La CNMC sacudió el taxi y el sector de alojamientos turísticos con un duro documento sobre la llamada economía colaborativa y catorce recomendaciones para su regulación. Con él, reclamaba una liberalización casi total. Tras elaborarlo, lo abrió a consulta pública para recabar opiniones. El resultado: 1.150 contestaciones con valoraciones muy diversas.
Las organizaciones sindicales y los autónomos suspenden las recomendaciones sobre este nuevo sector y el propio fenómeno de la economía colaborativa. Se muestran muy críticos y reivindican la necesidad de asegurar el pago de impuestos en la actividad de los usuarios de plataformas como Uber o Airbnb.
En el otro lado se encuentran participantes pertenecientes a universidades, organizaciones de consumidores y usuarios, diputados y autoridades de competencia y regulación se muestran muy a favor, con respuestas por encima de 4,2 puntos sobre 5.
"Analizamos cada una de las aportaciones individuales para mejorar la versión del estudio que, en su momento, será elevada al Consejo de la CNMC para su aprobación", explica el organismo en su blog. No precisa si el documento definitivo se publicará o no antes de las elecciones del próximo 26 de junio.
Una sacudida al sector
El organismo que vigila la competencia en España reclamó una mayor liberalización en sectores que han sido sacudidos por estas plataformas tecnológicas que unen oferta y demanda. El principal: el transporte. Es en el taxi donde reclama dos medidas muy destacadas: la ausencia de tarifas marcadas y eliminación de los límites en la concesión de licencias. Son, según denuncia el organismo, las dos iniciativas “que han facilitado la aparición de rentas monopolísticas” en el sector.
En el segmento turístico, el organismo plantea medidas con las que eliminar lo que ellos entienden como barreras para el acceso al mercado del alquiler de viviendas de uso turístico. Entre las recomendaciones destaca la eliminación de la inscripción de las viviendas turísticas en un registro y la publicación del número como obligaciones, la retirada de cualquier requisito de estancia mínima o máxima o de la prohibición del alquiler de un inmueble por estancias o de la residencia permanente. No se queda ahí y recomienda la eliminación de cualquier tipo de moratoria en la autorización de nuevas viviendas turísticas.
El documento concluye que la regulación ha de estar a la altura para afrontar un fenómeno "de rápido crecimiento, de importancia económica y social creciente y que cuenta con un gran potencial de desarrollo”. “Tiene que estar motivada por la existencia de un fallo de mercado y debe ser proporcionada y no discriminatoria”, recuerda.