El Ministerio de Hacienda y Función Pública presentará una oferta de empleo público (OEP) para este año que será superior a la del ejercicio anterior, con una tasa de reposición superior al 100% de las jubilaciones que se produzcan en los sectores de Educación, Sanidad y Justicia, y del 50% en el resto de ámbitos, y planea un proceso excepcional que permita reducir la temporalidad del 25% hasta el 8%, en un plazo de 3 o más años, según informó CSIF en una nota. Sin embargo, esta propuesta está lejos de lo que piden los sindicatos, que exigen la convocatoria de entre 350.000 y 300.000 plazas de funcionarios para sustituir los trabajos temporales por indefinidos.

Así se lo han trasladado desde Hacienda a los sindicatos en la reunión de este martes del Grupo de trabajo sobre empleo temporal en las administraciones públicas, en el ámbito de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas: CC.OO, UGT y CSIF.

No obstante, CSIF ha señalado que esta propuesta todavía debe definirse al detalle para dar solución al problema del exceso de interinidad las Administraciones, incluyendo a la totalidad de los sectores y ámbitos.

Según los sindicatos, desde Función Pública les han comunicado que previsiblemente se establecerá una tasa de reposición de hasta el 100% para los sectores denominados prioritarios y hasta el 50% en el resto de los ámbitos, siguiendo la tónica de la oferta de empleo del anterior ejercicio, si bien las organizaciones sindicales defienden la supresión de la tasa de reposición.

En cualquier caso, estos puntos de negociación serán debatidos en próximas reuniones, que concluirán el próximo día 16, donde se podría discutir la revisión de las retribuciones, con la intención de tener cerrado el capítulo de personal antes del día 30 de marzo, para la presentación del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), según habría comunicado Hacienda en la reunión de este martes.

Tras la última reunión entre Hacienda y los sindicatos, del pasado 14 de febrero, CC.OO. y UGT enviaron una carta a Montoro en la que le pedían la eliminación de la tasa de reposición y un incremento progresivo de las plantillas, conforme a las necesidades de los servicios públicos en cada administración.

Posible ampliación

CSIF ha valorado que el Gobierno haya decidido desbloquear la oferta de empleo público con la presentación de un proyecto de presupuestos generales del Estado, tal y como reclamaba, si bien considera que esta primera oferta es "aún insuficiente".

Así, reclama eliminar la tasa de reposición para reducir el déficit de 300.000 empleos perdidos desde 2011 y considera que el proceso todavía tiene "muchas incertidumbres", puesto que los Presupuestos no tienen aún el apoyo de una mayoría parlamentaria estable.

En este sentido, Hacienda ha informado de que podría ampliar el listado de ámbitos de la Administración en los que se podrán cubrir todas las plazas de personal jubilado. El año pasado estos ámbitos fueron: Educación, Sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, lucha contra el fraude fiscal, Justicia, extinción de incendios, prisiones o servicios sociales, entre otros.

Reducir la temporalidad al 8%

En lo que se refiere al personal interino, desde el Ministerio de Hacienda se planea realizar un proceso excepcional que permita reducir la temporalidad del 25% hasta el 8%, en un plazo de 3 o más años, en la Educación, la Sanidad y la Justicia, sin hacer mención al resto de sectores, según ha informado CSIF.

Para el sindicato, esta propuesta "defrauda las expectativas generadas en miles de personas que siguen con atención los planes del Gobierno, tras conocerse las sentencias del Tribunal de la UE".

En este sentido, CSIF seguirá trabajando para que Hacienda realice una oferta de empleo público excepcional que permita reducir la temporalidad en las administraciones públicas y en la que se valore la labor y la experiencia de este colectivo, que ha trabajado de manera ejemplar durante estos años de crisis.

Las centrales sindicales denuncian un déficit de 300.000 puestos de trabajo públicos desde 2011 por la no cobertura de jubilaciones, en un contexto, además, que se ve agravado por el envejecimiento de la plantilla pública, ya que el 63% tiene más de 50 años, y en torno a 230.000 se encuentran a las puertas de la jubilación.