El acuerdo, adoptado el 21 de diciembre por esta Comisión y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, viene motivado porque el próximo día 31 quedará sin efecto el acuerdo por el cual se declaraba la no disponibilidad de créditos en el presupuesto de la Generalitat para 2017, que entró en vigor en septiembre.

Si durante estos meses la Intervención General de la Generalitat debía acreditar que cada gasto realizado cumplía con la legislación vigente y no se destinaba a actividades ilegales, ahora Hacienda adopta estas mismas prevenciones en aplicación del artículo 155 de la Constitución, todo ello a la espera de que se forme el nuevo gobierno catalán surgido de las elecciones del 21 de diciembre.

Así pues, el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos precisa que la Intervención General de la Generalitat deberá, "al menos, mensualmente, comunicar a la secretaría general de financiación autonómica y local del Ministerio de Hacienda (...) una relación de propuestas de pago a favor de acreedores" con los que la Generalitat tiene obligaciones pendientes de pago.

"Estas propuestas necesariamente deberán corresponder con alguno de los programas o conceptos previstos en los anexos I y II del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del 20 de noviembre de 2015", es decir, con servicios públicos fundamentales o con servicios públicos prioritarios, dice el acuerdo.

Asimismo, según el acuerdo publicado hoy en el BOE, el secretario de Estado de Hacienda podrá, de forma "excepcional", autorizar transferir fondos a la Generalitat con cargo a las entregas a cuenta del sistema de financiación.

Desde la publicación del acuerdo, "los órganos de contratación y los interventores que fiscalicen las actuaciones administrativas dirigidas a la entrega de bienes o prestación de servicios" a la comunidad de Cataluña deberán remitir al Ministerio de Hacienda "una declaración responsable" que acredite que estos bienes o servicios "no tienen relación con la financiación de ninguna actividad ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales".

Asimismo, las operaciones de endeudamiento de la Generalitat precisarán autorización del Consejo de Ministros, añade el acuerdo publicado hoy en el BOE.