La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) informó ayer de que no ha podido emitir dentro del plazo legal su informe sobre el Programa de Estabilidad 2016-2019 que debe aprobarse el próximo 29 de abril para ser sometido a Bruselas “debido a la falta de información suficiente” del Gobierno.

Tampoco ha podido presentar su informe sobre las previsiones macroeconómicas al no disponer de los supuestos del gasto y los ingresos fiscales correspondientes a 2016, informó el organismo en un comunicado. Una actuación que vulnera tanto la normativa española como la europea.

José Luis Escrivá, presidente de la AIReF, informó por carta el viernes pasado a los ministros en funciones de Economía y Hacienda sobre este incumplimiento. La normativa que permitió la creación de la Autoridad dispone que sus informes son preceptivos tanto en relación con el Programa de Estabilidad como sobre el cuadro macroeconómico del gobierno.

La AIReF recibió el 8 de abril un borrador de cuadro macroeconómico del Ministerio de Economía, pero al no contar con información sobre gastos e ingresos que debió proporcionarle Hacienda, no ha podido emitir un juicio sobre el mismo.

El hartazgo de la AIReF

La protesta de hoy no es algo nuevo, ni siquiera sorprenderá en el Ministerio de Hacienda. En realidad, no es más que otra denuncia de las innumerables que ha hecho la AIReF en su corta vida (nació en el año 2013) porque el Gobierno que creó este organismo le boicotea por todos los medios. El primero, y más importante, es que no le facilita los datos que requiere para hacer su trabajo. En octubre estalló contra el Ministerio de Hacienda presentando un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. A raíz de la queja de hoy, todo indica que la situación sigue sin mejorar.

La AIReF denunció entonces que el Gobierno había realizado una "vulneración de la autonomía e independencia funcional de la Airef". Pero no sólo eso, el organismo aseguró entonces que no contaba con los recursos necesarios para desempeñar su función: en octubre tenía apenas 35 trabajadores cuando el FMI reconoció que necesitaba el doble.