La Comisión Europea autorizó en abril dar un año más a España para rebajar el déficit del 3% y, por tanto, cumplir con el Pacto de Estabilidad. Bruselas concedió ocho décimas más de déficit para este año, esto es, algo más de 8.000 millones de euros, que Hacienda repartió a partes iguales entre las comunidades autónomas y la Seguridad Social. Este alivio ha sido vital para muchas regiones, ya que les ha permitido relajar sus ajustes. En el Plan Económico Financiero que han remitido al Ministerio de Hacienda (o que remitirán en las próximas semanas), ya se están ajustando a la nueva senda de reducción del déficit.

Sin embargo, este reparto del déficit que determinó el Ministerio de Hacienda todavía no es el definitivo. El Tribunal Constitucional fue quien determinó que la decisión del reparto del déficit corresponde a las Cortes Generales, por lo que la disposición del Gobierno no es definitiva hasta que obtenga el visto bueno del Parlamento. El Pleno del Constitucional dictó, en la Sentencia 215/2014 de 18 de diciembre de 2014, que “la Constitución Española reserva a ley orgánica la regulación de la distribución de los límites de déficit entre las distintas Administraciones públicas”. En otras palabras, que tiene que ser aprobado por una ley orgánica en las Cortes.

El Constitucional falló así en contra del artículo 16 de la Ley Orgánica 2/2012 porque “deslegaliza por completo” a la Constitución “al dejar dicha distribución al albur de los objetivos de estabilidad presupuestaria que fije el Gobierno para cada una de las comunidades autónomas”.

El calendario electoral se ha interpuesto en medio de toda la tramitación de la nueva senda del déficit y la elababoración del Plan Económico Financiero de las autonomías. Sencillamente, no ha dado tiempo a que pasara por las Cortes. De este modo, todas las decisiones trascendentales que están adoptando los parlamentos autonómicos para el futuro de sus cuentas públicas están condenadas a ser provisionales hasta que el nuevo Congreso apruebe el nuevo reparto del déficit. La decisión dependerá del resultado del 26-J.

Todo está en funciones

El propio ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, reconoció el jueves que tendrá que ser el próximo Parlamento quien decida definitivamente cómo quedan repartidos los 8.000 millones de euros de margen que ha concedido Bruselas. Una vez más, la parálisis política supone un foco de incertidumbre económica. Y el problema es que algunas regiones ya se han ajustado al nuevo objetivo de déficit del 0,7%. Es el caso de Andalucía, que en un primer momento iba a ajustar sus cuentas al objetivo del 0,3% del PIB y que ahora agotará todo el margen del déficit.

Sin embargo, para las decisiones formales, el 0,7% no es el objetivo real. El mejor ejemplo es el que ocurrió el miércoles, cuando la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó el reparto de los fondos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para cubrir el déficit del tercer trimestre. La Comisión sólo pudo aprobar fondos para asumir el déficit oficial, esto es, el del 0,3% del PIB y no podrá autorizar todo el reparto hasta el 0,7% hasta que no esté determinado por las Cortes.

La Seguridad Social no cumplirá

Hacienda repartió las ocho décimas de prórroga de Bruselas entre las dos administraciones que peor lo tenían para cumplir con el objetivo de déficit: la Seguridad Social y las comunidades autónomas. El reparto fue salomónico, cuatro décimas para cada una de ellas. Sin embargo, con los datos de ejecución presupuestaria de los tres primeros meses del año parece ser que el margen para las autonomías es suficiente para que cumplan su objetivo, mientras que para la Seguridad Social es prácticamente imposible.

La caída de las transferencias del Estado por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y el desplome de los intereses del Fondo de Reserva (conocido como hucha de las pensiones) hace imposible que un aumento de los ingresos por cotizaciones del 1,9% sea suficiente como para ajustar el déficit al objetivo.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) da casi por sentado que la Seguridad Social no podrá ajustarse al déficit del 1,1% del PIB marcado por Hacienda. Sin embargo, en el caso de las autonomías, el objetivo del 0,7% es “exigente, pero factible”. Las Cortes Generales que salgan de las elecciones del 26-J tendrán que aprobar cuál es el reparto de estas ocho décimas. Tiene sentido que mantengan el reparto como lo ha hecho Hacienda, pero eso nadie lo puede anticipar. Lo que no cambiará seguro es la distribución que ya había del margen del déficit que tenía España antes de la prórroga, esto es, el 2,8% del PIB.