Cerca de 70.000 policías locales, 17.000 mossos de escuadra y 1.100 policías forestales recibieron una promesa del Gobierno en funciones del Partido Popular en pleno proceso electoral previo al 20D. El Ministerio de Empleo, dirigido por Fátima Báñez, se comprometía a atender una demanda histórica de este colectivo: aprobar el adelanto de su jubilación a los 60 años. Se equipararían así con la edad de retiro que ya disfruta la Policía Nacional o los bomberos.

Después de cuatro años sin haber encontrado tiempo suficiente para realizar el cambio normativo, el Gobierno de Rajoy, justo un mes antes de las elecciones, empeñaba su palabra en que llegaría a tiempo para tener el Real Decreto y aprobarlo, no sólo estando en funciones, sino en el tiempo de descuento, después de la cita electoral.

No le quedaba otra. El proyecto normativo, a pesar de los avances en los meses previos y el constante diálogo entre la Administración y los sindicatos, se encontraba en fase de consultas y había una serie de pasos que dar. La decisión fue acelerar esos pasos con tal de llegar a tiempo.

100 ayuntamientos en dos meses

Fundamentalmente esos pasos eran tres: el informe del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el de la Inspección de Trabajo y los informes de 100 ayuntamientos elegidos como muestra en base a su tamaño para expresar su opinión, basada en los datos de sus plantillas de policía local, sobre el efecto de la medida. Esto se ha cumplido, según ha podido saber EL ESPAÑOL por fuentes del sindicato de funcionarios CSI-F. La práctica totalidad de los consistorios, a pesar del descanso navideño, ya han sido visitados, sólo quedan dos del centenar seleccionado (ambos en las islas Canarias). Además, el 20 de enero (este miércoles) se cumplen los dos meses de plazo que Empleo se dio para tener finalizados los trámites previos y acometer la reforma de la ley.

Como el tiempo de descuento posterior a las elecciones se alarga mucho más de lo que podía preverse, los sindicatos implicados en la negociación no quieren que la promesa se enfríe y no van a perder ni un minuto. Este mismo miércoles enviarán al Ministerio de Empleo una carta pidiendo una reunión con el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo; el director general de la Inspección de Trabajo de Madrid y la subdirectora de ordenación del territorio, explican las citadas fuentes, para que les concreten en qué plazo se prevé aprobar la norma.

A la reunión asistiría la plataforma de sindicatos mayoritarios formada por CSF-I, CCOO y UGT y dos agrupaciones de sindicatos profesionales de la policía. Todos ellos esperan que no haya problema y el Gobierno cumpla con su promesa porque los ayuntamientos se han mostrado en su inmensa mayoría proclives a la medida. Habría eso sí que diseñar un plan en algunos consistorios, especialmente los de las ciudades más grandes porque, debido a la tasa de reposición de jubilados fijada por los gobiernos tanto del PSOE como del PP (sólo se sustituía uno de cada 10), en estos años las plantillas se han visto mermadas y han envejecido. En algunas de esas ciudades de gran tamaño, comentan fuentes de los sindicatos, el número de efectivos que podrían jubilarse inmediatamente una vez aprobada la norma ronda el 15%.