La UE estudia una mayor protección al ahorrador en rescates bancarios

El posible cambio se está estudiando tras la decisión de los reguladores de la UE de liquidar el español Banco Popular en junio, después de una fuga de depósitos alentada por el temor de que el dinero de los ahorradores pudiera ser usado para rescatar el banco. Finalmente, en la operación de salvamento de Popular fueron los accionistas y los inversores en bonos subordinados y convertibles los que asumieron las pérdidas.

Los cambios propuestos podrían exponer a los tenedores de bonos a mayores riesgos si la entidad se encuentra en problemas, y, en términos generales, elevarían la rentabilidad de la deuda sénior de los bancos, encareciendo la captación de fondos.

Cualquier cambio acordado por el Parlamento Europeo requeriría la aprobación de los gobiernos de los estados miembros.

Un responsable de la UE, que declinó ser identificado, dijo que Italia y Portugal se oponían a la idea, por el temor a que complique los esfuerzos de sus bancos por incrementar las reservas de capital a los niveles requeridos por las normas europeas.

Durante la crisis financiera global, los contribuyentes de una serie de países europeos tuvieron que financiar rescates de bancos que estaban cerca de la quiebra. Desde entonces, el bloque ha endurecido las normativas de capital e introducido normas de "bail-in", es decir operaciones de salvamento en las accionistas, bonistas y depositantes asuman pérdidas para contribuir al rescate de una firma antes que los contribuyentes.

La crisis de liquidez de Banco Popular estuvo provocada en parte por la nueva normativa europea que permite a los reguladores confiscar los depósitos por encima de los 100.000 euros garantizados.

Para evitar que depositantes, presa del pánico, retiren dinero precipitadamente en la próxima crisis bancaria, los diputados están discutiendo cambios que incrementarían en nivel de protección que tienen los ahorradores, convirtiéndoles en los últimos en ser afectados por un rescate.

Bajo la normativa actual, los depósitos no asegurados tienen el mismo nivel de protección que los tenedores de deuda senior.

"Es previsible que, al concederse una categoría de prioridad a todos los depósitos, mejore la implementación de la herramienta del 'bail-in' (rescate con capital de accionistas y/o acreedores)", dijo la propuesta preparada por Ernest Urtasun, un eurodiputado español del grupo de los Verdes.

El documento dijo que esto reduciría el riesgo de contagio, es decir, un proceso de pérdida de confianza entre los inversores que se extiende rápidamente de mercado en mercado durante una crisis.

El documento busca enmendar una propuesta legislativa de la Comisión Europea sobre el orden de prelación de los acreedores no garantizados en los rescates bancarios. Supondría añadir un nuevo nivel de amortiguación que se situaría antes de depositantes y después de accionistas y acreedores de deuda subordinada.

Dos responsables europeos familiarizados con las conversaciones dijeron que el comité económico del Parlamento podría aprobar la enmienda a mediados de octubre.

No obstante, se estarían enmendando la propuesta para que los estados tengan cierto margen sobre cómo tratar a los depositantes. "Aún se está negociando y todas las opciones están abiertas", dijo un responsable.

Italia y Portugal están en contra de elevar la protección de los depositantes, temiendo un impacto negativo en los bonistas, dijo el responsable de la UE, agregando que otros estados podrían oponerse a la medida.

En Italia, los inversores minoristas a menudo acaparan gran parte de la deuda sénior de un banco, y el gobierno ha afrontado grandes protestas cuando ha impuesto las pérdidas a bonistas en rescates bancarios.

En el reciente rescate de dos pequeñas entidades del Véneto, el Gobierno consiguió obtener la aprobación de la UE para usar el dinero de los contribuyentes en vez de perjudicar a los bonistas sénior en un 'bail-in' dentro de un paquete de rescate.

Un responsable italiano en Bruselas declinó hacer comentarios.

La caída de Banco Popular, adjudicado a Santander por un euro, provocó un debate entre los reguladores europeos sobre si había que excluir totalmente a los depositantes de los rescates, pero esa opción ha perdido defensores ya que dejaría a los bancos sin suficiente capital al que recurrir ante un rescate.