Daniel tenía 18 años cuando sufrió un accidente de coche, el que determinó que el resto de su vida iba a moverse en silla de ruedas. Hoy, con 45, no puede acceder al piso en el que vive su madre porque la comunidad de vecinos no quiso instalar una plataforma apta para las sillas de ruedas para sobrepasar los 8 escalones que llevan hasta el ascensor. Lo que se instaló fue una especie de silla "que solo sirve para aquellos que no pueden andar bien, como los ancianos, y ni siquiera eso", explica Daniel, que apunta a que "se hizo por estética". 

Este hombre no duda en sumarse a la petición que ha hecho el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) al Ministerio de Fomento. Mediante un escrito, el Cermi pide que se promueva "con urgencia" una nueva modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, de 1960, para favorecer el acceso a una vivienda "digna y adecuada" a las personas con discapacidad y mayores.

A pesar de que se han realizado mejoras en la citada ley en los años 2003, 2011 y 2013, "no se ha conseguido" que la normativa garantice subsanar la entrada y salida de personas mayores o con discapacidad de sus hogares "en igualdad de condiciones" que el resto de sus vecinos.

Concretamente, el Cermi precisa que hay comunidades de propietarios que "no sufragan" el coste de las reformas que requieren muchos edificios para eliminar las barreras arquitectónicas. De hecho, la ley solo obliga a que las comunidades se hagan cargo de estas obras cuando la cuantía no excede los 12 meses de derrama. Si es superior, no están obligadas y se someterá a votación. En este sentido, la reclamación del comité pasa por una mejora de la normativa para equipararla a "otras obligaciones" que corren a cargo de la comunidad como las derivadas de las condiciones estructurales, la habitabilidad o la seguridad.

"No estamos pidiendo que todos los edificios sean accesibles y que haya que hacer las obras, pero si se da la situación de que un vecino lo necesita debe serlo", explica a EL ESPAÑOL Óscar Moral, asesor jurídico del Cermi. Si no, se da un "coste social mayor", apunta. Daniel, por ejemplo, no puede acudir a ver a su madre. Si la comunidad de propietarios no se hace cargo del coste de las obras, "muchos se ven obligados a abandonar el edificio o a terminar en una residencia" por no poder pagar la cuantía, insiste Moral. "Si el hijo del presidente de la comunidad estuviera en mi situación, seguro que no se plantearía si instalar o no la plataforma", lamenta Daniel.

"Los partidos lo entienden, pero..."

¿Qué dice Fomento al respecto? La toma de posesión del nuevo ministro, Íñigo de la Serna, es reciente, pero el Cermi indica que ya han iniciado contactos. La actitud de los partidos "siempre es positiva", explica el comité, que asegura que tratan de "entender la situación", pero los cambios van despacio y no han logrado, de momento, compromisos concretos.

"Sin accesibilidad, entendida en el sentido de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el derecho a una vivienda digna se hace, para este grupo de población, extremadamente difícil o incluso llega a verse vaciado de contenido", indica el Cermi en el texto que ha dirigido al Ministerio de Fomento.

Mientras tanto, el coste es "cada vez mayor". Tribunales, papeles... "Conocemos a personas que han fallecido esperando a que les dieran la razón", apunta Moral, que añade: "Cercenan sus derechos no solo como propietarios, sino como personas".