Así lo ha manifestado la formación naranja, a través de su portavoz en la Comisión de Fomento en el Congreso, Fernando Navarro, que ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo, así como la comparecencia del ministro Íñigo de la Serna, para que informe en la Cámara Baja de este plan "presentado unilateralmente por el Gobierno".

El proyecto, anunciado la semana pasada bajo el nombre de 'Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras, supondrá una inversión de 5.000 millones de euros sobre más de 2.000 kilómetros de carreteras durante los próximos cuatro años, con financiación pública y privada y con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Para la formación naranja, supone seguir impulsando un modelo "basado en el corto plazo y en el sector de la construcción" --un sector "con baja productividad", apuntan-- y llama "a considerar de verdad la utilidad real de las infraestructuras, que es la de servir de base para el desarrollo económico, la vertebración y la cohesión territorial, la accesibilidad y la conectividad de empresas y consumidores".

¿CUÁL ES SU "UTILIDAD REAL"?

En su exposición de motivos, Ciudadanos lamenta que, aunque el Estado pagará a las constructoras, que tienen asegurada una rentabilidad mínima, para que estas asuman la responsabilidad de las infraestructuras, "no se menciona nada acerca de su utilidad real, sobre todo en el transporte general y en la economía de este país, más allá de los empleos que se generan en su construcción y mantenimiento".

En este sentido, critica que el Gobierno "no especifique de dónde salen" los 150.000 empleos anunciados para este plan durante la fase de inversión y los 39.200 nuevos empleos durante los 30 años de fase de mantenimiento.

Así, denuncia que los recursos que se ponen al servicio del plan "podrían hipotecar la economía española, como ya ha ocurrido con las concesiones sin utilidad que actualmente estamos pagando", y recuerda los casos de las autopistas radiales quebradas o el proyecto Castor.

"De esta manera, se continúa con el modelo económico basado en el hormigón y el ladrillo, y no se afronta el necesario cambio de modelo económico que necesita este país, un modelo económico basado en el conocimiento", apostilla.

INTEGRAR LOS INTERESES DE TODOS LOS AGENTES DEL SECTOR

Un modelo con el que, prosigue, Ciudadanos trató de acabar en el propio acuerdo de investidura de Mariano Rajoy, cuando comprometieron el impulso de un pacto nacional de infraestructuras para que este tipo de inversiones se guíen por "criterios técnicos objetivos y no por intereses políticos".

Este compromiso pasaba por que las grandes infraestructuras y proyectos de inversión debían de ser ratificadas antes de su licitación por comisiones técnicas independientes y libres de injerencias políticas, algo que consideran que "solo se lograría mediante un acuerdo nacional, en el que se integraran los intereses de todos los agentes implicados y de la sociedad en su conjunto con la necesaria racionalidad técnica".

Por ello, Navarro se dirige al Ejecutivo para preguntar qué medidas está realizando para cumplir con dicho acuerdo, si se ha establecido un protocolo de actuación consensuado con los demás partidos políticos, instituciones y sociedad civil y en qué situación se encuentra la Oficina Nacional de Evaluación (ONE).

En este sentido, pregunta la forma en la que se recogerá este plan extraordinario en el comprometido Pacto Nacional por las Infraestructuras Estratégicas y si será disponible disponer de los estudios y pliegos que han determinado la oportunidad de lanzar el plan, tanto por parte del resto de partidos como administraciones autonómicas y locales, otras empresas diferentes a las englobadas en las patronales SEOPAN, ANCI, sindicatos, patronal, usuarios "y, en general, los afectados por estas inversiones".

¿SE HA VALORADO EL COSTE DE OPORTUNIDAD?

Respecto a las inversiones anunciadas, Navarro demanda conocer las infraestructuras que van a construirse, las actuaciones que se recogen en el plan, y si existen garantías de que se incluirán dentro del 'Plan Juncker' y de que contarán finalmente con financiación comunitaria.

Asimismo, pregunta por la rentabilidad socio-económica y financiera del proyecto, el análisis coste/beneficio y sostenibilidad ambiental de las inversiones y si se ha valorado el coste de oportunidad de las mismas respecto a otras.

Por último, pregunta por el plan para la tarificación y financiación del resto de autovías y autopistas de la red y advierte de que "los peajes en la sombra suelen tener unos costes financieros muy altos, que a veces triplican el coste de las infraestructuras", por lo que pregunta por el valor actualizado de la inversión".