Una puerta blindada custodiada por un teclado para introducir su código de apertura separa la sala menos conocida del Parlamento Europeo. Guardados bajo llave en un armario se encuentran los documentos clasificados sobre las negociaciones del nuevo tratado comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés). El español Ignacio García Bercero es el jefe del equipo negociador de la Comisión Europea para el famoso y polémico TTIP.

Y es que desde el Tratado de Lisboa de 2009 los Estados miembros pasaron todas las competencias comerciales a Bruselas y es la Comisión la que bajo mandato acordado de forma unánime por los 28 Gobiernos la que lleva la voz en estas tareas. Hasta hace poco sólo los eurodiputados que trabajaban en la Comisión correspondiente al Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (conocido como TTIP) tenían derecho a consultar los documentos de las negociaciones comerciales de la Comisión con Estados Unidos.

Ahora pueden hacerlo los 751 eurodiputados, y desde hace mes y medio también los parlamentarios de las Cámaras nacionales en los Estados miembros, además de los funcionarios de cada país que tratan el asuntos relacionados con el proceso. También tienen permiso un grupo consultativo formado por 19 organizaciones sin ánimo de lucro, que incluyen desde la patronal europea o asociaciones industriales hasta la asociación de consumidores o la federación de organizaciones medioambientales a nivel europeo.

Pero no los pueden consultar de cualquier manera, ni por correo cifrado ni en remoto ni acompañados por asesor alguno. La única forma de hacerlo es yendo físicamente a lo que se denomina una “sala de lectura”. Inmaculada Rodríguez Piñero es eurodiputada socialista y forma parte del grupo de trabajo de la Eurocámara para “vigilar” el proceso del TTIP. Eso supone que desde el principio tenía acceso a la denominada “sala de lectura” de los documentos clasificados. Aunque afirma que recibe un aviso cuando llegan nuevos papeles, la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol asegura que nunca recibe aviso alguno y ello la obliga a consultar de vez en cuando si ha habido algún movimiento. Ni PP, ni PSOE ni Izquierda Unida o Podemos dicen encontrarse a gusto con el acceso restringido a la información, aunque a unos les molesta más que a otros.

PEDIR CITA PARA UNA CONSULTA FÍSICA

Para entrar en la sala de acceso restringido lo primero es solicitar una cita y en lo que ambas están de acuerdo es en la rapidez para obtener día y hora. Es necesario especificar qué documentos se quieren consultar. Cuando entren en la sala el día concedido tendrán un máximo de dos horas para leer únicamente los papeles solicitados. Eso, sí: se puede pedir cita tantas veces como se quiera. Se supone que es para facilitar que todo el que quiera acceder a la sala tenga hueco para hacerlo sin que la cita se demore semanas, explica Jochen Müller, representante de la Comisión Europea para el TTIP en España.

El día de la cita toca vaciar los bolsillos. En la era digital no es que no se puedan consultar los documentos encriptados en un ordenador, es que en la sala a la que hay que acudir para leerlos está estrictamente prohibido entrar con teléfono móvil, sino que ni siquiera está permitido llevarse un bolígrafo o papel propio pueden ser introducidos en la pequeña sala secreta que “tiene toda la pinta de ser un antiguo despacho” remodelado, comenta Rodríguez Piñero.

En el pasillo que lleva al cuarto de la discordia se encuentran despachos como otro cualquiera de la Eurocámara. Los signos distintivos en este punto del pasillo son el teclado para introducir el código de acceso a la sala y una taquilla donde dejar todo lo que no se pueden llevar consigo adentro. “Tienes que dar absolutamente todo”, resume la eurodiputada socialista.

DOS SILLAS, PARA EL CONSULTANTE Y SU VIGILANTE

Una mesa, dos sillas y el armario con los documentos esperan al otro lado. Quien entra lo debe hacer sin acompañante, excepto por el funcionario que ejerce de vigilante durante toda la consulta, sentándose frente al político o funcionario que ha venido a informarse de lo que se cuece entre la Comisión Europea y Estados Unidos.

Cuando comenzó el proceso negociador hace aproximadamente dos años todo ello era secreto, pero tras variadas quejas y a propuesta de la propia Comisión, se ha ido abriendo la capacidad de publicación de la información hasta limitar el secretismo a las propuestas que recibe la UE por parte de EEUU, asegura Müller, que defiende que “la transparencia es mayor que nunca jamás".

“Nunca se ha hecho público el mandato negociador [las directrices del Consejo Europeo a la Comisión] de un acuerdo comercial. [Esta vez sí,] porque los Estados miembros lo querían así”. Asegura que uno de los que más a favor estuvo fue España, mientras que el Reino Unido se encontraba entre los más reticentes. Pero considera que ambas opciones son respetables y que hay que cuidar con “desvelar tus líneas rojas (a la contraparte), porque debilitas tu posición negociadora”.

El mandato con esas líneas rojas finalmente es público, también lo acaban siendo -a medida que avanza el proceso- las propuestas jurídicas que hace la Comisión a EEUU en las distintas materias que aborda el TTIP, como la industria del automóvil o el medio ambiente. Según la eurodiputada socialista, en los últimos meses únicamente hay un desfase de unos 15 días entre que ella puede acceder a información clasificada y su publicación (se refiere sólo a la parte europea, porque EEUU ha pedido que la suya se mantenga en secreto).

Albiol recuerda que “nos ha costado muchísimas denuncias por parte de muchas organizaciones e incluso de la Defensora del Pueblo de la UE” que ese mandato se hiciera público. “Hace poco que empiezan a colgar algún documento en la web. Llevamos más de dos años de negociación y se han publicado muy pocos documentos”, incide.

SALAS SECRETAS, SIN PRECEDENTES

En España existe desde el 11 de abril una sala de lectura equivalente a la de la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, pues todos los Estados miembros obtuvieron permiso recientemente para ello. Aquí se encuentra en el Ministerio de Economía, donde funciona bajo las mismas medidas de confidencialidad que en la capital europea, precisan fuentes del Ministerio a EL ESPAÑOL: “España aplica, como el resto de Estados Miembros, el protocolo que ha especificado la Comisión Europea y el Consejo para la consulta de los documentos”.

Nunca antes, con ningún otro tratado, se había habilitado una “sala análoga a la de Bruselas” en los Estados miembro. “No ha sido necesario dado que es la primera vez que el socio con el que negocia la UE, en este caso EEUU, solicita que la consulta de sus propuestas se hagan en salas de lectura”, explican desde el Ministerio.

Todo el que desee entrar en una de las salas secretas, debe firmar una “declaración solemne” en la que se compromete a no desvelar información alguna de la que lea al exterior; en caso contrario, se podrán emprender sanciones disciplinarias o acciones legales. Una foto que consiguió hacer Izquierda Unida de este documento antes de entregarlo así lo certifica. La socialista Rodríguez Piñero explica que para cuando firman este documento ya han tenido que entregar sus pertenencias.

“Te dejan ver la documentación a cambio de jurar secreto”, subraya Albiol. “¿De qué nos sirve a los diputados tener toda esa información si no la podemos trasladar a los ciudadanos y ciudadanas o a los medios de comunicación y a las organizaciones que están trabajando sobre el TTIP?”

Una vez en la habitación, pueden obtener un papel y un bolígrafo (aunque Albiol comenta extrañada que sólo le pasó la última vez que entró en la sala de Bruselas a hacer una consulta). Si lo usan para apuntarse -por ejemplo- dudas sobre algún detalle legislativo que no conocen, deberán llevarse el papel en un sobre cerrado al finalizar su consulta y siempre bajo la misma cláusula de confidencialidad.

Rodríguez Piñero considera “absolutamente excesivo” que el funcionario no deje al consultante solo en ningún momento. Ni ella ni Albiol se han fijado en que haya alguna cámara de vigilancia, “pero es todo una cámara de seguridad”, apunta la socialista. “No te quedas ni un segundo solo”.

Confiesa que se siente “incómoda, porque se basa en una relación de desconfianza”. Dice “entender que debe haber cautelas”, pero le parece exagerado.

A quien entre en la sala más le vale saber bien inglés, porque no se ha invertido dinero en traducir a ningún idioma los documentos de las negociaciones, según han denunciado todos los partidos políticos, sin que de momento haya visos de un cambio a la vista en este sentido.

La socialista admite que al principio se sentía un poco perdida al consultar unos documentos que son muy técnicos y complejos, otro asunto que ha llevado a los eurodiputados a solicitar que puedan entrar acompañados de sus asesores en la sala secreta. Tampoco se ha concedido por ahora.

La puerta de Europa

Este martes, activistas de Greenpeace se descolgaron de las Torres Kio de Madrid, también conocidas como la “Puerta de Europa”, para protestar contra un tratado que entienden que sólo favorece a las multinacionales y que bajará los estándares medioambientales y sociales de los Veintiocho, diagnóstico que comparten con la izquierda europea.

Müller, el representante de la Comisión, asegura que no van a negociar nada con respecto al mix energético de los países -lo que incluiría la posibilidad de introducir el fracking, como temen los ecologistas-, ya que eso es una competencia de cada Estado miembro. También niega que se vaya a bajar estándar alguno y defiende que los documentos filtrados recientemente por la ONG sobre el TTIP revelaban parte de la postura de Estados Unidos pero no certificaban que la Unión Europea la aceptara.

“Greenpeace ha dejado en evidencia que en muchos puntos los negociadores no estamos de acuerdo”, opina. La organización por su parte, asegura que esas filtraciones son una muestra de las cesiones que la UE está dispuesta a hacer en cuanto a la protección de los consumidores y del medio ambiente.

Los socialistas europeos no se oponen al TTIP per sé y consideran que es necesario “regular la globalización”, en palabras de Rodríguez Piñero durante un reciente encuentro con periodistas españoles en Estrasburgo. “No vamos a apoyar cualquier acuerdo. No apoyaremos un TTIP que suponga un retroceso en los estándares de la regulación europea [en cuanto a] derechos sociales, laborales, medio ambientales”.

“Nosotros tampoco vamos a dejar que se bajen unos parámetros de tipo medio ambiental y social”, responde Santiago Fisas, eurodiputado del Partido Popular que también estudia los avances del tratado. “Cualquier tratado de libre comercio es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Hay que ver cuáles son las condiciones para que esos tratados sean correctos o no”.

Los socialistas piden que los tribunales de arbitraje permitan apelar, mientras que desde la Comisión aseguran que la posibilidad del recurso ya está contemplada. La izquierda europea no quiere tribunal de arbitraje alguno por considerar que son cuestiones demasiado importantes que competen a los derechos sociales como para ser dirimidas por entes privados en lugar de llevarlos por la vía judicial pública.

“Esto no es un acuerdo comercial. Hay que ponerlo a la altura de una nueva constitución supracontinental, como mínimo a la altura del Tratado de Maastricht”, defiende Albiol.

En España, “funcionarios de diversos ministerios, incluyendo del Ministerio de Economía y Competitividad, han accedido ya a la sala de lectura”, indican las fuentes de la Administración. Hasta ahora han accedido ocho empleados públicos y cinco diputados, cuya adscripción política no han revelado a EL ESPAÑOL aduciendo motivos de protección de datos de carácter personal.