Argentina descarta una amnistía estilo de Montoro que no castigue a los defraudadores

El que haya defraudado a Hacienda tendrá que pasar por caja para pagar una penalización y el que lleve años cumpliendo tendrá una bonificación. Así de claro se ha mostrado el ministro argentino de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, en su visita a Madrid, un viaje para cerrar heridas del pasado. Sentado en el Hotel Ritz ante una granada audiencia de políticos y empresarios reconoció que “el ministro de Hacienda siempre es el más odiado", asumiendo con resignación su papel, "¿no es así, vicepresidenta?”. A su lado, Soraya Sáenz de Santamaría, salió en defensa de su compañero Cristóbal Montoro: “No en nuestro caso”.

La amnistía fiscal que ha puesto en marcha Prat-Gay en Argentina será mucho más dura con los defraudadores de lo que fue la de Montoro, aunque no por ello dejará de ser lo que es: una amnistía fiscal. “No puede pasar lo que en otros blanqueos”, explicó el ministro argentino, “para nosotros era importante aplicar una tasa de penalización, no de compasión”. El tipo impositivo que impondrá para quienes se acojan al blanqueo de capitales durante este año será del 10%, el mismo que planteó Montoro al presentar su amnistía, pero en el caso de España, el tipo efectivo se quedó en el entorno del 3%, ya que las ganancias previas a 2008 se consideraron prescritas.

No puede pasar lo que en otros blanqueos, para nosotros era importante aplicar una tasa de penalización, no de compasión

A partir del 1 de enero, Argentina elevará la tasa aplicada hasta el 15%, sin embargo, a partir de ese momento, el Gobierno redoblará su lucha contra los defraudadores. “A partir de enero, no tendrán dónde esconderse”, ha amenazado. Para elevar la presión de Hacienda, el Gobierno de Mauricio Macri quiere firmar una serie de convenios de colaboración internacional para perseguir y encontrar el dinero oculto. “Podemos decir, con cierta credibilidad, que es el último ejercicio de blanqueo de Argentina antes de que empecemos a tener una red integrada de intercambio de información financiera”, aseguró el ministro.

Uno de los objetivos más ambiciosos de la amnistía fiscal de Argentina es aflorar el dinero en efectivo que muchos ciudadanos guardan en sus casas y que es “el principal motivo de atracos en los domicilios, porque todo el mundo sabe que tienen efectivo”. Por este motivo, todos los montos inferiores a 20.000 euros que se regulen estarán exentos de pagar impuestos y el resto hasta 60.000 euros pagarán una tasa del 5%. Eso sí, tendrán que mantener este dinero en un banco hasta marzo del año que viene, donde pueda estar localizado.

Mauricio Macri junto a Alfonso Prat-Gay en Buenos Aires Enrique Marcarian Reuters

Premio a los cumplidores

El Gobierno de Macri también quiere tener un gesto hacia todos aquellos compatriotas que llevan años pagando religiosamente: “Si ponemos una multa a los que no pagaron, demos una compensación a los que sí pagaron”. Este premio a los contribuyentes será una exención del Impuesto de Bienes Personales, una figura similar al Impuesto sobre el Patrimonio y que, por culpa de la inflación tan fuerte de los últimos años, afecta a las clases medias y bajas. “Sólo por tener un coche de cinco años y una vivienda con tres estancias ya superas el mínimo exento y tienes que tributar”, explicó Prat-Gay. Pues todos los que tienen sus impuestos a regla, dejarán de pagar este tributo durante los próximos tres años.

Si ponemos una multa a los que no pagaron, demos una compensación a los que sí pagaron

Sin embargo, el Gobierno argentino se enfrenta a un gran riesgo con esta decisión: que todas las personas que tengan capitales ocultos y no los afloren, puedan beneficiarse de este premio del Gobierno. Para Hacienda, estas personas serán contribuyentes cumplidores hasta que consigan localizar sus bienes ocultos. Un riesgo que el ministro está dispuesto a correr.

Macri difícilmente podrá ser uno de los beneficiarios de este premio a los cumplidores, ya que sus escándalos con el fisco de los últimos meses hacen prever lo peor. El caso más grave es la imputación del presidente por un fiscal federal ante su presencia en los papeles de Panamá. Pero no es el único escándalo que rodea al mandatario: en su declaración patrimonial de 2015 (presentada hace un mes) incluye una cuenta en un paraíso fiscal de las islas Bahamas en la que tiene 1,20 millones de euros. Además, este año ha declarado que su patrimonio es el doble del que era un año atrás. Un gran golpe de suerte.