Para la delegación de la organización sindical que lidera Pepe Álvarez, esta brecha es "discriminatoria e injusta". "Los empleados públicos han gestionado, garantizado y mantenido la prestación y calidad de los servicios públicos más esenciales durante la crisis y no el personal de alta dirección, un colectivo de marcado perfil político y burocrático, contratado discrecionalmente por el Gobierno de turno", según ha recalcado UGT.

El sindicato ha recordado que, desde el inicio de la crisis, los empleados públicos han sufrido recortes salariales, congelaciones de sueldo y a eliminación de pagas extras que han mermado en más de un 13% su poder adquisitivo.

Por este motivo, la federación ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que "rectifique" la política salarial de los trabajadores de la AGE y que no ponga de excusa la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.

Así, ha apostillado que la superación de la crisis debe repercutir en las condiciones socioeconómicas y profesionales de este colectivo, por lo que es necesario que los incrementos salariales resarzan la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años. Además, considera que habría que establecer una serie de cláusulas de garantía que impidan que haya nuevas pérdidas en el futuro.

En esta misma línea, ha recordado que el Comité Europeo de Derechos Sociales calificó de "insuficientes" las tablas salariales del Convenio Único del Personal Laboral de la Administración General del Estado, ya que se situaban por debajo del 50% salario medio neto Unión Europea.

Desde 2010, los empleados públicos de la Administración General han visto cómo se ha reducido su poder de compra a la vez que se les incrementaba la jornada y se recortaban sus derechos, según ha subrayado UGT.

El sindicato ha hecho hincapié en que los funcionarios de la AGE, los de organismos autónomos, los de la Seguridad Social, de la Administración de Justicia, los investigadores del CSIC y el personal laboral de la AGE han sufrido una reducción salarial entre 2010 y 2016 del 9,1%.

Para UGT, este recorte salarial, a parte de por motivos retributivos, se debe a la reducción de plantilla, a los niveles salariales inferiores que se registran en la AGE en comparación con otras administraciones públicas o a la escasa implantación de la carrera profesional.

Sin embargo no son los únicos motivos, ya que para la organización sindical también han influido los recortes en I-D+i, la amortización de casi 36.700 plazas vacantes entre 2009 y 2013, el incremento de jubilaciones voluntarias o la minoración de los costes de las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo.