El 2 de diciembre de 2008 el Gobierno aprobó, por Real Decreto-ley, la creación de un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo. El nombre de estos dos fondos puede que no diga mucho, pero son los dos vehículos que formaron el famoso Plan E del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Era el plan keynesiano con el que combatir la crisis financiera desatada tras la quiebra de Lehman Brothers apenas tres meses antes.

En un primer momento estuvieron dotados con 11.000 millones de euros (en torno a un 1,1% del PIB), financiados de forma íntegra con deuda pública, esto es, retrayendo ahorro futuro para gastarlo en el presente. La maquinaria del gasto público vuelve a ser una gran tentación para los socialistas y, esta vez, Pedro Sánchez no ha conseguido resistirse. El secretario general del PSOE anunció el lunes sus promesas estrella en materia económica para las elecciones del 26-J y que se centra en los dos colectivos más castigados: los jóvenes y los mayores de 45 años que no tienen cualificación.

Un plan de empleo público que dé a estos colectivos la oportunidad de reengancharse al mercado laboral

Un caladero de votos formado por casi medio millón de parados y que son los que tienen una reinserción en el mercado laboral más complicada. Para ellos, el PSOE quiere poner en marcha un Plan de choque para el empleo y la inserción laboral de los parados de larga duración que será, a su manera, el Plan E de Sánchez que estará formado por tres pilares:

1. Reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social para los nuevos contratos a parados mayores de 45 años sin cualificación, como adelantó EL ESPAÑOL. Se bonificará el 100% de la cotización el primer año y un 50% el segundo.

2. Un plan de formación para 700.000 jóvenes parados que no tienen la ESO.

3. Plan de empleo público para estos dos colectivos. Este será el verdadero Plan E, ya que pasa de ser políticas activas de empleo y formación a, directamente, contratación pública. Será “un plan de empleo público que dé a estos colectivos la oportunidad de reengancharse al mercado laboral”, en palabras de Sánchez.

El PSOE todavía no ha detallado el tamaño con el que estará dotado este programa, pero teniendo en cuenta las necesidades de estos dos colectivos, no puede ser reducido si quiere ser relevante. Al igual que el Plan Zapatero, el Plan Sánchez contará con la colaboración de los ayuntamientos y, en este caso, también pedirá la aportación de las autonomías y las diputaciones, pero siempre “con el impulso y liderazgo de la administración general del Estado”.

La financiación

Uno de los puntos más importantes es conocer quién pagará todo este gasto público. Zapatero decidió que su Plan lo pagarían las generaciones futuras, por lo que decidió cargar todo el dinero en el déficit y la deuda pública. Sánchez no podrá seguir sus pasos, ya que la Comisión Europea ha comprendido en estos años que no puede fiarse de España, y menos si todavía está dentro del Protocolo de Déficit Excesivo, por tener un desfase de las cuentas públicas superior al 3% de su PIB.

Sánchez financiará este programa por dos vías. Una, recurriendo a los Presupuestos Generales del Estado, esto es, con impuestos y, otra, eliminando una serie de bonificaciones aprobadas por el Partido Popular. Sólo mantendría las que benefician a los colectivos vinculados a la exclusión social, las mujeres víctimas de la violencia de género y las personas con alguna discapacidad.

La supresión de las cotizaciones supone un deterioro de los ingresos de la Seguridad Social que ya se une al agujero que ha dejado el Gobierno de Mariano Rajoy, que ha vaciado la hucha de las pensiones en 47.201 millones de euros y, según el último dato (a 31 de diciembre de 2015) sólo quedan 32.481 millones. El PSOE ha prometido crear un impuesto “de solidaridad” que gravará a las rentas y patrimonios altos.

En definitiva, la financiación del Plan Sánchez se realizará aumentando los ingresos de la Seguridad Social y los impuestos. Sin embargo, la parte más difícil es convencer a la Comisión Europea de que el aumento del gasto público será compatible con la reducción del déficit y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 

En Bruselas miran con recelo cualquier aumento del gasto, ni siquiera están cómodos con el aumento que ha proyectado el Partido Popular en su actualización del Programa de Estabilidad. Para calmar la incertidumbre (y alejar la posible multa a la que se enfrenta España por incumplir el déficit) Mariano Rajoy ya mandó una carta a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, al inicio de mayo en la que se comprometía a "adoptar nuevas medidas" para "salir del Protocolo de Déficit Excesivo cuanto antes". Ese es el verdadero camino a seguir.

Inversión pública

Otra de las cuestiones clave que todavía tiene que detallar Sánchez es a qué tipo de proyectos destinará este aumento del gasto público. Cada vez que algún experto defiende la aprobación de un paquete de estímulos pide que se utilice para invertir en sectores productivos y contribuir así a la reorientación de la economía española hacia sectores pujantes y de alto valor añadido. En otras palabras, un salto de calidad para el país.

Sin embargo, el Plan Sánchez está destinado a un segmento de la población sin cualificación, precisamente aquel que tiene más complicado acceder al mercado laboral por su baja preparación y productividad. ¿Qué retorno tendrá este tipo de inversión y a qué sectores se podrá dedicar? Esa es otra de las preguntas clave que deja la propuesta.

No se acreditó o no se acreditó adecuadamente la necesidad pública de la inversión (del Plan E)

El Plan Zapatero tuvo un abanico muy amplio de actuaciones, correspondiente a su dotación presupuestaria, también muy elevada. Sin embargo, con el paso del tiempo muchos expertos han dudado si lo que se vendía como inversión no fue realmente despilfarro. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, que fiscalizó el Fondo Estatal de Inversión Local, determinó que el 70% de las obras financiadas con el primer Plan E “no se acreditó o no se acreditó adecuadamente la necesidad pública de la inversión”. En otras palabras, no se demostró que fuesen necesarios para las entidades locales.