El Ayuntamiento de Madrid está decidido a decir 'basta'. La situación de la limpieza en las calles no mejora y la ley de contratación pública los tiene atados de pies y manos. No pueden sacar personal propio a las calles en las zonas que forman parte de los contratos, no pueden reutilizar para la limpieza el dinero de las penalizaciones a las concesionarias por incumplimiento de los indicadores de calidad y, tras meses de negociaciones, dos de las empresas reactivaron un expediente de regulación de empleo en plenas fiestas navideñas y sin previo aviso. La diplomacia tampoco ha servido.
Los contratos integrales que diseñó el equipo de Gobierno de Ana Botella tienen todavía una larga vida por delante (al menos hasta 2021) y sus características (están basados en indicadores de calidad y no en los medios que se ponen para lograr los objetivos de limpieza) son la clave de lo que ocurre. Rescindirlos no será fácil, ni gratis. La herencia recibida es un discurso tentador pero Madrid necesita una solución y el Consistorio de Manuela Carmena ya ha puesto plazo para tomar la decisión más drástica: finales de febrero. EL ESPAÑOL ha hablado con Inés Sabanés, la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento, sobre cómo está la situación hoy y qué pasos van a dar en los próximos meses.
Siete meses de negociaciones, de pactos verbales, de anuncios por parte del Ayuntamiento, para llegar a este punto. ¿Qué ha pasado?
En el marco de los contratos integrales, que es un marco complicado, nuestra intención siempre ha sido conseguir mejorar el servicio. Eso pasa por tener más gente en la calle. Un servicio de limpieza tiene mucho que ver con el número de trabajadores que lo prestan. La fórmula de los indicadores de calidad puede ser complementaria pero no sustitutiva de que haya una obligatoriedad en los medios, en los trabajadores, etc. que deben tener las contratas.
En lo que hemos podido avanzar estos meses es en lograr que se incorporen aquellas obligaciones que nosotros entendemos que forman parte de la legalidad del contrato, como son la obligación de la recogida por separado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (para adaptarse al Real Decreto 110/2015 de 20 de febrero), como es el tema del transporte, como son las ampliaciones geográficas que ya estaban contempladas en los contratos… Esos cambios, para los que sí nos dejaban margen los contratos, no están aún realizados pero ya han pasado todos los trámites administrativos para la modificación.
Pero Madrid sigue sucia y dos de las contratas, las de OHL y Sacyr, después de pactar la supresión del expediente de regulación temporal de empleo en septiembre, lo reactivaron en el peor momento, los últimos días del año, en plenas fiestas.
Sí. FCC retiró definitivamente su ERTE, pero esas dos empresas hicieron como dices, aunque ahora no hay ningún trabajador en suspensión. Pero además lo que ocurre es que, pese a todo el esfuerzo de negociación y los acuerdos para incorporar todo lo que legalmente es posible incorporar al servicio, la misma configuración de los pliegos, las condiciones de los contratos hacen muy difícil tener la garantía de que se cumpla el objetivo del propio contrato, que es que la ciudad esté limpia. Las quejas son continuas y es normal.
Es un contrato que está pensado básicamente para ahorrar, no para cumplir el objetivo de la limpieza de la ciudad. Ni siquiera permite que el dinero que se detrae (es decir, lo que no se paga a las contratas por incumplimiento de los indicadores de calidad), se pueda revertir en mejorar la limpieza. Y estamos hablando, en el acumulado en todo el tiempo del contrato e incluida la parte de zonas verdes de unos 25 millones de euros. Y encima está tan mal diseñado que se basa en un sistema que genera gasto a la administración, porque para controlar los indicadores de calidad tienes que tener un montón de gente (los inspectores, que son en torno a 300) dedicada a comprobar que se cumplen dichos indicadores. No se puede destinar más dinero a la limpieza y sin embargo se han habilitado presupuestos extraordinarios para pagar a los inspectores.
Cuando las cosas se ponen así, llega el momento de estudiar la posibilidad de modificar los contratos por completo, ya sea por la vía del acuerdo o utilizando la legalidad vigente.
Rescindir contratos de estas características puede ser muy gravoso para la ciudad, ¿no? Son contratos que se adjudicaron a muy largo plazo (ocho años prorrogables por otros dos) y podría dar lugar a altas indemnizaciones.
Si todos compartimos la visión de que estos contratos dificultan mucho la gestión de la limpieza en Madrid, deberíamos ser capaces de buscar las vías que permitieran llegado el caso la rescisión de los contratos. Es verdad que, en cualquier de los escenarios, salvo que se logre de mutuo acuerdo e incluso con acuerdo, significa que hay que indemnizar a las empresas por el tiempo que resta hasta el final del contrato. No es la intención de partida. Si nosotros pudiéramos ajustar, llegar a compromisos, a una solución para que el objeto del contrato se cumpla y Madrid esté limpio, lo haríamos. Eso es precisamente en lo que hemos trabajado y en lo que seguimos trabajando.
¿Tienen ya un cálculo, una estimación del coste que podría tener en indemnizaciones la rescisión de los contratos?
Lo que se plantea siempre en estos casos es un 3% del resto del contrato (unos 36 millones de euros). Pero no hay que mirar el conjunto, hay seis contratos diferentes por los seis lotes en los que se dividió el concurso. Algunas empresas desde luego han hecho un esfuerzo visible para retirar los ERTE, tener más gente en la calle e incluso contratar gente. Nuestra meta no es rescindir los contratos, es que se cumpla su objetivo. Madrid debe estar limpia.
¿Qué plazo se han fijado para que, si no lo está, si la ciudad sigue sucia, la decisión definitiva sea la rescisión de los contratos?
Hemos creado un equipo de trabajo para hacer un seguimiento exhaustivo de las medidas y de cómo está de la ciudad. El plazo de evaluación para ver si estamos en la dirección de garantizar que se cumplen los objetivos de los contratos es hasta finales de febrero. Si para entonces no vemos que sea así, trabajaremos en la otra línea, plantearemos la rescisión de los contratos.
No sé qué grado de esperanza puede tener el Ayuntamiento en que las empresas modifiquen las que han sido sus prácticas hasta ahora. Ustedes se sentaron con ellas, llegaron a un acuerdo verbal, se presentaron ante la ciudadanía para anunciarlo… ¿Cómo se sintió cuando supo que dos de las contratas reactivaban sus ERTE en el peor momento posible tras siete meses negociando?
La verdad es que me enteré casi a la vez de que saliese en los medios de comunicación, un día antes de que lo hicieran. Sentí un enfado considerable, bastante indignación viendo que se estaba trabajando en una línea y las empresas tomaban esta decisión precisamente en unas fechas en las que era más necesaria la limpieza de la ciudad, cuando se habían acumulado una serie de factores como la caída de la hoja, las fiestas. Porque la señal que se emite a la gente es muy mala. Después de estar explicando que se está haciendo todo lo posible para mejorar la situación, que se tome esta decisión en Navidades es grave.
A lo que se añadió la oposición (el Partido Popular), que tiene que ejercer por supuesto su labor de oposición pero que saben que la mayor parte de la responsabilidad de lo ocurrido con estos contratos tiene que ver con cómo se diseñaron estando ellos en el gobierno, motivo por el que vamos a investigar los contratos. Me parece bastante lamentable que se quieran poner a la cabeza de la denuncia de cómo está la ciudad. En cualquier caso, lo que a mí me preocupa por encima de todo es que los objetivos de que Madrid esté limpio se cumplan.
El Ayuntamiento, con los contratos ahora mismo en vigor, ¿no puede sacar gente ni poner recursos para que estén más limpias las calles? ¿Todo depende de las empresas?
Nosotros lo máximo que hemos podido hacer son nuestras campañas de Cuidemos Vallecas, Cuidemos Madrid, etc., que son proyectos y programas en colaboración con la Agencia de Empleo, que te dan el margen de intervenir en prevención o en algunas zonas que no forman parte de los contratos. Eso puede mejorar algo el estado de las calles pero lo que nosotros no podemos hacer con estos contratos en la mano son planes especiales con los 20 millones que se detraen de la limpieza (más cinco de las zonas verdes). Eso es lo que a mí me gustaría. Poder usar ese dinero para planes específicos, para poner más gente. Y no podemos. Es lamentable.
La Ley de Contratos del Sector Público dice claramente, y así nos lo han explicado nuestros servicios jurídicos, que no se puede hacer ninguna modificación que no estuviera previamente contemplada en los pliegos. Por supuesto no se puede intervenir ni complementar el servicio con algo que sea objeto del contrato. Eso es taxativo. La norma tiene su lógica, porque está motivada en que en la historia de este país se han utilizado los modificados de los contratos para ir aumentando su coste sobre la marcha (los sobrecostes).
Al haberse diseñado la ley de forma tan taxativa, hay que ser extremadamente riguroso en los pliegos de condiciones para contemplar todas las posibles situaciones que no te acaben impidiendo, en base al mismo pliego que tú elaboras, cumplir los objetivos de un contrato.
En enero de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia anunció una fuerte multa (98 millones de euros) a las empresas de servicios de las grandes constructoras, incluidas las que tienen los contratos de limpieza de Madrid, por repartirse el mercado. En la investigación se incluían la adjudicación del Gobierno de Botella y éste reconoció en un pleno que conocía dicha investigación. ¿Va a formar parte ese posible reparto del mercado de las vías que estudie el Ayuntamiento para rescindir los contratos si llega el caso?
Cuando nosotros estamos anunciando que se van a investigar los contratos en profundidad lo decimos por muchas variables. Desde el desequilibrio entre diferentes distritos y barrios, pasando por que el dinero que se detrae acaba en la caja común y no se reinvierte en limpieza y por supuesto por todos estos elementos que sacó a la luz Competencia, que hacen que merezca la pena que le demos una vuelta a los contratos. Mi intención fue siempre trabajar para resolver la situación. Me parece más útil resolver la situación que optar directamente por el conflicto pero, las cosas como son, la situación actual merece ser investigada porque a lo mejor a consecuencia de esas investigaciones podemos resolver la situación en la que nos encontramos.
¿Hay negociación ahora mismo con las compañías?
Yo sigo hablando con las compañías. Igual que tengo en breve una reunión con los sindicatos. Creo que hay que mantener un diálogo permanente. Esperamos que la situación mejore pero con un plazo determinado y cierto que es finales de febrero, cuando se tomarán decisiones definitivas.
¿Qué le han parecido las críticas de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre la limpieza de la capital?
Lo que debería hacer es ser la presidenta de toda la Comunidad y hacer política de colaboración con los ayuntamientos, no hacer política de partido. Y saberse la ley. Porque creo que nosotros hemos demostrado esfuerzos continuados para intentar resolver la situación. Y en ello estamos.