En las campañas electorales para el 20D y el 26J el Partido Popular no se cansó de repetir lo importante que es cumplir con la senda de reducción del déficit pactada con Bruselas. Si este año acepta sus propios consejos, será la primera vez en los seis años de Mariano Rajoy que se ajusta a lo pactado con Bruselas. Sin embargo, el pasado no avala a este Gobierno, lo que se une al gran esfuerzo fiscal que hay que hacer este año. Para cumplir lo pactado, el Ejecutivo tiene que reducir el déficit en unos 15.000 millones de euros, esto es, el triple del ritmo promedio de los últimos cuatro años, que fue de 5.000 millones.

El reto es tan grande que los principales bancos de inversión y casas de análisis desconfían de las promesas de Rajoy. La gran mayoría coincide en que el gasto público aumentará a un ritmo superior al anticipado por el Ministerio de Hacienda, lo que llevará al Gobierno a incumplir el déficit pactado con Bruselas. Si se cumplen los augurios de los expertos, Rajoy todavía tendrá que acometer una nueva ronda de ajustes antes de que acabe el año, ya sea subiendo los impuestos o recortando los gastos.

De todo el elenco de entidades que conforman el consenso de mercado de Bloomberg, 23 han revisado sus previsiones de déficit para España después de que el Gobierno hiciera público el Plan Presupuestario para este ejercicio. De todas ellas, solo una cree que cumplirá el compromiso de acabar el año con un déficit del 3,1%, Oxford Economics. El resto, ninguna se cree las promesas del presidente y su equipo económico. Por ejemplo, Natixis, ING y Barclays temen que el déficit se irá hasta el 3,9% del PIB, esto significa un desfase de algo más de 8.000 millones de euros respecto al objetivo.

Una de las entidades más críticas con las cuentas del Ejecutivo es HSBC, que la semana pasada actualizó sus previsiones para Europa. La entidad británica cree que el Gobierno no solo no llegará este año a rebajar el déficit hasta el 3,1% del PIB, es que tampoco lo conseguirá el próximo año. HSBC teme que el desfase de las cuentas públicas siga en el 3,3% cuando termine el año 2018. Y no es la única entidad que piensa así. Natixis cree que el déficit seguirá en el 3,4%, mientras que ING coincide con HSBC y sitúa su previsión en el 3,3%.

Techo de gasto

El Gobierno ha defendido ante Bruselas que, de los 15.000 millones que tiene que ajustar, en torno a 10.000 millones se conseguirán solo con el ciclo económico. El incremento de los impuestos gracias a la mayor actividad económica y la inflación, combinado con una reducción de los gastos en el desempleo, permitirán hacer la mayor parte del ajuste sin esfuerzos, según prometió el Ejecutivo a Bruselas. Sin embargo, los analistas no terminan de creerse este discurso.

Una parte del problema está en la promesa de Rajoy de que controlará el gasto público. Sencillamente, no se lo creen. El Gobierno ha prometido a Bruselas que el consumo público se incrementará un 0,9%, una décima menos que en 2016 (según las estimaciones), pero los analistas creen que en realidad aumentará un 1,1% este año y un 1% el próximo.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también duda de la palabra de Rajoy y contempla la posibilidad de que el gasto se desvíe al alza. En concreto, la Autoridad valora una horquilla de probabilidades que van desde el estancamiento total del consumo público, hasta un incremento del 4%. Esto significa que el mayor riesgo está al alza.

Los analistas tampoco creen que el crecimiento del PIB sea tan vigoroso como cree el Gobierno. Sin embargo, en este caso, Rajoy y su equipo económico tienen la credibilidad de que sus estimaciones de actividad tradicionalmente han sido conservadoras. Para este año los analistas anticipan un avance del PIB del 2,3%, por debajo del 2,5% del Gobierno, y del 2,1% para 2018, frente al 2,4% del Gobierno.

Para la AIReF el cuadro macroeconómico del Gobierno es realista, sin embargo, existen una serie de riesgos que podían desviar a la baja las previsiones. La Autoridad señala que “en los próximos trimestres, la materialización de determinadas contingencias podría afectar negativamente al entorno exterior de la economía española”.

Estos riesgos se concentran en cuatro factores. El primero es la incertidumbre del Brexit, que todavía tiene que negociarse y que se desconoce hasta qué punto puede afectar al comercio y los flujos de inversión. El segundo es el debilitamiento del comercio mundial que se viene percibiendo en los últimos trimestres. El tercero es el riesgo de que los tipos de interés negativos que se prolongue en el tiempo afectando a la evolución económica. Y, por último, el repunte del precio del petróleo que podría afectar especialmente a España si se mantiene el ritmo de los últimos meses.

Para terminar, los analistas tampoco se creen que el Gobierno sea capaz de solucionar el mayor problema para los españoles tan rápido como promete: el desempleo. Los cálculos del Ejecutivo es que en 2017 conseguirá reducir la tasa de paro hasta el 17,6%, el mejor dato desde el inicio de 2009. Sin embargo, los analistas creen que todavía seguirá por encima del 18,3% dentro de un año, lo que supone en torno a 150.000 empleados menos de los que estima el Gobierno. Para 2017 la distancia es todavía mayor, ya que en vez del 15,6% de paro en el que confía el Gobierno, ven el desempleo en el 17,3%.

Cumplir por fin

El tortuoso camino para cumplir (por fin) con los compromisos de déficit sin prórrogas pasa por un fuerte ajuste en la Administración Central, que tendrá que asumir 11.000 millones del ajuste, mientras que 3.000 millones recaerán sobre la Seguridad Social y 1.000 millones sobre las comunidades autónomas. Estos datos son todos teniendo en cuenta que los tres subsectores cumplan los objetivos de este año, que en el caso de las comunidades autónomas está en serias dudas. El Ministerio de Hacienda confía en un superávit de 4.000 millones en los ayuntamientos como margen para el resto de sectores, lo que libera responsabilidades sobre el resto de Administraciones.

El Gobierno aprobó una subida de impuestos para elevar los ingresos del Estado en 7.000 millones de euros, que incluyen 4.800 millones de incremento estructural de la tributación, como exigía Bruselas.

A la incertidumbre sobre los ingresos hay que añadir el riesgo de que el gasto público se desvíe. El Gobierno y el resto de Administraciones Públicas han mostrado una gran capacidad para incumplir la regla de gasto y todos los compromisos adquiridos, por lo que los precedentes no son halagüeños. La actualización del Plan Presupuestario enviada a Bruselas incluye un incremento del consumo público del 0,9% para 2017, sin embargo, la AIReF contempla la posibilidad de que el gasto se desvíe al alza. En concreto, la Autoridad valora una horquilla de probabilidades que van desde el estancamiento total del consumo público, hasta un incremento del 4%, esto significa que el mayor riesgo está al alza.

Uno de los principales problemas para contener el gasto público está en las comunidades autónomas, que sistemáticamente están incumpliendo la regla de gasto. En este caso se unen tres factores que hacen que las regiones no cumplan sus compromisos. El primero es la permisividad de Hacienda para aceptar que se vulnere sistemáticamente la Ley de Estabilidad; el segundo es la infrafinanciación de algunas autonomías y, el tercero es la ausencia de incentivos que tienen las autonomías para ajustar sus cuentas.

Al inicio de 2016 parecía que las comunidades autónomas se ajustarían a las metas establecidas, pero a estas alturas del año todo indica que volverán a incumplirlas. La AIReF cree que superarán claramente el límite de déficit del 0,7%. Esto significa que necesitarán un ajuste mayor para 2017. Pero la AIReF también alerta de que los objetivos de déficit simétricos para todas las autonomías dificultan que el conjunto del subsector cumpla la meta fijada en el 0,6%.

La Autoridad Fiscal señala que algunas autonomías, entre ellas Extremadura, Murcia, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, tendrán que realizar un esfuerzo estructural significativo para cumplir con el objetivo de déficit del 0,6%, lo que eleva el riesgo de incumplimiento. Si es así, las autonomías volverán a ser un quebradero de cabeza para Hacienda.