Un nuevo rescate que volverá a costar cientos de millones de euros a las arcas públicas. Será en forma de pérdidas crediticias por la exposición de entidades públicas como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y otras empresas públicas con las que mantenía relación Abengoa. La multinacional andaluza lleva doce meses al borde de la quiebra tras su ampliación de capital fallida del verano de 2015 (650 millones), el rescate también truncado del grupo industrial Gestamp (familia Riberas) y la mala gestión de su negocio.

Con el preconcurso a punto de extinguirse, Abengoa afronta la recta final del respaldo a su plan de rescate por parte de acreedores y bancos, principales afectados de su potencial quiebra, con la amenaza de prórroga por parte de un grupo de inversores, como avanzó EL ESPAÑOL. El plazo inicial vence el 25 de octubre, si bien puede prorrogarse hasta principios de noviembre. La medida de presión llega cuando la Administración comienza a moverse después de meses instalados en el bloqueo institucional, situación mimética a la que se vive en el consorcio de fondos de inversión y bancos de los que depende Abengoa.

La Junta de Andalucía que preside Susana Díaz ha encabezado las peticiones de rescate de la compañía por la cuenta que le trae: de los 7.000 empleos que Abengoa tenía en España al cierre de 2015, más de 4.000 se encontraban en la comunidad autónoma que gobierna la líder socialista. Sin embargo, la ausencia de un interlocutor definitivo en Madrid por la sucesión de elecciones generales y los cambios ministeriales -con la dimisión del responsable de Industria- ha impedido una participación pública más activa en el proceso.

El empleo en Sevilla, en juego

“Se está haciendo lo indecible para salvar a la compañía. Ha habido contactos institucionales de alto nivel en esta dirección”, han venido insistiendo, de forma recurrente, fuentes próximas a la empresa durante las últimas semanas. En este sentido, fuentes financieras valoran positivamente la reciente revolución al frente del PSOE en Madrid que podría abrir la puerta a una abstención socialista y la consiguiente formación de un nuevo Gobierno que pueda dar cobertura al plan de rescate de Abengoa. La semana pasada trascendió que Cesce, aseguradora participada en un 51% por el Estado, aportará avales por valor de 300 millones de euros en la operación, uno de los puntos de fricción entre bancos y fondos.

La posibilidad de una prórroga podría dar al traste con el trabajo de meses para encontrar una solución para la compañía. El grupo sevillano se acogió a la protección judicial frente a sus deudores hace cerca de un año. El punto de partida no podía ser más preocupante: más de 10.000 millones de euros de deuda bruta y hasta 20.000 millones asociados en financiaciones a proyectos iniciados de energías o participados por la empresa. Desde entonces, el grupo no ha cesado en su reestructuración silenciosa vendiendo activos, cerrando proyectos y despidiendo empleados: la compañía tiene ahora 8.000 empleados menos, lo que supone un tijeretazo de un tercio a su plantilla global antes de la crisis.

Como informó este diario, el plan anunciado en agosto prevé que los acreedores se queden con el 95% de la empresa. Se convertirán en sus principales accionistas. Los bancos (Popular, Banco Santander, Bankia, Crédit Agricole y CaixaBank) se quedarán con el 40% de las acciones de la nueva compañía, los fondos de inversión que aportarán la nueva inyección de liquidez de 655 millones (KKR, Centerbridge, Elliot, Oak Tree, D. E. Shaw, Värde, The Baupost, Abrams y Hayfin Capital) tendrán otro 40%; y los accionistas históricos, entre ellos los Benjumea, un 5%.

Un negocio que se evapora

Con todo, el deterioro más rápido en el proceso de rescate de Abengoa se está apreciando en sus cuentas. Las pérdidas masivas comenzaron a manchar sus resultados desde el cierre de 2015 y en los últimos trimestres todo ha ido a peor: entre enero y junio, la compañía sevillana registró unas pérdidas de 3.689 millones de euros que contrastan con los beneficios de 72 millones de la primera mitad de 2015, debido al impacto contable por el colapso de su negocio y el deterioro del valor de sus activos. De los 3.689 millones perdidos, la mayor parte (3.079 millones) se corresponde con la pérdida de valor de sus negocios en Brasil y EEUU.

Precisamente, al otro lado del Atlántico, la compañía conoció una buena noticia. Una filial de Abengoa en EEUU en situación concursal consiguió el miércoles el visto bueno de un juzgado estadounidense para unirse al plan de reestructuración impulsado por el endeudado grupo español de ingeniería y renovables, según informa Reuters. El juez concursal estadounidense Judge Kevin Carey aprobó la solicitud de Abeinsa Holding Inc, una de los principales filiales estadounidenses de Abengoa que están en quiebra, para unirse al plan, desestimando las objeciones de acreedores.