El 'superregulador' ya interpuso un recurso contra el Ejecutivo a finales de 2015, también en relación con la regulación a este sector.

En concreto, en aquella ocasión recurrió la limitación impuesta a las licencias de VTC de forma que sólo se otorgue una autorización a estas empresas por cada treinta del taxi. Este contencioso está en la actualidad pendiente de resolución por parte del Alto Tribunal.

Ahora, la CNMC insta al Ejecutivo a retirar las nuevas medidas para las empresas de VTC que se aprobaron por Real Decreto el 29 de diciembre de 2017, después de que durante todo el pasado año los taxistas llevaran a cabo distintas movilizaciones y paros en contra de la competencia desleal que, según aseguran, suponen las empresas como Uber.

El órgano que preside José María Marín Quemada, que ya mostró en noviembre su postura contraria a estas nuevas medidas, ha requerido formalmente al Gobierno que las derogue al estimar que no están "justificadas" y que, además, suponen "numerosas restricciones a la competencia que perjudican a consumidores y usuarios".

En virtud del Real Decreto aprobado en diciembre, el Gobierno impuso a las empresas de VTC la prohibición de vender licencias durante los dos años siguientes a su consecución. Además, les obligó a dar cuenta en un registro público de todos los servicios que realicen.

Con estas iniciativas, el Ministerio de Fomento busca mejorar la convivencia de entre los VTC y el taxi ante las miles de licencias que aquellas empresas esperan lograr por vía judicial como consecuencia del legal que el sector registró entre 2011 y 2015, antes de que se limitada su consecución.

"REPERCUTE NEGATIVAMENTE EN LOS PASAJEROS".

Para el 'superregulador', la prohibición de vender licencias "desincentiva" la entrada de nuevas empresas en el sector y se "limita la liquidez del mercado secundario de licencias". "Ello terminará repercutiendo negativamente sobre los pasajeros usuarios de VTC", estima la CNMC.

De igual forma, el órgano que preside José María Marín Quemada ve en la obligación de dar cuenta en un registro de todos los servicios "una barrera a la movilidad geográfica" de las empresas del sector, "tanto por la exhaustividad de la información que se les requiere como por la exigencia de comunicar un viaje antes de realizarlo".

En un comunicado, la CNMC recuerda que el requerimiento realizado al Gobierno supone un "paso previo" para que el Ejecutivo "suprima voluntariamente estas medidas" y no tenga que interponer un recurso contencioso-administrativo.

La comisión subraya asimismo que la Ley de Competencia le faculta para impugnar ante la jurisdicción competente los actos de las administraciones públicas que considere suponen un obstáculo a la competencia efectiva en los mercados.