El sindicato CSIF ha pedido este viernes un decreto ley que "desbloquee" las oposiciones de empleo público, pues 50.000 vacantes por jubilación de docentes no universitarios quedarían sin cubrir si las autonomías no sacan plazas este año ni se acumulan a la convocatoria de 2018.

La oferta de empleo público de 2017 está ligada a la ley de presupuestos del Estado de este mismo ejercicio, aún no aprobada por las Cortes, según fuentes de Hacienda, pues es donde se fijará la tasa de reposición de bajas por jubilación para todas las administraciones.

En rueda de prensa, el presidente de enseñanza de CSIF, Mario Gutiérrez, ha interpretado que existe un "chantaje" recíproco entre las comunidades y el Gobierno, "tensiones" entre Educación y Hacienda y que todos los partidos tratan de "utilizar" la situación. En este sentido, ha añadido que se está aduciendo "inseguridad jurídica" como "arma política", y ha aludido a "discrepancias" entre abogados del Estado sobre los efectos de los presupuestos de 2016, que están prorrogados.

"Es muy difícil llenarte la boca de pacto de Estado educativo cuando no quieres solucionar el problema de la inestabilidad docente", ha comentado.

Reunión con Educación este martes

CSIF, mayoritario entre los funcionarios, planteará este asunto en la reunión que los sindicatos de representación nacional mantendrán el martes próximo con responsables del Ministerio de Educación, y también lo hará en la mesa general de la función pública, que preside Hacienda. Además, el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, también se lo expondrá a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el lunes próximo, ha anunciado Gutiérrez.

Ha argumentado que las oposiciones no supondrían un aumento de los gastos de personal, pues los interinos pasan a ser fijos sin más, y ha defendido una "armonización" de las convocatorias en las distintas comunidades. El responsable sindical ha alertado de un aumento "muy significativo" de la inestabilidad laboral y de un daño "muy terrible" si no hay soluciones.

En este sentido, ha calculado el nivel de interinidad por encima del 20%, con una horquilla que va del 16% de Andalucía al 30% de Aragón o la Comunidad Valenciana y el 40% de Melilla, cuando los estándares europeos de buena gestión son del 8%, ha informado. También ha indicado que el 36% de la plantilla supera los 50 años.

El encargado de universidades, Ramón Caballero, también ha denunciado la tasa de temporalidad "extraordinaria" de profesores e investigadores, un 42 %, siendo del 21 % entre el personal de administración y servicios.

Igualmente ha advertido de las consecuencias laborales si no se convocan los proyectos de 2017 del plan estatal de investigación.

Varias han renunciado ya

Varias comunidades han renunciado ya a convocar oposiciones de profesorado no universitario este año, y otras se lo piensan por la falta de presupuestos del Estado de 2017 y la incertidumbre de su aprobación, lo que genera malestar entre los sindicatos.

La oferta de empleo público de 2017 para todos los sectores de las administraciones está ligada a la ley anual de cuentas del Estado de este mismo ejercicio, donde se fija la tasa de reposición de las plazas vacantes por bajas, debidas fundamentalmente a jubilaciones.

Las oposiciones de docentes deberían convocarse y celebrarse con antelación suficiente para que los profesores puedan incorporarse ya al curso siguiente, según fuentes de Educación de varias comunidades.