“I’ve got to play some one-night stands, six for the taxman, one for the band”, John Entwistle

Uno de los aspectos más tristes del debate económico en España es que aquellos que se vanaglorian de defender “lo público” son precisamente los que lo hacen insostenibles y lo llevan a la quiebra. Pensar en partidas de gasto público desde la perspectiva del que nunca ha creado una empresa ni generado un puesto de trabajo, desde la visión cortoplacista del Sheriff de Nottingham.

En las pensiones, de las que hemos hablado en varias ocasiones aquí (lean “¿Quién pone en peligro las pensiones?”), se une la demagogia política con las soluciones mágicas que harían al sistema insostenible.

En España un pensionista medio cobra unos 970 euros al mes, más que en Finlandia (495 euros), Dinamarca (538 con un complemento que incluso así la hace inferior a la española), Irlanda (589) o Reino Unido (587 euros), incluso que Austria (953 euros), Francia (entre 700 y 800 euros), Holanda (900) o Bélgica (878). La media del conjunto de países europeos es 812 euros mensuales. No solo en media, sino en mínima, que supera también a Austria, Dinamarca, Reino Unido y Portugal. Con costes de vida, en todos los casos mencionados, muy superiores a España.

Tenemos un sistema de pensiones generoso. Las nuevas pensiones de jubilación del Régimen General han alcanzado los 1.500 euros, lo que significa el 93% del salario medio en España. España tiene la segunda mayor tasa de reemplazo de la OCDE (el porcentaje del último sueldo cobrado que se convierte en pensión). Superior al 80%, frente al 52% de media de la OCDE, el 55% de Francia o el 37% de Alemania. Así que, sepan Vds. que los que quieren “equiparar” a Europa lo que esconden es un recorte de las pensiones con el cuento social.

El sistema de pensiones en España se hace insostenible con la destrucción de empleo, y ese destrozo no se cubre con impuestos. La principal causa del déficit actual de la Seguridad Social son los 3,3 millones de empleo destruidos. Casi el 70% del deterioro neto del sistema durante los años 2009-2013, se debió exclusivamente a la reducción de ingresos por cotizaciones derivada del aumento del paro negando la crisis.

Ese deterioro, que dejó un déficit en 2011 de 7.705 millones de euros y que ya es de 17.000 millones no se cubre con impuestos. El efecto recaudatorio de las medidas que proponen los intervencionistas no llegaría ni de lejos a un 30% del déficit. Eso si nos creyéramos las estimaciones de ciencia ficción y que no tuviera un efecto negativo en inversión, empleo y crecimiento.

La reforma laboral no es la causante del déficit, es la solución. En 2011, por cada nueva pensión se perdían 3 afiliados. En lo que llevamos de 2016, por cada nueva pensión se crean 7 empleos. El sistema ya era deficitario en 2010-2011. Se han recuperado 1.660.000 de los afilados destruidos durante la crisis, la mitad del empleo perdido.

Además, los ingresos por cotizaciones efectivas han aumentado entre 2013 y 2016. Lo que ha caído en los ingresos de la Seguridad Social es la partida de “otros ingresos” (fuente IGAE vía Ángel Martínez Jorge). -La recaudación líquida total de la Seguridad Social ya crece a una tasa anual acumulada del 3,82%, superior a la tasa de afiliación y al PIB nominal.

En eso llegaron los genios de redistribuir la Nada y se les ocurre la brillante idea -que a nadie se le había ocurrido- de “destopar” las cotizaciones máximas.

¿Qué significa esto? Subir impuestos.

Las aportaciones que se realizan a la Seguridad Social por cada trabajador se fijan fundamentalmente por dos conceptos. Los tipos de cotización y las bases de cotización. Los tipos son un 28,30% por contingencias comunes, de los cuales el 4,7% lo aporta el trabajador y el 23,6% a cargo de la empresa. Y las bases (que se encuentran entre una base mínima y una máxima) van evolucionando cada año, dependiendo del salario.

Si se decidiera, como piden los sindicatos o Unidos Podemos, subir los tipos de cotización, tendría un doble efecto negativo. Subir impuestos y costes de contratación, es decir, atacar el consumo y el empleo para conseguir una supuesta recaudación adicional -que ellos estiman en 7.500 millones- que ni soluciona el déficit del Sistema ni apoya el crecimiento y la reducción del paro.

Para empezar, España ya tiene uno de los impuestos al trabajo más altos de la OCDE y de las cuotas sociales más altas. Eso, identificado por Olivier Blanchard y decenas de economistas, es uno de los grandes escollos a la contratación. Estudios del International Labour Review (Alain Euzeby) o la OCDE muestran que el aumento de las cuotas sociales tiene un efecto negativo tanto en crecimiento como en recaudación. No tenemos que rompernos la cabeza con estudios. Tenemos el ejemplo en casa. España es uno de los países con unas cotizaciones sociales más altas y sufrimos una tasa de desempleo media del 17,5% desde 1980.

Subir esas cotizaciones es un coste adicional al empleador y hace que el sueldo bruto del ciudadano llegue a ser más del doble de lo que ve en la nómina. Vamos, que encarece la contratación y pone en riesgo el empleo, mientras el ciudadano ve menos dinero en su cuenta.

Subir los tipos tiene efectos sobre el coste del trabajador contratado, y puede incidir negativamente -y está demostrado- en el empleo y el consumo.

Pero lo que ya es una broma de mal gusto es proponer que se quite el tope de las bases máximas (que suban las cotizaciones, es decir, los impuestos) y encima que no aumenten las pensiones máximas. Vamos, un efecto confiscatorio de libro. Cotiza usted más pero no tiene derecho a una mejor pensión.

Si se “destoparan” las bases máximas, tendrían que aportar algo más los sueldos superiores a 3.642 euros, pero si eso fuera así, lo justo es que también se incrementara la pensión máxima, porque en un sistema contributivo no se puede exigir contribuir a cambio de nada. Y eso es lo que proponen algunos. Contribuir a cambio de nada -lo que pervierte el concepto de sistema de reparto- y además, poner una bomba en los cimientos de la economía atacando al empleo y el crecimiento que soportan dicho sistema.

Curiosamente, todos los sistemas que han acudido a las subidas de impuestos en la Eurozona para “garantizar las pensiones” han conseguido lo contrario. Francia tiene un déficit superior a 10.000 millones de euros y lleva recortando pensiones desde que instauró la subida de cotizaciones sociales y el “impuesto solidario”. La última, el año pasado. Francia tiene una pensión mínima, media y máxima inferior a la española y una tasa de reemplazo mucho más baja. Y, por supuesto, lleva más de dos décadas en estancamiento.

Al final, los mismos que se arrogan la etiqueta de “social” y de defensores “de lo público” son los que lo hacen insostenible y lo destruyen.

Orientar el sistema español a un sistema mixto de reparto y capitalización, como tienen en Suecia y los países nórdicos y de Centroeuropa, no es “liberal”, es lógico.

El impacto demográfico -vivimos más, tenemos menos hijos- no se solventa subiendo impuestos, sino aumentando el empleo, atrayendo más empresas e inversión y mejorando la productividad. A impuestazos y políticas inflacionistas solo perpetuamos el desempleo y hundimos el poder adquisitivo de las pensiones. Luego, eso sí, le echarán la culpa a cualquier enemigo exterior.