El 69% de las consultas de AIReF fueron denegadas tras la orden de Montoro

El 69% de las peticiones de información efectuadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han sido denegadas o contestadas de forma insuficiente tras la orden del Ministerio de Hacienda que restringió el acceso directo de este organismo a sus fuentes. Este dato forma parte de un estudio aportado por la AIReF en la demanda que interpuso contra Hacienda el pasado viernes ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional solicitando la nulidad de la medida.

Según el ente independiente creado para supervisar el cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria, la orden de Cristóbal Montoro de julio de 2015 recorta de forma importante su capacidad de reunir información. La orden le obliga a pedirla a través de la Central de Información del Ministerio de Hacienda, pese a que la Ley de la AIReF ysu reglamento establecen que puede dirigirse en forma directa a las distintas Administraciones Públicas.

La AIReF, que preside el economista José Luis Escrivá, realizó un estudio de todas las peticiones que formuló a través de la Central de Información de Hacienda desde el 1 de julio de 2015 y el resultado es que el 69% de las peticiones fueron denegadas o la respuesta no se ajustaba a la solicitud. Un 25% de las consultas se ajustaron a lo pedido y un 6% fueron respuestas parciales.

Cuatro tipos de excusas

Las peticiones denegadas o con respuesta no ajustada a la solicitud fueron justificadas por Hacienda con cuatro tipos de excusas: primera, que se trataba de información auxiliar que no debía ser proporcionada; segunda, que la información no estaba disponible; tercera, que la información estaba fuera de los límites formales y/o materiales de competencias de la AIReF y, cuarto, que la información ya estaba publicada, aunque no con el nivel de detalle solicitado para su evaluación.

Del total de las peticiones denegadas o cuya respuesta no se ajustaba a la solicitud, el 90% fueron consideradas por el Ministerio de Hacienda como que escapaban al ámbito de competencia de la AIReF o eran información auxiliar o no disponible. El contenido de todas estas peticiones estaba directamente relacionado con la evaluación de alguna de las tres reglas fiscales (objetivo de estabilidad, regla de gasto y límite de deuda) que la Autoridad debe evaluar por mandato legal.

El 10% de las respuestas restante era información que ya estaba publicada y que fue enviada, pero que carecía del detalle solicitado por la Autoridad para valorar sus posibles sesgos.

Impacto negativo

La AIReF señala en un anexo de su demanda que esta circunstancia ha incidido negativamente en el desempeño de sus funciones, limitando el alcance de algunos de sus informes al no haber suministrado Hacienda los datos oportunamente. Sin embargo, las limitaciones pudieron ser salvadas con la información remitida directamente por las administraciones territoriales,cauce que la orden ministerial pretende cercenar.

De las peticiones denegadas, el 23,7% tenían que ver con ajustes de contabilidad nacional;el 28,9% con otra información relacionada con el objetivo de estabilidad; el 18,4%correspondía a información sobre deuda pública; el 23,7% con datos relacionados con la regla de gasto y el 5,3% tenía que ver con el impacto de las medidas.

La Comisión Europea, en el Informe sobre España publicado a finales de febrero pasado, reprochaba al gobierno que “algunos aspectos del marco regulador de la AIReF obstaculizan su papel como entidad de supervisión” y añadía que “el derecho de la AIReF a acceder a la información se ha debilitado en relación con las disposiciones de la LeyOrgánica que la creó, tras la aprobación en julio de 2015 de una orden ministerial sobre este asunto”.

Bruselas subrayaba que, la obligación de canalizar las solicitudes de información a través de Hacienda, incrementaba el número de situaciones en las que el Ministerio “puede negar los datos solicitados” en relación con lo previsto por la ley.

José Luis Escrivá Belmonte, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal AIReF/Flickr

Las cifras aportadas por AIReF en su demanda contrastan con los datos que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy ha difundido en la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España remitida a finales de abril a la Comisión Europea. En ella se asegura que hasta el 31 de marzo de 2016 “se habían contestado 78 peticiones de AIReF de un total de 81 realizadas, con un periodo medio de respuesta de 15 días. Aproximadamente el 80% de las peticiones se ha contestado con información que ha tenido que ser elaborada, frente al 20% que se refería a información pública”.

El documento del Gobierno también defiende la orden ministerial de Montoro en los siguientes términos: “La orden pone la Central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al servicio de AIReF, en un importante ejercicio de transparencia, centralización y tratamiento sistemático de la información económico-financiera del sector público, al canalizar de manera eficiente la información referida a las Administraciones Públicas que es obtenida por el Ministerio de Hacienda y que éste pone al servicio de la AIReF, evitando a las restantes Administraciones Públicas la duplicación innecesaria de los canales de suministro de información”.