El Gobierno y los sindicatos ultiman una oferta de empleo público (OEP) de al menos 250.000 plazas para los próximos tres ejercicios, con la que se reducirá la temporalidad y la interinidad del 25% actual al 8%, según informaron en fuentes sindicales.

Esta es la última cifra que han consensuado Gobierno y sindicatos en la reunión celebrada este miércoles en el marco de las negociaciones previas a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en la que se fijarán las cifras definitivas de la oferta de empleo público histórica y se comunicará la cifra de incremento salarial de los empleados públicos para este ejercicio a incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que aprobará el Consejo de Ministros el viernes 31 de marzo.

Fuentes de CSIF han destacado que en esta última reunión de las organizaciones sindicales con el Ministerio de Hacienda se ha avanzado en la negociación, ya que los sindicatos habrían conseguido que el Gobierno considere como puestos esenciales un mayor número de ámbitos de la Administración General del Estado (AGE) de los que contemplaba en un principio.

En concreto, Función Pública estaría dispuesto a aceptar que, junto a Sanidad, Justicia y Educación, los ámbitos en los que ya se había llegado un acuerdo de reposición del 100% de los trabajadores jubilados, también se extrapole a los referidos a los servicios de atención directa al público, de forma que se añadirían ámbitos como el de las oficinas de DNI, la Seguridad Social, los servicios de empleo o la Dirección General de Tráfico (DGT).

Posturas "más cercanas"

Por su parte, fuentes de UGT explicaron que la reunión no ha sido concluyente, aunque destacaron que en materia de empleo hay un posicionamiento "más cercano". Así, la próxima semana se celebrará una nueva reunión previa a la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que podría fijarse para el 28 o 29 de marzo, o el jueves 30 de marzo, un día antes de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de Presupuestos para 2017 en el que se incluirá la OEP y el incremento de salario de los empleados públicos para este año.

La intención de Hacienda es convocar una OEP con un número suficiente de plazas como para reducir la interinidad en el empleo público del 25% actual al 8%.

NEGOCIACIÓN "ENCALLADA" EN MATERIA SALARIAL

Tanto UGT como CC.OO. piden a Montoro la convocatoria de al menos 360.000 nuevas plazas y un aumento del salario de los empleados públicos de carácter básico que, como mínimo, supere el IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%. Asimismo, también pedían junto a CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), la eliminación de la tasa de reposición para reducir el déficit de 300.000 empleos perdidos desde 2011.

En materia salarial, las mismas fuentes señalaron que la negociación está "encallada", ya que los sindicatos consideran que el aumento de la retribución de los empleados públicos debería ser superior al 1%, para que no sigan acumulando pérdida de poder adquisitivo el IPC del 3% actual.

Los sindicatos reclaman al Gobierno la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos perdido durante los años de crisis, tras la bajada del 5% aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y la congelación de los mismos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy.

De esta forma, Hacienda convocará de nuevo a los sindicatos a una nueva reunión la semana que viene, en el marco de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en la que se establecerán las cifras definitivas previo a la aprobación de los Presupuestos el 31 de marzo.

Tras la aprobación por parte del Gobierno de las cuentas públicas, estas entrarán en el Parlamento los días 3 ó 4 de abril y se prevé que la votación de las enmiendas a la totalidad se produzca en la primera semana de mayo. Si se supera ésta, el proyecto de Ley pasará a la Comisión de Presupuestos, donde se producirán las comparecencias de los secretarios de Estado de cada Ministerio y concluirá con un dictamen tras debatir las enmiendas.

La votación del Presupuesto por secciones, una vez incorporadas las enmiendas podría producirse la última semana de mayo. Si el Gobierno logra que sus cuentas superen esa votación, las cuentas pasarán al Senado donde el PP tiene mayoría absoluta. Tras este trámite, el Ejecutivo espera que el Congreso de la aprobación definitiva la tercera semana de junio y las cuentas de 2017 vean la luz con la que sería la mayor oferta de empleo público convocada desde el inicio de la crisis.