Es una de las prioridades del programa propuesto por el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, para formar un nuevo Gobierno. Y un punto en el que coinciden el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Los tres partidos apuestan por negociar con Bruselas la relajación de los objetivos de déficit para España con el fin de evitar nuevos ajustes de hasta 8.600 millones de euros este año. A la demanda se ha sumado este jueves el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que hasta ahora defendía las metas aunque en la práctica no las respetaba en sus Presupuestos. Y la Comisión Europea, aunque a regañadientes, parece dispuesta a facilitarles la tarea y sopesa dar más tiempo a España para corregir su desfase presupuestario.

“Está claro que España no podrá cumplir el objetivo del 2,8% este año y que se necesitará una nueva recomendación (de la UE) en mayo para darle más tiempo”, ha explicado a EL ESPAÑOL un alto funcionario europeo, que pide no ser identificado por no estar autorizado a hablar en público sobre esta cuestión. Y es que la línea oficial del Ejecutivo comunitario sigue siendo reclamar al futuro Gobierno unos Presupuestos actualizados para 2016 con ajustes adicionales, ya que los elaborados por Rajoy no respetan el Pacto de Estabilidad. Ningún comisario o alto responsable europeo ha evocado hasta ahora en público la posibilidad de relajar la disciplina fiscal a España. "Cuando los mercados son volátiles, hay que mantener la mano firme y eso significa cumplir lo acordado", ha insistido el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem.

Rajoy ha avanzado este jueves que el déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó el año pasado en el 4,5% del PIB, tres décimas más que el 4,2% comprometido con la UE. Según las previsiones económicas de invierno de la Comisión, publicadas el 4 de febrero, el desfase fue mayor, del 4,8%. Bruselas critica que el ritmo de reducción del desfase presupuestario se ha desacelerado en los últimos meses pese al rápido crecimiento de la economía. En el tercer trimestre del año sólo se recortó un 0,1% y desde octubre no ha habido más esfuerzos. Además, el gasto público vuelve a aumentar, especialmente en las comunidades autónomas, en partidas como la contratación de funcionarios.

Sin nuevos ajustes, el déficit se quedará este año en el 3,6% del PIB, lejos del 2,8% que exige la UE. El desfase de ocho décimas equivale a alrededor de 8.600 millones de euros. Esta vez, el incumplimiento es más grave porque 2016 era el plazo que se le había dado a España para corregir su déficit excesivo, es decir, para situarlo por debajo del umbral del 3% que fija el Pacto de Estabilidad. Por ello, el Ejecutivo comunitario podría pedir ya desde primavera multas de hasta 0,2% del PIB. Pero de momento en las altas instancias de Bruselas nadie habla de sanciones, sino de lo contrario, de más flexibilidad. 

“Es económicamente imposible para un país pasar del 4,5% en 2015 al 2,8% este año. Hará falta más tiempo”, insiste el alto funcionario. El momento para tomar una decisión sobre el déficit de España llegará en mayo. Para entonces, la oficina estadística comunitaria, Eurostat, ya habrá publicado los datos finales de déficit de 2015. La Comisión podrá verificar el esfuerzo realizado por el anterior Gobierno y la magnitud de la desviación. Y decidirá entonces entre las sanciones o más flexibilidad.

Cualquier posible nueva prórroga irá acompañada de condiciones estrictas en materia de déficit, reformas y mayor vigilancia desde Bruselas. Sobre todo teniendo en cuenta que España no cumple, a priori, los requisitos para una mayor flexibilidad: estar en recesión o con un crecimiento inferior al previsto y haber realizado el ajuste estructural exigido el año anterior. Las nuevas condiciones todavía no han empezado a negociarse dentro del Ejecutivo comunitario ni con las autoridades españolas, según las fuentes consultadas.

Los argumentos del candidato a la investidura

En el documento programático remitido el 8 de febrero al resto de partidos, Pedro Sánchez, dice que su objetivo es acordar con Bruselas una “senda gradual, realista y equilibrada de consolidación fiscal a cuatro años”. El PSOE pide una prórroga de un año, hasta 2017, para bajar del umbral del 3% de déficit y se compromete a llegar al 1% en 2019.

Tres son los argumentos del PSOE para reclamar una flexibilización del déficit. En primer lugar, la fuerte desviación en el año 2015. Alega además la “dificultad para reducir el déficit y la deuda pública en un entorno deflacionario” como el que vive España. En particular, las medidas adoptadas por el anterior Gobierno para contener el déficit de la Seguridad Social no son eficaces con una inflación en torno a cero. Finalmente, Sánchez esgrime la situación de “emergencia social” y la necesidad de recuperar el nivel de gasto social por habitante para acercarse a la media de la UE.

A cambio de la prórroga, el candidato a la investidura ofrece a la Unión Europea “un paquete de reformas estructurales” y un “nuevo sistema fiscal” que tendrán como efecto elevar los ingresos de forma estructural en unos dos puntos del PIB a lo largo de la legislatura. Una concesión que no aparece detallada. Además, el futuro Gobierno llevará a cabo una revisión del gasto público para mejorar su eficiencia.

También el responsable del programa económico de Ciudadanos, Luis Garicano, ha dicho este jueves durante una visita a Bruselas que sería “suicida” para la economía española situar el déficit por debajo del 3% este año. A su juicio, “no sería sorprendente” que la cifra final de 2015 alcance el 5%. Garicano, que se ha reunido con miembros del equipo del comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, para sondear una posible negociación, apuesta por mantener los Presupuestos de 2016 tal y como están, sin nuevos ajustes.

Precedentes para el caso español

 En su documento programático, Sánchez se refiere además a la flexibilización que ya se ha acordado a otros países y cita en concreto a Francia, Alemania o Italia. De ellos, el único equiparable al de España es el caso francés, ya que Italia y Alemania tienen un déficit inferior al umbral del 3%. De hecho, el Ejecutivo comunitario estuvo a punto de tumbar el presupuesto galo de 2015 por considerar que incumplía el Pacto de Estabilidad.

Finalmente, el Gobierno de François Hollande evitó el choque de trenes presentando un nuevo paquete de reformas tras tensas negociaciones con Bruselas. Y el Ejecutivo comunitario le concedió una nueva prórroga de dos años, hasta 2017, para corregir su déficit excesivo, aunque con una vigilancia reforzada.

Otro ejemplo de que la Comisión ha suavizado la austeridad a rajatabla que pregonaba durante los años más duros de la crisis de deuda, y que sirve de precedente para España, es el de Portugal. El Ejecutivo comunitario sopesó tumbar el Presupuesto de 2016 de la alianza de izquierdas que sustenta al Gobierno de António Costa. Finalmente, le ha dado luz verde, aunque pidiendo más ajustes.

A la Comisión le interesan sobre todo aquellas reformas que recortan el gasto público o aumentan los ingresos de forma permanente, más que los ajustes puntuales. En el caso de España, Bruselas publicará un nuevo informe sobre sus desequilibrios económicos el próximo 24 de febrero. La lista de tareas pendientes que la UE ve prioritarias se repite en todos los informes sobre la economía española: medidas para atajar la dualidad en el mercado laboral entre contratos fijos y temporales; una norma para liberalizar los servicios profesionales, y aplicar la ley de unidad de mercado.

España se encuentra sujeta al procedimiento sancionador de la UE por déficit excesivo desde el año 2009. El plazo inicial para situar el desfase por debajo del 3% vencía en 2012. Pero la Comisión ha concedido ya tres prórrogas. La primera, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que amplió el plazo hasta 2013. Las otras dos, durante el mandato de Mariano Rajoy. En 2012 acordó un año extra y en 2013 dos años adicionales, que vencen precisamente este 2016.