Si se levanta la mirada de la contingencia, se puede adivinar por dónde nos va a apretar el zapato en los próximos meses. El año 2017 marcará un antes y un después para la Comisión Juncker. En el curso de ese ejercicio, si las cosas se dan según lo previsto, todos los países de la Eurozona habrán situado su déficit público por debajo del 3% de su PIB. Francia (-3,5% en 2015) y Portugal (-4,4%) deberían salir ese año del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) al que están sometidos. El único país que podría no llegar y se le esperaba es España (-5,0%). Todo dependerá de lo que no se haga este año.

En las próximas semanas se clarificará si nuestro país necesita uno o dos años más para situar su déficit por debajo del 3%. La senda original del PDE, en el que caímos en 2010 y que ya fue renegociado en 2012, estimaba que en 2016 nos situaríamos por debajo de ese límite (un 2,8% era lo previsto). No va a ser así porque incumplimos en 2015, pese al fuerte viento de cola, porque el Gobierno de Mariano Rajoy fue cicatero a la hora de fijar los objetivos internos de déficit y después se arrugó a la hora de aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria a las comunidades autónomas quizá por su mala conciencia (electoral) en muchos capítulos.

El ministro Luis de Guindos, que el lunes 25 de abril reafirmó en la Cope que España cumplirá el objetivo del 3,6% en 2016 y del 2,9% en 2017, ha pedido sólo un año de extensión del PDE. El comisario Pierre Moscovici le ha ofrecido dos, porque está convencido de que España volverá a fracasar. Bruselas cree que los continuos incumplimientos están debilitando la credibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero Guindos ha insistido en que sea sólo uno.

El problema es que si España continúa en solitario dentro del PDE hasta 2018 eso significa que el año 2017 pierde sus propiedades míticas para la Comisión, cuestión que no debería importarnos mucho. Pero si debería hacerlo el hecho de que el país estará aislado de cara a los analistas, será el patito feo de la Eurozona, y eso puede incrementar nuestra prima de riesgo por mucho que el Banco Central Europeo (BCE) siga dopando a la economía europea. Una subida de 100 puntos en la prima con el nivel de deuda que hemos alcanzado (99,2% del PIB) supone 10.000 millones más en intereses, cantidad que ya no se podrá destinar a políticas sociales, a inversión pública o a pagar deuda.

En ese sentido, la apuesta de Guindos es estratégica. Debemos evitar quedar aislados, nada menos que junto a Grecia, como ya nos sucedió en 2010, mostrándonos problemáticos e incapaces de cerrar el Procedimiento de Déficit Excesivo. Pero tampoco deberíamos descolgarnos del proceso que la Comisión Juncker sueña con iniciar cuando todos los países de la Eurozona hayan domeñado sus déficits. La aspiración de Bruselas es que será en ese momento cuando se podrá plantear a Berlín y París (en 2017, Alemania y Francia celebran elecciones federales y presidenciales, respectivamente) una agenda más ambiciosa, quizá redondeando la Unión Bancaria con el fondo único de garantía de depósitos, o planteando la mutualización de las deudas a través de un Tesoro europeo como camino hacia una Unión Fiscal.

El Ejecutivo comunitario sueña con que 2017 permita dividir en dos su período y convertir la segunda parte de su mandato en una gestión revitalizadora del sueño europeo.

La mala noticia de este análisis es que la política española ignora todo esto y, cuando se oye a algunos partidos hablando de la posibilidad de renegociar la senda del PDE con Bruselas, es cuando se confirma que nuestra lista de prioridades no está acompasada. De hecho, Europa ni siquiera estuvo en la agenda de la campaña del 20-D y en los cuatro meses que llevamos constatando la inutilidad de la XI Legislatura, sólo Ciudadanos y el PSOE han considerado la posibilidad de una política europea donde España sea algo más que un foco de problemas.