Jaime Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos ha vuelto a ser sancionado por la misma infracción que cometió durante 17 años (1993-2010): ocultar su control sobre una parte relevante de la propiedad de Bankinter al resto de accionistas y no comunicarla a la CNMV. Aquella sanción (900.000 euros al banquero y tres de sus fundaciones suizas) se hizo pública en octubre de 2013, fue ratificada en enero de 2014 por el Ministerio de Economía y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en febrero de 2014.

Sin embargo, después de todo ese proceso, la Audiencia Nacional anuló en diciembre de 2014 la multa por un defecto de forma: un exceso en el tiempo de tramitación por parte del Ministerio de Economía de Luis de Guindos. Si el plazo máximo estaba fijado en 18 meses, el Gobierno tardó 23 meses en tramitar la sanción.

Aquel recurso salvó a Jaime Botín de pagar aquellos 500.000 euros, pero ahora la CNMV ha resucitado la sanción por vulnerar el artículo 102, aunque el importe es menor al previsto en la ley.

Según reza dicho artículo, se establece una “multa por importe de hasta la mayor de las siguientes cantidades: el quíntuplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción; el 5 por ciento de los recursos propios de la entidad infractora, el 5 por ciento de los fondos totales, propios o ajenos, utilizados en la infracción, o 600.000 euros”. En el caso de Bankinter, Botín ocultó al resto de inversores que tenía el 7,8% del banco, valorado en 350 millones de euros cuando se conoció.

Bankinter, en bolsa

Hasta 350 millones en acciones

El caso se remonta al verano de 2010 cuando la familia Botín estaba enfrentada al banco francés Credit Agricole por el control de Bankinter. El 30 de julio, y tras meses de tensión accionarial y rumores, la sociedad Cartival de Jaime Botín envió un comunicado a la CNMV en el que indicaba que, “por disolución de una fundación familiar”, afloraba un 7,8% del banco que permanecía oculto. De repente, el mayor accionista del banco no era Credit Agricole (con un 24% entonces), sino Botín, que pasó del 16% al 25% del capital.

La sorpresa fue mayúscula en el mercado, que no salía de su asombro ante aquel conejo que salió de la chistera de Botín, que rompía las reglas del juego y vulneraba las normas del mercado. La verdadera historia de aquella participación oculta se conoció meses más tarde, cuando distintos miembros de la familia Botín regularizaron 2.000 millones de euros que tenían ocultos en Suiza y por los que pagaron 200 millones a la Hacienda española.

La versión de Jaime Botín

Aunque la multa a Botín estaba servida desde que afloró aquel 7,8% de Bankinter, se tardó tres años en que se hiciese firme la sanción, fuese anulada y ahora, de nuevo, reeditada en el BOE.

La versión oficial sobre el asunto no trascendió hasta que el propio Jaime Botín, en una columna en El País en octubre de 2013, afirmó que, en conversación privada, había comunicado a los franceses de Credit Agricole que él tenía el control sobre el 25% de Bankinter. Y se justificó, “no hubo engaño a los accionistas porque el management (directivos) y el accionariado estaban de mi lado”.

En realidad lo que hizo fue reconocer ante el resto del mercado que era consciente de ostentar el 25% de Bankinter, pero no lo había comunicado. Ahora el supervisor pretende enmendar el error que cometió el Ministerio de Luis de Guindos, resucitando del expediente sancionador sobre Botín. No obstante, la resolución podrá ser recurrida, como advierte el BOE, en la Audiencia Nacional.

No es el único de los problemas que afronta el banquero. Desde el pasado otoño, Botín está imputado en la Audiencia Nacional por haber intentado sacar del país un cuadro de Picasso (‘Cabeza de mujer joven’) y se enfrenta a un presunto delito de contrabando.