Así se desprende del último informe anual sobre España publicado por la agencia de calificación Moody's, donde explica que, aunque España continuará beneficiándose del 'viento' favorable que ofrece la recuperación de la zona euro y su círculo virtuoso de impulso del empleo, del gasto de los hogares y de la inversión, la continua tensión política relacionada con Cataluña --19,1% del Producto Interior Bruto (PIB) español-- limitará la actividad económica del país en su conjunto, mientras que el alto nivel de deuda continuará limitando su perfil de crédito.

"España cuenta con una de las economías más grandes del mundo y su crecimiento ha sido uno de los más fuertes en el área del euro en los últimos años", aseguró la vicepresidenta senior de Moody's y analista y coautora del informe, Sarah Carlson. "Dicho esto, la aceleración de su crecimiento tiene un fuerte componente cíclico y pronosticamos que el crecimiento anual real del PIB se desacelerará a algo menos del 2% para el final de esta década", aseveró.

La susceptibilidad moderada de España al riesgo está impulsada por el conflicto político interno vinculado a Cataluña, aunque Moody's continúa creyendo que la probabilidad de independencia es baja. Sin embargo, admite que la rápida escalada de las tensiones, junto con el estancamiento político actual, sugiere que las posibilidades han aumentado "algo", así como sus implicaciones negativas sobre el entorno económico y para la formulación de políticas.

"Cualquier resolución que aumente la autonomía fiscal de las regiones españolas podría tener implicaciones negativas para el emisor soberano, dados los desafíos que las finanzas regionales han representado para las finanzas del Gobierno general en los últimos años", sostiene Moody's. Al contrario, una rápida resolución de la crisis política podría permitir que el impulso económico y financiero beneficie al perfil de crédito.

Cataluña es una de las regiones más ricas de España, que representa una proporción muy importante del PIB nacional, del comercio y de la inversión extranjera directa, por lo que el proceso secesionista tendrá un impacto "negativo y moderado" sobre la economía, pues las tensiones generan también incertidumbre sobre la confianza económica y el gasto en el consumidor. Moody's prevé que el PIB español crezca un 2,3% en 2018, en línea con el pronóstico del Ejecutivo.

"La inestabilidad política está teniendo un impacto negativo claramente mayor sobre la economía catalana, con la confianza de los inversores extranjeros deprimida y la llegada de turistas a la baja", señala. Según apunta Moody's, más de 3.000 empresas se han mudado fuera de la región, de las cuales alrededor de 1.000 también han trasladado su sede fiscal. En el sector de la hostelería, las pernoctaciones de no residentes disminuyeron un 4,2% anual en octubre y noviembre de 2017, en contraste con una expansión nacional del 1,9% en el mismo período, mientras que las ventas minoristas en Cataluña se estancaron durante el segundo semestre de 2017.

ALTO NIVEL DE DEUDA

Según apunta la firma estadounidense en su informe, el alto nivel de deuda de España seguirá limitando el perfil de crédito soberano, a pesar de las recientes tendencias de mejora en los datos económicos, fiscales y financieros. En este sentido, considera que las reformas fiscales estructurales y el desempeño de los presupuestos de los gobiernos regionales serán factores clave para mejorar las variables del déficit y la reducción de la deuda.

"La dinámica fiscal de España continúa siendo un desafío debido a una serie de debilidades estructurales, entre las que se incluye el desequilibrio del sistema de la Seguridad Social", indica en el documento, en el que se refiere también a la deuda privada. "Se ha producido un desapalancamiento significativo del sector privado en general, pero la deuda de los hogares sigue siendo relativamente alto", señala. Moody's considera que se ha producido un cambio en la composición de la deuda de la economía española, con un desplazamiento del sector privado al público.

SECTOR BANCARIO REESTRUCTURADO

La sólida recuperación económica de España ha permitido reconstruir los fundamentos crediticios, especialmente la calidad de los activos, de las entidades bancarias del país. "El sector bancario español se ha reestructurado, con mayores ratios de capital y estructuras de financiación más sólidas", asevera Moody's en su informe.

Del mismo modo, celebra que los marcos de gobernanza, regulación y supervisión también se hayan revisado y mejorado, sobre todo con la introducción del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que lleva a cabo la supervisión de los trece grupos bancarios más grandes de España.

No obstante, explica que el stock de préstamos en mora de los bancos españoles sigue siendo elevado, aunque señala que ha ido disminuyendo gradualmente desde que alcanzó su punto máximo a fines de 2013. "Los bancos seguirán reduciendo sus reservas de activos problemáticos, y el descenso se verá acelerado por las grandes ventas de cartera, como las anunciadas el año pasado por Banco Santander y BBVA", apunta.

RESOLUCIÓN DE POPULAR

En junio de 2017, el Banco Popular se convirtió en el primer banco en ser resuelto por el Consejo Único de Resolución (SRB) de la Unión Europea, creado en 2015 para minimizar el impacto financiero de quiebras bancarias sobre los contribuyentes. "La resolución de Popular, bajo la cual fue adquirida por Banco Santander al precio simbólico de 1 euro, es consistente con la Directiva de Resolución y Recuperación Bancaria (BRRD) de la UE, que restringe el uso de fondos públicos para rescatar bancos en quiebra", subraya Moody's.

En suma, la agencia considera que el Gobierno de España no tendrá que proporcionar más apoyo material al sistema bancario del país, a excepción de la Sareb, el banco malo que asumió 50.500 millones de euros en activos inmobiliarios con problemas de los bancos del país en 2013.

"El tamaño y la evolución de este pasivo contingente dependerán en gran medida de la evolución del mercado inmobiliario español", concluye Moody's. "Existe la posibilidad de que, en el caso improbable de que Sareb tuviera necesidades adicionales de capital, el Gobierno podría ser la única entidad dispuesta a brindarle apoyo. Sin embargo, también reconocemos que Sareb tiene 15 años para deshacerse de sus activos, por lo tanto, no es probable que los requisitos adicionales de capital se materialicen en el corto plazo", concluye.