Como se preveía, no ha existido consenso. Estibadores y Fomento no han logrado ponerse de acuerdo. Después de retrasar una semana la aprobación del Real Decreto Ley que liberalizará el sector como exige Bruselas, finalmente se validará este viernes en el Consejo de Ministros. "Es una obligación del Gobierno, que no tiene más salida que reformar la Ley", ha explicado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, este jueves, añadiendo que "estamos atados de pies y manos". 

La reforma, no obstante, se aprobará sin contar aún con el respaldo de los grupos parlamentarios del Congreso, donde el texto debe validarse posteriormente. Cabe recordar que en los últimos días, desde el grupo de Unidos Podemos se han posicionado en contra alegando que "es fundamental que el Gobierno se siente a dialogar con los afectados para consensuar las reformas, tal y como demandan desde los sindicatos".

De la Serna, por su parte, insiste en que los aspectos que proponen los sindicatos "sí pueden abordarse por la vía de la reforma colectiva". Por eso, Fomento no se sentó en la última mesa de negociación, sino que ya el pasado martes se reunieron con la patronal y el mediador designado por el Gobierno, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña.

Por lo tanto, sigue adelante el calendario de nueve días de paros convocado por los sindicatos de los puertos a partir del próximo 6 marzo que, al estar programados en días alternos, se extenderán durante tres semanas.

Liberalizar el sector

Las empresas del sector deben poder contratar libremente a sus trabajadores, y así lo exige la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2014. Con el sistema actual, las compañías estibadoras no pueden contratar a quienes quieran, sino que están obligadas a contratar a trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep), en cuyo capital están, además, obligadas a participar.

Si no se modifica el actual modelo de estiba, el Estado deberá pagar 134.000 euros al día de multa por no cumplir la normativa comunitaria. "Entiendo que los sindicatos hagan lo posible por mantener su 'status quo', pero ello sería a costa de ocasionar una sangría al bolsillo de los españoles y una huelga que perjudicaría a la economía del país", ha asegurado este jueves el ministro.

Según explicó el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, la reforma da libertad a las empresas de formar parte o no de la Sagep, garantiza la libertad de contratación y cumple las exigencias de formación que se requieren para los trabajadores de la estiba, otorgando el certificado profesional a aquellos que acrediten cien jornadas de trabajo.

Desde Fomento pretenden que el nuevo modelo pueda tener tres años para adaptarse. Durante el primero, deberán contratar al 75% de los trabajadores de la Sagep, al 50% el segundo y al 25% el tercero. En ese momento, estos organismos tendrán que transformarse en centros portuarios de empleo o ETT.