Proporcionar a los supervisores el poder para bloquear temporalmente las cuentas bancarias de las entidades en crisis es ¿una opción viable¿, señala un documento preparado por la presidencia de Estonia de la UE, en el que se reconoce que los estados miembros están muy divididos en este asunto, señala la agencia Reuters.

Los países de la UE que ya permiten una moratoria en los pagos bancarios en procedimientos de insolvencia a nivel nacional, como Alemania, apoyan la medida. ¿El deseo es evitar una corrida bancaria, para que cuando un banco se encuentre en una situación crítica no se vea empujado al abismo¿, señalan fuentes favorables a esta postura a la agencia británica.

Para cubrir las necesidades financieras inmediatas de los ahorradores, el informe, con fecha 10 de julio, recomendaba la introducción de un mecanismo que permitiese a los depositantes retirar ¿al menos una cantidad limitada de fondos¿.

La propuesta cuenta sin embargo con un rechazo frontal por parte de la banca, que teme que esta medida acabe desalentando el ahorro. ¿Creemos firmemente que se incentivaría a los depositantes a salir del banco en una etapa temprana¿, señala Charlie Bannister, Asociación de Mercados Financieros en Europa (AFME), un lobby bancario.

De acuerdo con el plan discutido por los estados de la UE, la retirada de depósitos podría verse suspendida por un período de cinco días laborables, y el bloqueo podría extenderse hasta un máximo de 20 días en circunstancias excepcionales. Las normas existentes de la UE permiten una suspensión de dos días de algunos pagos por parte de los bancos, pero en ningún caso se incluyen los depósitos.

El pasado mes de noviembre, la Comisión Europea había excluido los depósitos asegurados (100.000 euros por persona) del alcance de la herramienta de moratoria por temor a que pudiera tener ¿un impacto negativo en la confianza del mercado¿, por lo que la medida analizada ahora iría en contra de esta tesis.

La propuesta estonia fue discutida por los enviados de la UE el 13 de julio, pero no se tomó ninguna decisión en firme. Las discusiones deberían continuar en septiembre. La aprobación de los legisladores de la UE sería necesaria para cualquier decisión final.