No hay duda alguna en la afirmación de que la población española está cada vez más envejecida. Pero unos sectores lo están más que otros. Es el caso del preocupante panorama que se desprende de la evolución que está experimentando nuestro sector público. Desde hace dos años y por primera vez en nuestra historia, la cantidad de asalariados públicos mayores de 60 años se posicionaba por encima de aquellos trabajadores de instituciones públicas menores de 30 años.

El principal desencadenante de este fenómeno de envejecimiento en nuestro sector público ha sido la crisis económica y en gran parte la política de recortes implantadas por los sucesivos gobiernos de PSOE y PP. Entre las razones se encuentran la falta de reposición de bajas y jubilaciones. Concretamente fue el Real Decreto-ley 20 de 2012 el que estableció la prohibición de la incorporación de personal al conjunto de las Administraciones Públicas.

Las estadísticas muestran una clara tendencia de envejecimiento en detrimento de la incorporación de personal joven a las administraciones públicas. En concreto, según los datos recogidos en la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de trabajadores mayores de 60 años en el sector público ha aumentado en un 62% desde el año 2008 hasta el cierre del pasado año. Por otro lado, la presencia de jóvenes menores de 30 años en el conjunto de las Administraciones se ha visto mermada en un 51% en el mismo periodo. Antes del estallido de la última gran crisis económica, el número de empleados por debajo de la treintena estaba en 350.000 trabajadores. Sin embargo, en el último trimestre de 2016, esta cifra había descendido hasta los 173.000 empleados. Es una de las consecuencias de la tasa de reposición, que ha limitado la contratación de nuevos funcionarios.

En sentido inverso, el número de asalariados del sector público mayores de 60 años ha pasado de tan solo 150.000 en el año 2008 a los actuales 251.000 trabajadores. Aunque este fenómeno también se ha dado en el resto de países de la Unión Europea, en España el número de trabajadores en la Administración Pública entre 50 y 64 años se ha elevado en un 61%. Sin embargo, en el siguiente país con un mayor incremento en esta mismo tramo de edad, Polonia, el ascenso solo supuso un 33% entre 2008 y 2015.

Baja la satisfacción de nuestro sector público

De la misma forma que las políticas restrictivas han contribuido a envejecer nuestro sistema público, la valoración del mismo por parte de la ciudadanía también se ha visto reducido a lo largo de la crisis. Según un informe del Instituto de Estudios Económicos, presentado este miércoles en la sede de la CEOE de Madrid con la asistencia del Ministro de Justicia Rafael Catalá, la satisfacción de los ciudadanos con el sistema sanitario se ha visto mermada en relación al año 2007. De hecho, antes de la crisis los ciudadanos españoles teníamos una confianza en nuestras instituciones sanitarias por encima de la media de la OCDE y esa percepción ahora se ha revertido.

Especialmente preocupante, tal y como señala el estudio, es la percepción del sistema educativo el cual ha visto caer su grado de satisfacción hasta 10 puntos porcentuales, pasando de estar junto a Alemania o Holanda, para pasar al nivel de Hungría o Estonia. En cuanto al sistema judicial, España también ha caído hasta situarse en línea con Polonia o la República Checa.

Otro de los aspectos negativos en los que se hace especial hincapié en el informe es aquel en que se relaciona el partido político en el poder con la permanencia o no de los altos cargos públicos. Francisco Longo, profesor de ESADE y uno de los firmantes del estudio, señalaba que esta colonización política es “excesivamente alta en los altos directivos públicos”. Es decir, en España, el color político de cada etapa electoral determina claramente la rotación de estos altos puestos en la Administración Pública.

Características del empleo público

Definir el tamaño del sector público en cada país presenta varias dificultades relacionadas con el tipo de jornadas laborales y su remuneración. Según el informe del IEE, en España, el porcentaje de trabajadores públicos sobre el total de personas empleadas se sitúa en el 17%, cuatro puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE. Poniéndolo en perspectiva, este dato nos sitúa en el mismo nivel que Portugal o Italia, pero hasta 18 puntos por debajo de Dinamarca o Noruega.

Sin embargo, aunque esta primera aproximación representa un tamaño de nuestro sector público demasiado bajo, los profesores encargados del estudio remarcan la necesidad de relacionar este dato con el porcentaje del empleo dedicado a tiempo parcial y la remuneración total de estos asalariados.

El empleo parcial en las instituciones públicas solo representa en nuestro país un 9%, mientras que en otro países de Europa, como Alemania, Austria o Bélgica, este dato supera el 15%. En cuanto a la remuneración de los asalariados públicos sobre el PIB, España marca los mismos datos que la media del conjunto de la OCDE, en torno al 10%.

Debido a estos dos fenómenos, aunque el número de trabajadores del sector público en España esté por debajo de la media de los países occidentales, el poco peso del empleo parcial sobre el total significa que tenemos menos trabajadores pero con un mayor número de horas.

Confianza en el sistema

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, encargado de clausurar el acto de presentación del informe, se mostró optimista en cuanto al panorama del sector público en España. “Podemos estar orgullosos y satisfechos, estamos mejorando en efectividad” puesto que “ha habido un ajuste de empleo público coherente con lo que ha estado pasando en España”, indicó el ministro.

Sin embargo, tampoco quería “desbordar optimismo”. “Como decía Churchill, en toda calamidad existe una oportunidad”, señaló Rafael Catalá en cuanto a las actuales negociaciones para abordar nuevas ofertas de empleo públicas. El ministro de Justicia ve así en esta probable nueva OEP una herramienta para acabar con el envejecimiento y la temporalidad del sector público en España.