Los factores demográficos. Ese es el gran problema de futuro que enfrenta España y que los últimos gobiernos no han querido afrontar. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha alertado hoy de la situación de debilidad de las finanzas españolas y de la necesidad de que todas las instituciones se impliquen en la elaboración de un plan a largo plazo para mantener la estabilidad de las cuentas públicas.
Una de las consecuencias del envejecimiento de la población es el incremento del gasto sanitario. José Luis Escrivá, presidente de la AIReF ha alertado que “nos preocupa la financiación de la Sanidad, que tiene una dinámica de gasto muy fuerte”. La mayor parte del gasto sanitario lo asumen las comunidades autónomas, por lo que “conviene que tengan unos mecanismos de financiación bien establecidos”. Escrivá ha explicado que algunas autonomías están infrafinanciadas para asumir los gastos que tienen asignados, por lo que el futuro de la Sanidad necesita un plan pactado por todas las Administraciones para asegurar su funcionamiento.
Conviene que las comunidades autónomas tengan unos mecanismos de financiación bien establecidos
En el marco del seminario de economía de la UIMP organizado por la APIE en colaboración con BBVA, Escrivá ha explicado que las comunidades tienen un déficit estructural de unos 8.000 millones de euros, en torno a un 0,8% del PIB, por lo que es necesario replantear la financiación autonómica para buscar el equilibrio de las cuentas públicas.
20.000 millones de déficit
Escrivá ha alertado de la necesidad de tener un plan de medio y largo plazo para cuadrar las cuentas públicas. A día de hoy, España tiene un déficit estructural de 20.000 millones de euros, de los cuales, en torno a 12.000 millones corresponden a la Seguridad Social y unos 8.000 a las comunidades autónomas.
Este déficit se aprecia bien en las previsiones económicas para 2019, que será un año en medio del ciclo económico y, por tanto, se podrá ver bien la situación real de las cuentas públicas. “El año 2019 es comparable con 2002 porque ambos están en el centro del ciclo”. En las casi dos décadas de expansión, posterior recesión y final recuperación, España pasará de tener una situación presupuestaria de equilibrio a un déficit estructural de 20.000 millones de euros, lo que requiere una acción decisiva de las Administraciones para atajar esta situación.
El deterioro de las cuentas públicas se ha producido principalmente por el aumento del déficit de la Seguridad Social ante el envejecimiento de la población. Este deterioro es de casi dos puntos del PIB según los cálculos de la AIReF. También se ha producido un importante aumento del gasto social, en especial destinado a Sanidad, Educación y Dependencia, equivalente a unos tres puntos del PIB. Este aumento se ha compensado con una caída del gasto en inversión equivalente.
Esta incapacidad de España para generar confianza sobre sus cuentas públicas ha acabado provocando un deterioro de la credibilidad en los inversores que se aprecia en la situación de la prima de riesgo que es incluso superior a Italia, un país que tiene una deuda pública que supera el 130% del PIB.
Escrivá ha explicado que si España tuviese un compromiso claro por mantener la estabilidad presupuestaria a todos los niveles de la administración conseguiría rebajar mucho el coste de su deuda. ¿Cuánto? Si el país tuviese una prima de riesgo como la de Bélgica, el ahorro en intereses a medio plazo sería de 10.000 millones de euros, ni más ni menos que un 1% del PIB.