El Gobierno en funciones se ha equivocado al oponerse al control parlamentario. Al margen de las consideraciones jurídicas y constitucionales, la idea de un gobierno que ni sabe ni contesta se da de bruces con la rendición de cuentas que impone un sistema democrático. Esto no lo entiende el ciudadano. Al final, el mismo Gobierno que propugnó la Ley de Transparencia y Buen Gobierno desde el comienzo de su mandato ha terminado defendiendo la opacidad y el oscurantismo por puro miedo político.

Porque es el miedo a que el Congreso se convierta en un vía crucis preelectoral del Gobierno en funciones -y por extensión de Mariano Rajoy-, lo que está detrás del argumento del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, de que el Gobierno en funciones “no tiene ninguna relación” con el actual Parlamento. Es un papel extraño el que se asignó a Ayllón, un jurista prudente y eficaz, que, paradójicamente, fue uno de los encargados de trasegar con el anteproyecto de Ley de Transparencia como se pudo recordar ayer en la Corporate Transparency Summit, celebrada por primera vez en España con el patrocinio de las consultoras Kreab y BDO. Lo que queda a la vista es el inveterado miedo de este Gobierno a la acción política, una de las notas distintivas de esta Legislatura y que Rajoy puso en lo más alto de sus prioridades cuando se negó a formar gobierno el 22 de enero pasado.

Lo cierto es que, por muy en funciones que se encuentre el Ejecutivo, todos los asuntos que llegan a la mesa del Consejo de Ministros tienen un cariz político. Unos más intensamente que otros. La Ley 50/1997, conocida como la Ley del Gobierno, es una norma extraordinariamente escueta (sólo tiene 26 artículos y dos disposiciones adicionales) para lo que se estila en España, pero precisa que el Ejecutivo en funciones “limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos”. Y para mayor claridad, el Tribunal Supremo, en sentencia de 2005, ha precisado que “el despacho ordinario de los asuntos públicos comprende todos aquellos cuya resolución no implique el establecimiento de nuevas orientaciones políticas”.

Planteadas así las cosas, la posición que debe defender España en la UE sobre los refugiados no era la que estableciera el Gobierno en funciones, sino la que ha fijado el Parlamento por unanimidad el miércoles 16 de marzo. Y este criterio debería hacerse extensivo a otras actividades que el Ejecutivo está desarrollando. Es el caso, por ejemplo, de la autorización solicitada por la Generalitat de Cataluña a Luis de Guindos para convertir su deuda a corto plazo en deuda a largo para que cuente con el respaldo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Esta decisión reviste un carácter marcadamente político y discrecional. El FLA es un órgano creado ad hoc para asistir con liquidez a las comunidades autónomas y aunque se funda en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, su existencia ha contribuido a eludir la senda mucho más estricta que establecía originalmente esta ley orgánica.

Someter a debate parlamentario este asunto ofrecería una ocasión única para que los grupos políticos del actual Parlamento tomaran posición sobre asuntos tan delicados como son la financiación autonómica, el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el de los objetivos de déficit que nos fija Bruselas.

La agencia Standard and Poor’s ha dado de margen hasta el viernes 18 a la Generalitat antes de decidir si acepta la apelación de Oriol Junqueras para que Cataluña se libre de ser degradada por debajo del bono basura. Para convertir su deuda a corto en deuda a largo, la salida que Guindos discutió con Junqueras en el aeropuerto de El Prat pasa porque el Consejo de Ministros apruebe esta medida, pero todo indica que el asunto no llegará a tiempo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cree que esta solución beneficia extraordinariamente a los bancos a costa del contribuyente y es reacio a aceptarla. A su juicio, hay otros caminos para resolver la situación. En Hacienda creen que una declaración de Montoro el mismo viernes, después de entrevistarse con Junqueras, bastará para apaciguar a las agencias de calificación.

Cualquier sea el desenlace, Hacienda no ha considerado la posibilidad de que esto se debata en el Congreso. Arguye que se han autorizado operaciones de deuda para otras comunidades sin necesidad de hacerlo. La cuestión pone de manifiesto que, según el aspecto formal de las soluciones que se adopten, los asuntos pueden acabar ante el Hemiciclo o no.   

Al final, esta larga etapa de interinidad va a dejar al desnudo la deriva presidencialista de nuestra monarquía parlamentaria que desde hace años está instalada en la idea de que el Ejecutivo manda sobre el Parlamento y no al revés.