El tiempo avanza. Y con él la llamada economía colaborativa y las empresas que tratan de explotarla como Airbnb o BlaBlaCar. Mientras sucede, los organismos vigilantes de la competencia se posicionan. En muchos casos a favor de su desarrollo y de una regulación que permitan su desarrollo. Primero fue la CNMC, que abrió la puerta a la liberalización (casi) total de segmentos como el transporte en las ciudades y de los apartamentos turísticos. Ahora, la Autoridad Catalana de la Competencia se posiciona en contra de los límites que la alcaldesa, Ada Colau, ha dictado en Barcelona: pide permitir que cualquier propietario de viviendas pueda alquilarlas a turistas, aunque posteriormente deba respetar unos límites temporales o de explotación.

El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento aprobaba inicialmente el plan especial de alojamientos turísticos en Barcelona. El objetivo: limitar el crecimiento de este segmento, que se ha disparado especialmente en la última década. Sólo se podrán crear 11.500 nuevas plazas hoteleras en la periferia, no permitiendo la apertura de nuevos establecimientos en zonas más saturadas como Ciutat Vella o Gràcia. Junto a esta medida, las administraciones catalanas han utilizado los impuestos como vía para frenar el crecimiento: el Gobierno catalán dio luz verde a una tasa turística en 2012 y el Ayuntamiento de Barcelona acaba de abrir la puerta a una nueva tasa para los turistas que no duermen

Claves para apartamentos turísticos

Con ese plan sobre la mesa, ¿qué encaje tiene la economía colaborativa y las plataformas para alquiler de viviendas entre particulares? Para la Autoridad de la Competencia de Cataluña lo debe tener, aunque haya serio riesgo de saturación y “desnaturalización” de algunos barrios. ¿Cómo corregirlo? Se propone un sistema de transferencia de derechos, que supone atribuir derechos a cada inmueble.

La consecuencia: en un momento inicial todo el mundo tendría derecho a poner en alquiler su vivienda. Pero habría una serie de restricciones dinámicas en función de los datos de los que se dispone en cada momento. Esas limitaciones irían relacionadas no sólo en relación al número de días al año que se puede alquilar en toda la ciudad, sino por cada uno de los barrios.

Lejos de ser entornos desregulados, se dotan de una autorregulación que busca el equilibrio entre reducir las barreras de entrada y garantizar la protección de usuarios

Este sistema tiene dos nuevas medidas. Una es el pago para convertir esos derechos ‘teóricos’ sobre los pisos en efectivos, lo que permitiría su explotación para el alquiler. La otra es la posibilidad de transmitir estos derechos, por los que una vez superado el límite de días de alquiler permitido en una determinada zona, los titulares de derechos de aquella zona que aún no los hubieran convertido los podrían vender a aquellos donde aún se permitiera la actividad.

Pese a que es la propuesta que pone sobre la mesa, el organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña admite que su implantación práctica es bastante compleja. Entre otras razones porque implica una vigilancia extrema de la actividad de cada uno de los propietarios en las ciudades.

Compensaciones a los ‘tradicionales’

La expansión de la economía colaborativa y estos modelos alternativos impactan de lleno en el negocio de los operadores ‘tradicionales’. Es el peaje a pagar. Pero desde Competencia de Cataluña entienden que es necesario un sistema de compensación a los “incumbentes” (taxistas, hoteles…). ¿Cómo? Se cubriría parcialmente las inversiones que han llevado a cabo para cumplir con las exigencias establecidas para poder operar en un mercado, como es el caso de las licencias en el sector del taxi.

Ese sistema, según el organismo, debería tener en cuenta las inversiones realizadas para acceder al mercado; el momento en que éstas se ejecutaron y en que se produce la modificación regulatoria, y la intensidad del cambio.

¿Regular? A Europa y las comunidades

Esta propuesta de regulación no sólo valdría como ‘reglas del juego’ para el poblado sector de los alojamientos turísticos. También se podría extender en el transporte, donde las limitaciones irían dirigidas, según el propio organismo, a eliminar los problemas de saturación y contaminación excesiva.

Partiendo de ese sistema, el organismo tiene claro que estas plataformas de economía colaborativa son una propuesta reguladora “de éxito” en sí mismas. “Lejos de ser entornos desregulados, se dotan de una autorregulación que busca el equilibrio entre reducir las barreras de entrada y garantizar la protección de usuarios”, resalta.

A nivel europeo deberían establecerse condiciones generales; pero es adecuado que los poderes públicos locales o autonómicos establezcan condiciones adicionales

Aun así, el organismo cree que no es suficiente con esa autorregulación y la administración ha de vigilar y plantear reglas del juego que eviten fallos del mercado. Y éstas deben diseñarse de arriba hacia abajo. “A nivel europeo deberían establecerse condiciones generales; pero es adecuado que los poderes públicos locales o autonómicos establezcan condiciones adicionales”, defiende.

En ese papel de la administración, el organismo señala dos tareas básicas: la puesta en marcha de un sistema de reputación al que se incorpore información “relevante para construirlo” y la eliminación de la cuota fija de autónomos “a un microoperador que a un operador con ingresos elevados, estableciendo una tributación proporcional”.

Sigue los pasos de la CNMC

Con este documento, la ACCO sigue los pasos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) que en marzo presentó un primer estudio sobre los modelos de economía colaborativa que ha sido sometido a una consulta pública y que sacudía al taxi y reclamaba el derribo de su “monopolio”.

Proponía una serie de recomendaciones a las comunidades autónomas. En el segmento del taxi planteaba, entre otras, la eliminación de la restricción en la concesión del número de licencias de taxi o la supresión de las tarifas reguladas. En el de los alojamientos turísticos señalaba la eliminación de la inscripción de las viviendas en un registro, la retirada de cualquier requisito de estancia mínima o máxima o la prohibición del alquiler de un inmueble por estancias o de la residencia permanente.