Uber y su conflicto con el sector del taxi entra de lleno en la campaña electoral. Podemos ha defendido esta tarde "excluir a la empresa de la economía española". La razón: "Poner en riesgo a un sector laboral como el del taxi y atentar contra el sistema fiscal". Así lo ha defendido el secretario de sociedad civil de este partido, Rafael Mayoral.
No es la primera vez que ha defendido al taxi, formado por 70.000 profesionales, en este conflicto. Pero el discurso pronunciado durante un acto en Barcelona con el colectivo de taxistas Elite por el secretario de sociedad civil de este partido, Rafael Mayoral, ha sido el más duro. En un acto en Barcelona con el colectivo de taxistas Elite y eurodiputados de Podemos, ha pedido que se lleven a cabo "reformas legislativas que cierren definitivamente la puerta" a la empresa.
El marco de esta afirmación es el Tratado de Libre Comercio. "El TTIP es una amenaza que ya tiene su primer caballo de Troya en empresas como Uber".
"Hay que decir a la Unión Europea -ha agregado- que nuestra soberanía no está en juego y que no vamos a tolerar este tipo de prácticas que atacan a un sector estratégico", ha añadido Mayoral, después de que la Comisión Europea haya propuesto hoy regular las compañías de economía colaborativa, como Uber, en vez de prohibirlas.
Los riesgos sobre el sistema laboral es una de las razones señaladas por los dirigentes de Podemos. "Si se extiende el sistema de Uber a otros sectores, se puede extender una precarización laboral aún mayor", ha afirmado la eurodiputada de Podemos Tania González.
Por su parte, la empresa estadounidense entiende, según explica un portavoz, que es "paradójico" que el mismo día que la Comisión recomienda a países miembros "modernizar sus regulaciones para aprovechar los beneficios de modelos como el de Uber, haya voces que proponen recorrer el camino inverso".
"Invasión de multinacionales"
Para la europarlamentaria Lola Sánchez la expansión de Uber es "un ejemplo de lo que traería el TTIP a pequeña escala: una liberalización del transporte en el que se podría dar una invasión de multinacionales".
En el lado del taxi, el portavoz de Elite, Alberto Álvarez, ha criticado la actitud de la empresa estadounidense: "Lo único que hace es evadir impuestos y llevárselos a paraísos fiscales; le dan igual las personas".
La empresa estadounidense se ha negado a reaccionar a este anuncio de Podemos. Preguntado por este medio digital, un portavoz ha declinado contestar a las críticas recibidas.
Más ataques
Esta no es la primera ocasión en la que el partido de Pablo Iglesias rompe una lanza en favor del taxi frente a Uber. El pasado mes de abril, el diputado de la formación Alberto Rodríguez calificaba a la empresa como una multinacional que "esquiva de alguna manera" las cuestiones fiscales. Lo hacía después de reunirse con varias plataformas del taxi.
Un año atrás, en mayo de 2015, distintas asociaciones gremiales y sindicales del taxi se reunían en Bruselas con eurodiputados españoles del partido para exponer la necesidad de que impidieran la implantación de servicios como el de Uber.
Otros partidos
Pero Podemos no es el único que ha mostrado su apoyo al numeroso colectivo del taxi -sólo en Madrid hay 15.700 licencias- en esta particular batalla. El PSOE mostró su respaldo frente a lo que entienden como "liberalizaciones salvajes que perjudican a trabajadores y usuarios", según explicó el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia.
"Vamos a defender a los taxistas y estamos en contra de la liberalización a ultranza de este sector, estamos en contra de que empresas multinacionales entren para crear un mal empleo, de ninguna calidad, y a llevarse el dinero a paraísos fiscales", argumentó Heredia.
La CNMC y Bruselas, a favor
Mientras los partidos se posicionan, empresas como Uber cuentan con aliados como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la Comisión Europea. La primera elaboró un informe que sirvió para sacudir al sector del taxi y pedir el derribo de su "monopolio".
Por su parte, la Comisión Europea ha puesto hoy mismo sobre la mesa una serie de recomendaciones en las que pedía a los países miembros, entre ellos España, a que faciliten el desarrollo de la economía colaborativa y limiten las cargas burocráticas.