Jarro de agua fría para los inversores particulares atrapados en Gowex. El Ministerio de Hacienda ha confirmado que no podrán deducirse las pérdidas en las acciones adquiridas de la empresa tecnológica suspendida y en concurso de acreedores. La razón: aún no ha sido liquidada definitivamente. De esta forma, el Ministerio descarta que existan circunstancias excepcionales con las que valorar las participaciones más allá del balance empresarial como dicta la ley.

En 2014 estalla el ‘caso  Gowex’. La empresa, cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), es suspendida en 2014 después de haber presentado cuentas reconocidas como falsas por el propio consejo de administración. La Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver) realizó una consulta vinculante al Ministerio de Hacienda. El fin era aclarar si los inversores podrían apuntarse las pérdidas de unas acciones que se encontraban en su cartera y que de la noche a la mañana pasaron a valer cero euros.

Casi dos años después, el Ministerio de Hacienda contesta en un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que los particulares, la inmensa mayoría de los atrapados en la sociedad, no tienen posibilidad legal de apuntarse las pérdidas.

Sí a sociedades, no a particulares

Las sociedades de inversión son la minoría entre los afectados. Sin embargo, sí tienen una posibilidad de asumir las pérdidas (y lograr una deducción fiscal) de las acciones: dar de baja el activo de su balance. “En el supuesto de baja contable del activo, la pérdida generada por el mismo se integrará en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades”, reza en el escrito

Para los particulares, la situación es más compleja. El Ministerio no entra a analizar si existen circunstancias excepcionales que permitan reconocer las pérdidas sin que la empresa haya sido liquidada de manera definitiva. Según explica Javier Flores, representante de Asinver, la utilización del balance empresarial para valorar una acción suspendida de cotización no se puede dar pues éste ha sido reconocido como falso por la propia Fiscalía Anticorrupción.

“Entendíamos que existían circunstancias excepcional para entender que la falsedad reconocida de las cuentas pudiera hacer que se valoraran a cero”, apunta Flores. Sin embargo, Hacienda no se pronuncia sobre esas condiciones: “La apreciación de esas circunstancias no puede realizarse a través de la contestación a una consulta”, resalta en el documento.

Más allá del reconocimiento de las pérdidas, la asociación solicitaba información sobre las implicaciones que podrían tener las ventas de acciones fuera de mercado que se han estado realizando por algunos accionistas a precios mucho más bajos para deducir la pérdida. “La ley pide una prueba al particular que demuestre que ha vendido al precio que dice, pero Hacienda no se pronuncia sobre eso”, resalta Flores. En el escrito no hay mención a esta cuestión. “De esta forma deja en una inseguridad jurídica a muchos de los inversores de cara a esa compraventa”, afirma.

Más de un millar de inversores ‘movilizados’

Hoy por hoy existen dos vías judiciales con las que inversores pretenden recuperar, al menos, parte de lo invertido en Gowex. Una es la penal, que tiene entre los imputados al auditor, los directivos de la compañía (con el fundador, Jenaro García a la cabeza), diversos testaferros y a la consultora Ernst & Young (EY) como asesor registrado en el Mercado Alternativo Bursátil.

En esta vía, es el bufete Yvancos Abogados –exrepresentante legal de la familia Ruiz-Mateos- quien lidera la acusación popular en este proceso. Desde la firma aseguran que se encuentran recabando la documentación de unos 400 inversores perjudicados (70 de origen francés ya la han enviado). En total, suman, según sus propios cálculos, menos de 20 millones de euros. “Tenemos experiencia de demandas colectivas y no se recuperará más del 15%”, explica.

La otra vía es la civil. Y ahí un grupo de inversores minoritarios que persiguen indemnizaciones por lo que entienden como “negligencia” o una “falta de diligencia” a la hora de detectar el fraude desarrollado por la empresa de Jenaro García. Le piden responsabilidades a tres entidades: el MAB, la consultora EY y Beka Finance (Bankia) como colocadora en la salida a bolsa.

Según explica Javier Flores de Asinver, su estrategia se basa en la presentación de demandas civiles individuales por cada uno de los inversores afectados. La razón: el equipo legal de este colectivo entendía que aportaba más seguridad al afectado, pues las demandas colectivas “suelen tener muchas trabas y ser terreno abonado para que otra parte empiece a jugar procesalmente y a poner impedimentos”.

Hasta ahora han recopilado 350 demandas, aunque estima Flores, se podrían sumar otras 100 más que lo están haciendo de manera individualizada sin el paraguas de Asinver.

¿Y los plazos del proceso?

La vía penal está a expensas de que concluya la fase de instrucción en la Audiencia Nacional. Según los cálculos de Yvancos Abogados, este periodo debería concluir este año.

Durante el proceso de instrucción ha habido dos hitos importantes. Uno de ellos ha tenido un nombre: el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Un informe de este organismo elaborado en 2010 ya advertía de las operaciones sospechosas de la compañía para inflar su negocio. El otro fue la imputación y posterior declaración del letrado de la consultora EY frente al juez Santiago Pedraz, que se produjo el pasado mes de noviembre y en la que trató de eximir a la firma de toda responsabilidad al entender que su papel no había ido más allá de los aspectos formales de la salida a bolsa.