El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital ha hecho una de las cosas que los funcionarios españoles creían que estaban prohibidas: indicar precios desde el Ejecutivo sin ser la autoridad encargada de fijarlos. Álvaro Nadal declaró a Carlos Herrera en la Cope que, con la actual subida de la energía, el recibo de la luz “nos va a costar 100 euros más al año”. Fue más prudente y ambiguo a la hora de referirse a las gasolinas, de las que dijo que nos costará "unos euros" más llenar el estanque.

No es habitual que los ministros se refieran con tanto detalle a la evolución de los precios en un mercado regulado. Hasta ahora, el pudor institucional lo impedía. No fuera a suceder que los empresarios se sintieran estimulados a subir sus precios hasta donde ha vaticinado el ministro.

El Estado ha ganado posiciones a la hora de interferir en los asuntos privados y muchos españoles lo permiten con tal de que les libren de sus malas decisiones 

Los ciudadanos esperan que un ministro que ha demostrado ser tan listo como Nadal al menos mejore la actual situación, ya que tontos para empeorarla hay de sobra. Con la actual fórmula para determinar el precio minorista de la electricidad (el promedio del precio mayorista en el periodo facturado) se ha perdido toda la predictibilidad que existía sobre el precio con el sistema de subastas. Éstas tenían graves problemas, pero eran mucho más transparentes y permitían conocer exactamente cuál sería el precio el trimestre siguiente y por qué. Ahora, aquí te pillo, aquí te mato y el Ejecutivo no se lo ha explicado suficientemente a la opinión pública. 

En la España actual, donde el Estado ha ganado posiciones a la hora de interferir en los asuntos de las empresas privadas y de las personas, y en la que muchos españoles parecen dispuestos a que intervengan en sus asuntos con tal de que les libren de sus malas decisiones, que un ministro indique precios como si fuera un analista o comentarista del sector parece un asunto nimio.

La sabiduría convencional parece haber llegado a la conclusión de que la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2013 anuló todas las cláusulas suelo y no es así

Algo similar ocurre con el pacto entre el PP y el PSOE en torno a las cláusulas suelo, anunciado ayer por el ministro Luis de Guindos. Aún pendientes de conocer el rango y contenido de la norma que prepara el Gobierno, resulta difícil imaginar a título de qué el Ejecutivo se va a inmiscuir en un acuerdo entre particulares como es el contrato hipotecario sin generar un precedente para que esta intromisión se extienda a negocios análogos. Pareciera que las decisiones del Consejo de Ministros no tuvieran límites.

La sabiduría convencional parece haber llegado a la conclusión de que la sentencia del Tribunal Supremo que en marzo de 2013 anuló varias cláusulas suelo, las anula todas automáticamente, cuando no es así. En realidad, el Supremo anuló aquellas que consideró que no son “comprensibles” ni “transparentes”. Por lo tanto, un tribunal debe examinar cada caso y valorar el nivel de información y el perfil del cliente. 

Si el Gobierno, tras el acuerdo del PP y el PSOE, asume esta perspectiva popular corre el riesgo de usurpar el papel de los tribunales o de realizar una labor declarativa que incluso excede la de estos. Vivimos tiempos extraños, donde las acusaciones de populismo se han mutiplicado hasta devaluarse, pero el Poder Ejecutivo debería reconsiderar su perímetro de actuación siendo consciente de que es fácil incurrir en el abuso indeseado. Prescindencia, contención y prudencia no parecen ser malas cualidades para quien gestiona el poder del Estado.