El Gobierno responde a la insurrección fiscal catalana con más control de los gastos

El Ministerio exigía y recibía desde julio por parte de la Generalitat informes semanales para comprobar que no se destinaba "ni un solo euro" de dinero público para la organización del referéndum previsto para el 1 de octubre, una fiscalización que el Gobierno catalán suspendió el miércoles.

Como respuesta, el Consejo de Ministros aprobará una serie de disposiciones para hacerse cargo de las cantidades que cada mes transfiere a la Generalitat a cuenta del sistema de financiación autonómica.

"Se va a aprobar un reforzamiento del control. Determinados gastos va a hacerlos el Estado directamente, para asegurarse de que el dinero va a los servicios públicos y no a gastos relacionados con la independencia", dijo a Reuters una fuente de Hacienda.

Las medidas no afectarán por el momento al fondo de liquidez autonómica (FLA) que recibe Cataluña, ni a la financiación vinculada a tributos propios gestionados por el Gobierno catalán, añadió la fuente.

El Gobierno catalán rechazó la fiscalización semanal de sus cuentas por considerar que era un "control político" que no guardaba relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria y era "incompatible" con la convocatoria del referéndum del 1 de octubre.