España no tiene ni idea de lo que tiene. No sabe el valor ni la cantidad de bienes que son Patrimonio del Estado. Los inventarios, cuando los hay, no están actualizados; se desconoce cuántas viviendas son públicas; no ha sido revisado desde 1987 el valor de casi 11.000 inmuebles teóricamente propiedad de la Administración ni se sabe cuáles son ahora propiedad del Estado central y cuáles fueron en algún momento transferidos a las comunidades autónomas. En los balances se mezclan bienes bibliográficos con aviones anfibios y unidades caninas y la contabilidad está plagada de errores que impiden muchas veces saber lo que se tiene, lo que se vende o por cuánto se vende. El control de los bienes de la Administración del Estado es un caos, según ha hecho público el Tribunal de Cuentas en su Informe de Fiscalización de la Gestión y Control Contables del Inmovilizado Material de la Administración.

Los papeles dicen que la Administración Central española, a cierre de 2013 (último ejercicio fiscalizado), tenía bienes por valor de 112.790 millones de euros. Lo que ha constatado el Tribunal de Cuentas es que hay muy pocas posibilidades de que esa cifra sea real. 

Cuántas viviendas tiene Fomento

La falta de información tanto por cantidad como por calidad es en parte debida a la deficiente organización de los ministerios. Uno de los departamentos que señala el informe como más preocupante es la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo dependiente del Ministerio de Fomento. "Este órgano no dispone de un inventario de los bienes cuya gestión y administración tiene atribuidas según la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas".  En concreto, señala el informe, Fomento "desconoce la totalidad de las viviendas de titularidad pública cuya gestión le corresponde, encontrándose en un proceso de obtención y depuración de la información de los registros de la propiedad (según asegura Fomento al Tribunal en sus alegaciones al informe)" que por otro lado "no está siendo coordinado por la Dirección General de Patrimonio del Estado". 

En sus alegaciones, Fomento argumenta para defender la situación que "la realización de un inventario completo de todos los inmuebles entraña gran complejidad, toda vez que proceden de los 18 organismos que han tenido competencias en materia de vivienda y urbanismo a lo largo del tiempo". Añade que la transferencia de competencias a las comunidades autónomas motivó un traspaso de inmuebles "con la mera indicación del municipio y número incluidos en el expediente, resultando frecuente la no inscripción posterior por parte de las CCAA de dicho derecho en los registros de la propiedad". 

El Tribunal recomienda que se promueva "un plan de actuación conjunto para aflorar las viviendas potencialmente pertenecientes a la Administración General del Estado que no están controladas por Fomento ni incluidas en el Inventario General de Bienes Inmuebles". 

Por otro lado, de los Ministerios testados (Agricultura, Fomento, Sanidad y Empleo) sólo Empleo tiene información del valor y fecha de adquisición de sus bienes inmuebles. Nadie pone en valor las obras realizadas en los mismos y sólo Sanidad recoge las obras en curso. 

Otras deficiencias detectadas incluyen que Fomento no ha incluido en los bienes del Estado el valor de las fincas expropiadas para llevar a cabo proyectos pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado; o que en 2013 se dieron de alta bienes inmuebles por importe de 13,6 millones de euros en la cuenta de Bienes del Patrimonio Histórico porque hasta ese momento estaban siendo contabilizados de forma errónea como pertenecientes a un ministerio.

Hay cuentas que mezclan bienes de naturaleza muy diversa (registrados en la partida de Otro inmovilizado material) que incluyen bienes bibliográficos, aviones anfibios y unidades caninas. Y si no son capaces de registrar correctamente algo tan visible como una finca o un inmuebles, no es de extrañar que el Tribunal detecte que, en los diferentes departamentos ministeriales, "no se realiza ninguna verificación con inventarios de fondos bibliográficos".  

7.065 edificios registrados por 4.724 euros

Para un número cuantioso de bienes del Estado no hubo burbuja inmobiliaria ni casi euro. Al consultar la información de la Dirección General de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda y encargada de llevar el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, el Tribunal de Cuentas constata que las valoraciones que figuran en la Central de Información (el llamado CIBI) incluyen 10.738 bienes inmuebles cuyo valor no ha sido actualizado desde 1987. A ello se añaden 7.065 bienes (un 14,28% del total contabilizado en el sistema CIBI) que figuran "con valores inferiores o iguales a un euro, a pesar de que muchos de ellos (3.951) disponen de valor catastral e incluso de valor de tasación", señala el informe. 

"El importe total de los valores catastrales que corresponden a estos bienes es de 4.147 millones de euros, sin embargo, su valor contable, por el que se recogen en el balance de la Administración General del Estado, es de solo 4.724 euros", añade.

Las fincas fantasma

Otro de los problemas detectados, además de las incorrectas valoraciones, es que se tienen fincas en propiedad que aparentemente no existen o cuyos límites han sido modificados. Hacienda le entregó a la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio un conjunto de notas simples solicitadas a los registros de la propiedad sobre inscripciones de fincas que figuraban a nombre del Estado en la mayoría de las provincias. En total: 113.907 anotaciones registrales. 

Lo que se encuentra la Sociedad Estatal es que hay 40.786 bienes "que claramente no eran propiedad del Estado", el 35,8% comprobado. A ellos se añaden 38.605 fincas (33,9%) en las que "resulta imposible la determinación de sus límites"; y 24.024 fincas (21,1%) que fueron "ilocalizables en el catastro con los datos que aparecen en las notas registrales". Finalmente hay 10.404 fincas (9,1%) en las que "sí hay datos catastrales que coinciden con los físicos". ¿Para qué sirve todo este trabajo? Para poco, al margen de para gastar 4,16 millones de euros en realizarlo. Se abren 5.903 expedientes y del resto (referidos a 35.407 fincas registrales) no se vuelve a saber nada. 

Hasta tal nivel es caótica la situación que el Tribunal de Cuentas renuncia a pedir que se acometa una solución global al problema mediante una revisión general de los bienes del Estado. No es posible, "teniendo en cuenta los recursos que deberían destinarse a ello". Pide que al menos se realicen actuaciones parciales de mejora de la información como la citada para aflorar las viviendas de Fomento o la que recomienda regularizar los datos sobre las tierras expropiadas.