, aprobada por la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Costa tuvo que ser rescatado por la abstención de los conservadores de Passos Coelho. La operación costará a Lisboa alrededor de 3.000 millones de euros, según los cálculos de Bruselas.

El primer ministro luso Antonio Costa junto al líder del PSOE, Pedro Sánchez. Reuters

Más margen de maniobra que España

La ventaja que tiene Portugal respecto a España es que está a punto de salir del procedimiento sancionador por déficit excesivo, que se le abrió en 2009. El plazo que tenía Lisboa para situar su desfase presupuestario por debajo del 3% del PIB vencía en 2015. Y cumplirá por los pelos. Según las previsiones económicas de la Comisión de noviembre, Portugal cerró el año pasado con un déficit del 3% este año y lo reducirá ligeramente hasta el 2,9% en 2016 y al 2,5% en 2017 si no hay un cambio radical de política económica.

El Ejecutivo comunitario archivará el expediente contra Lisboa en mayo, cuando ya disponga de los datos validados de 2015, y siempre que sus próximas previsiones económicas, que ya tendrán en cuenta el presupuesto de 2016 del nuevo Gobierno, confirmen que la corrección del déficit se sostiene en los próximos dos años, según ha anunciado Moscovici. Esto daría más margen a Portugal para relajar la política de austeridad y desviarse temporalmente de sus objetivos presupuestarios acogiéndose a la flexibilidad del Pacto de Estabilidad, a cambio de reformas o inversiones. Pero esta flexibilidad tiene sus límites, como ha comprobado ya el primer ministro italiano, Matteo Renzi, cuyo presupuesto también ha sido censurado por Bruselas pese a tener un déficit inferior al 3%.

El Gobierno de Passos Coelho se había comprometido con la Comisión en el programa de estabilidad que le envió en abril a seguir reduciendo el déficit hasta situarlo en el 0,6% del PIB en 2018. Pero el Ejecutivo comunitario ya criticó a la anterior administración la falta de medidas concretas de ajuste a partir de 2016. Además, denunciaba que la corrección del déficit se basa en factores cíclicos (en particular, el mayor crecimiento, del 1,7% en 2015 y 2016 y del 1,8% en 2017), y no en medidas estructurales.

Vigilancia sobre las reformas

Además de la cuestión del déficit, Portugal sigue sujeto a la vigilancia de Bruselas prevista tras la salida de un rescate, que en su caso se produjo en junio de 2014. El control estrecho de la UE durará hasta que Lisboa haya devuelto al menos el 75% de los 78.000 millones del programa de asistencia financiera, algo que no está previsto que suceda antes de 2026. La última misión de inspectores de la Comisión, el Banco Central Europeo y el FMI, que tenía que haber sido en otoño, tuvo que suspenderse por las elecciones y el retraso en la formación de gobierno. Pero las visitas semestrales de la troika se reanudarán en las próximas semanas.

Algunos de los desequilibrios económicos de Portugal que preocupan a la Comisión son similares a los de España: el alto paro (aunque el portugués es casi la mitad que el español y está previsto que baje al 11,7% este año y al 10,8% en 2017) y el elevado nivel de deuda pública (que Bruselas prevé que se sitúe en el 124,7% este año y en el 121,3% en 2017), privada y externa. También causa inquietud el alto nivel de morosidad y la fragilidad del sistema bancario que se ha vuelto a poner de relieve con los rescates de Banif y Banco Novo.

Entre las reformas que la UE espera del nuevo Gobierno, según figura en sus últimos informes, está la de las pensiones que fue tumbada por el Tribunal Constitucional en 2014. Bruselas y el BCE reclaman además la liberalización de los servicios y profesiones reguladas y más flexibilidad para la negociación salarial a nivel de empresas. La troika no ve riesgos a corto plazo de que Portugal no devuelva el dinero prestado. Pero avisa que “las dinámicas de la deuda pueden estar sujetas a cambio a medio plazo y siguen dependientes del fortalecimiento del crecimiento, la continuación de la consolidación fiscal y la conservación del acceso al mercado en términos favorables”.