El precedente histórico
En 2002, durante la crisis del corralito bancario y la quiebra del Estado argentino que acabó en la cesación de pagos, ya rigió una ley similar. Ahora se reedita una normativa similar, esta vez por impulso de las centrales sindicales CGT y CTA, que el 28 de abril encabezaron una masiva protesta por la política socioeconómica. Los sindicatos denuncian que ha habido 155 mil despidos desde diciembre último, cuando Macri arribó a la Casa Rosada.
Por su parte, la central empresaria de pymes CAME ha contabilizado 120 mil despidos en el sector privado y el Estado. En cambio, el gobierno niega que exista ninguna emergencia de empleo aunque ha admitido que acabó con 11 mil contratos de empleos públicos.
Sin embargo, la alcaldía de Buenos Aires, gobernada también por la alianza macrista Cambiemos, ha admitido que el índice de paro ascendió hasta el 8,6%, unos puntos más que el 6,8% de 2015. Además, la pobreza alcanza al 34,5% de la población, según la Universidad Católica.
Macri tiene la última palabra
El Gobierno de Macri ha adelantado que no dará marcha atrás y vetará la ley antidespidos. "El Presidente no va a adoptar actitudes demagógicas, va a hacer lo que él sienta que es bueno para Argentina", ha anticipado el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Si tal y como anuncia la Casa Rosada finalmente Macri impone el veto -una potestad que le otorga la Constitución- el Presidente deberá encajar el costo político. Entonces probablemente las centrales sindicales CGT y CTA concreten su amenaza de convocar a una huelga nacional de 24 horas.