La Comisión Europea ha vetado este miércoles la venta de O2, filial británica de Telefónica, a Hutchison al considerar que la adquisición provocaría una subida de precios, perjudicaría la innovación en el sector de las comunicaciones móviles y afectaría a las posibilidades de elección de los consumidores de Reino Unido.

Era una operación clave y está encallada en los pasillos de las instituciones comunitarias. Hace poco más de un año, Telefónica acordó vender O2, su negocio en el Reino Unido a un grupo hongkonés: Hutchison Whampoa. Buscaba hacer caja y lograr con esta desinversión 10.250 millones de libras (más de 13.070 millones de euros al cambio actual) para poder reducir su deuda.

Asumía así la frustración de no lograr el triunfo en un mercado tan competitivo como el británico. Entró en él en 2005. Entonces, fue la mayor operación de una empresa española, no sólo en las islas británicas, sino la mayor fuera de las fronteras españolas. Pagó por O2, 17.700 millones de libras. Telefónica no recuperará lo invertido pero aspira a lograr pronto el sí de Bruselas y poder mirar a otro lado. El problema es que Bruselas cree que la venta de O2 puede provocar una subida de precios a los consumidores del Reino Unido, así que es probable que imponga condiciones a O2, que la obligue a desinvertir si quiere hacerse con el negocio.

El Ejecutivo comunitario anunció en octubre del año pasado una investigación en profundidad de la transacción, que habría combinado O2 y Three, en manos de Hutchison Whampoa. Bruselas ha concluido que la eliminación de un competidor importante del mercado y habría dejado solo a dos operadores de redes móviles (Vodafone y Everything Everywhere, de BT) para competir con la entidad fusionada. Además, la Comisión considera que las contrapartidas ofrecidas por Hutchison no resolvieron las "serias reservas suscitadas por la adquisición".

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha señalado que "permitir que Hutchison adquiriera O2 en las condiciones que proponía habría sido perjudicial para los consumidores del Reino Unido y para el sector de las comunicaciones móviles". "Nos preocupaba mucho que los consumidores tuvieran menos posibilidades de elección para encontrar un paquete de telefonía móvil que se ajustara sus necesidades y pagaran más que sin la operación. También habría obstaculizado la innovación y el desarrollo de la infraestructura de red en el Reino Unido, lo que supone un problema grave, especialmente en mercados en rápida transformación", dijo en un comunicado.