A Competencia le chirría el actual modelo de televisión privada. "Es una posición personal pero preferiría que ese duopolio no existiera", aseguró este lunes el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada. Respondía así a una pregunta sobre si considera o no que ambos grupos gozan de una posición de dominio por controlar más del 80% de la tarta publicitaria televisiva.

"Todos los duopolios son inquietantes, son procesos de concentración que vienen de atrás. Algunos vienen de Consejos de Ministros y tienen obligaciones que estamos vigilando. También tiene que ver con el modelo de financiación de Televisión Española", incidió Marín Quemada durante la presentación a los medios del balance de las actuaciones del regulador durante 2015.

Competencia no puede ni confirmar ni opinar sobre las investigaciones que tiene en marcha. Sin embargo, tampoco desmintió que las esté llevando a cabo. Simplemente, dejó la puerta abierta. Indicó que la CNMC supervisa tanto la protección de los menores en los contenidos televisivos, como el cómputo de la publicidad o el reparto de canales. “Los expedientes en marcha no pueden ser objeto de comentario”, aseguró Marín Quemada respecto al uso por parte de Mediaset de la licencia de TDT concedida el pasado otoño para emitir canales que ya tenía en marcha, como Energy. Algo que no se permitía en el pliego de condiciones del concurso.

La situación de la televisión en España lleva tiempo bajo la lupa de Competencia. El pasado año, la CNMC impuso sanciones por incumplir los compromisos a los que estaban obligados las concentraciones, por un lado, de Telecinco y Cuatro; y, por otro, de A3 con La Sexta. En el primer caso, el de Mediaset, la multa fue de 3 millones de euros; en el segundo, el de Atresmedia, la sanción fue de 2,8 millones.

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En cuanto a este último, la absorción de La Sexta por Atresmedia se acordó en 2011 después de un largo proceso de negociación. Desde su fundación en 2006, los accionistas de La Sexta tuvieron que inyectar cerca de 700 millones de euros, de los que cerca de la mitad correspondió al grupo mexicano Televisa.

Como parte de su integración, se instó a Atresmedia a que no realizara políticas comerciales que limitaran la contratación de publicidad. Una exigencia similar a la que se realizó a su competidora Mediaset con Cuatro. Según la sanción de la CNMC del pasado año, Atresmedia no cumplió lo exigido y sí ha vinculado la contratación de publicidad a un reparto de ésta entre sus diferentes canales. Su vicepresidente Maurizio Carlotti no ha eludido valorar el tema de la concentración publicitaria a través de Twitter.

En el caso de Mediaset, la resolución de la CNMC es similar: el grupo ha exigido inversiones en todos sus canales a la hora de contratar publicidad. “Se ha verificado que desde, al menos, el 6 de febrero de 2013 hasta, al menos, el 31 de marzo de 2014, Mediaset, a la hora de negociar la publicidad con sus anunciantes, habría requerido (o habría aceptado) la inclusión formal de una cuota global mínima de inversión en sus canales como factor de negociación con los anunciantes”, indicó la CNMC en septiembre de 2015.

De cara al año en curso, el mercado de las telecomunicaciones, las televisiones de pago y los derechos de retransmisión del fútbol son algunos de los focos que vigilará con más interés Competencia. Más allá, en otros sectores, vigilará el campo de la economía colaborativa en la que reclama un mayor desarrollo y apertura de miras por parte de las administraciones. Mientras, en el terreno financiero, elaborará un informe sobre las comisiones de las tarjetas por sacar dinero en los cajeros.

No necesita la “compañía” del Gobierno

El máximo responsable de la CNMC también reivindica su independencia del poder Ejecutivo. "Esta institución no necesita un Gobierno que la acompañe. Con que no nos estorben, este Gobierno, el que venga o el que pasó, tenemos bastante. Las reuniones con los partidos políticos son habituales, con todos. No somos parte del Gobierno, rendimos cuentas ante el Parlamento", matizó ante la posibilidad de que un nuevo Ejecutivo se replantee el formato actual del regulador.

Como balance de 2015, la CNMC dictó 14 resoluciones contra 250 empresas por participar en cárteles, que consistieron en la fijación de precios, reparto del mercado o intercambio de información sensible. En total, por integrar cárteles, la CNMC impuso multas por valor de 506 millones de euros, más del 90% del importe total de las sanciones que dictó Competencia el pasado año (549 millones en el conjunto del ejercicio).

Los cárteles más importantes que se han desmantelado son, en primer lugar, el de los fabricantes  y concesionarios de automóviles (184 millones entre ambos) que se ponían de acuerdo en los precios y descuentos a realizar a los consumidores. En segundo, las empresas de gestión de residuos a las que multó con 98 millones por repartirse el mercado. La tercera mayor sanción de 2015 fue a las industrias lácteas, a las que se multó con 88 millones por pactar los precios de compra de leche cruda a los ganaderos.

El problema, a la hora de cobrar esas multas, es que se tarda entre seis y ocho años en hacerlas firmes, porque se pueden recurrir ante la Audiencia Nacional y el Supremo. "El 80% se mantiene", aseguró Eduardo Prieto Kessler, director del área de Competencia de la CNMC. "Se repite el mensaje de que en los tribunales el final es diferente. La libertad de expresión muchas veces se pone al servicio de algunos intereses que no son los de esta casa ni los de los ciudadanos", criticó Marín Quemada.

Si hay sanción, no habrá concurso

Este año, una de las principales prioridades de la CNMC será la inspección de los concursos y las licitaciones públicas. El objetivo, evitar acuerdos entre los competidores que acuden a concursos convocados por cualquier administración del Estado. "Estamos dando charlas a las administraciones del Estado para que detecten pujas fraudulentas. Entre ellas, al Ministerio del Interior o Administraciones Penitenciarias", asegura el director de Competencia de la CNMC.

Y para luchar contra estos cárteles, dos herramientas. Por un lado, quiere imputar a personas, a directivos, de empresas que participen en este tipo de acuerdos con el objetivo de disuadir comportamientos similares. Por el momento, no hay nombres de sancionados. "Estamos empezando, esperamos que sirva, que sea disuasorio al saber que pueden ser multados de forma personal", justificó Prieto Kessler.

Por otro, quiere potenciar la prohibición de contratación, por parte de las administraciones públicas, de las empresas que hayan sido sancionadas por Competencia. "Estamos en una etapa preliminar porque la ley lo contempla para casos posteriores a octubre de 2015. No sabemos aún cómo lo vamos a articular, es un camino que se empieza ahora", adelantó el director de Competencia.