Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, no recibirá la indemnización de 8,4 millones de euros que reclamó a la constructora ni los 555.592 euros a los que decía tener derecho por los 20 días trabajados entre el 1 y el 20 de octubre de 2011. En esta última fecha, el Consejo de Administración le apartó del cargo de presidente de la sociedad a la vista de la crítica situación de la compañía en relación con la refinanciación del crédito que permitió a Sacyr hacerse con el 20,01% de Repsol.

En una dura sentencia contra Del Rivero, el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid no sólo ha rechazado la pretensión del empresario de que Sacyr le indemnice sino que avala la decisión del Consejo de revocarle todas sus facultades ejecutivas. Luis del Rivero "ha incumplido sus deberes de diligencia y lealtad y, en concreto, por su gestión en la refinanciación del crédito sindicado Repsol, [gestiones] que situaron a Sacyr al borde del abismo y de la desaparición", afirma con contundencia la magistrada Olga Martín Alonso, que desestima todas las pretensiones del expresidente y le impone las costas del proceso judicial.

La resolución judicial relata que en febrero de 2011 -a 10 meses de que venciera el crédito sindicado de 5.175 millones de euros que permitió a Sacyr hacerse en 2006 con un paquete significativo de control minoritario de Repsol- la situación era que se habían amortizado apenas 300 millones, la constructora carecía de la tesorería operativa necesaria para atender el vencimiento, el valor de cotización de la acción de la petrolera era muy inferior al de adquisición (21 euros por acción en 2011 frente a los 26,7 de 2006) y los resultados de Sacyr tanto en 2010 como en 2011 fueron significativamente peores que en años anteriores.

Junto a ello, el entorno económico global había empeorado gravemente con una crisis que afectaba a los todos sectores y, en especial, al inmobiliario. La disminución del valor accionarial de Repsol provocaba en los bancos reticencias a una refinanciación "pura y dura" de la deuda de Sacyr, que era el único plan contemplado por el entonces presidente, Luis del Rivero, que "no buscó asesoramiento experto" ni de un banco de inversiones ni de un despacho de abogados especialista en este tipo de operaciones.

Del Rivero "asumió la responsabilidad y gestión de la renegociación" del crédito Repsol y lo hizo "sin informar al Consejo de Administración de las gestiones (...) ni de que la estrategia por él definida no estaba funcionando", constata la jueza.

El análisis de las actas de los consejos de administración ponen de manifiesto que Del Rivero no daba información a los consejeros y aparentaba de que "lo tenía todo controlado y prácticamente resuelto", lo que no era cierto.

En la Junta General de accionistas del 19 de mayo de 2011 el presidente "seguía haciendo creer a todos que las cosas estaban controladas", destaca la sentencia, "y se centraba en la modificación que había propuesto de los estatutos sociales" para aumentar su propia representación en el Consejo frente a los accionistas mayoritarios Demetrio Carceller y Juan Abelló, cada vez más críticos.

"Sin conocimiento del Consejo"

En agosto de 2011, Del Rivero negoció "sin conocimiento del Consejo de Administración" un pacto de sindicación de acciones de Repsol con Petróleos Mexicanos (Pemex). En lugar de ayudar a solucionar el grave problema de financiación de Sacyr, ese acuerdo "lo que hizo fue poner en grave peligro su resolución y, por ende, la misma estabilidad" de la constructora ya que incluía un derecho de adquisición preferente a favor de Pemex sobre cualquier venta de acciones que pretendiera Sacyr. Ello provocó la hostilidad de Repsol (lo que afectó negativamente al valor de la acción de la petrolera) y de La Caixa, su principal accionista.

La Caixa cortó a Sacyr todas las líneas de crédito y avales precisamente como consecuencia de las negociaciones de Luis del Rivero con la petrolera mexicana, lo que fue puesto de manifiesto por Manuel Manrique en la reunión del Consejo de 20 de octubre. En esta sesión se separó a Del Rivero de la presidencia por 10 votos a favor, siete en contra y una abstención. Manrique fue elegido presidente por 11 a favor, seis en contra y una abstención.

Las actas de los consejos, un informe presentado por Lazard, las pruebas testificales practicadas y el informe de la comisión de nombramientos y retribuciones de mayo de 2012 (que concluyó que la conducta de Luis del Rivero "puso en peligro la supervivencia de la sociedad") llevan a la magistrada a afirmar que en esa fecha "Sacyr estaba al borde del abismo".

La jueza afirma que su cese como presidente "fue debido a incumplimientos imputables al mismo", lo que excluye toda posibilidad legal de indemnización. Los estatutos de Sacyr prevén que los consejeros que tengan funciones ejecutivas tendrán derecho a una indemnización "para el caso de cese no debido a incumplimiento no imputable al consejero".

Más aún, la magistrada afirma que Del Rivero "tenía la obligación de haber puesto su cargo a disposición del Consejo" ya que el reglamento del Consejo de Administración de Sacyr establece esa previsión para el caso de que "su permanencia pueda poner en riesgo los intereses de la sociedad o afectar negativamente al crédito y reputación de la misma (...)".

En marzo de 2012, la Comisión de Retribuciones aprobó una retribución a favor de Del Rivero por el ejercicio de 2011 de 1,7 millones de euros. No aprobó indemnización alguna al considerar que el expresidente "incumplió de manera creciente a lo largo del ejercicio con sus objetivos y, especialmente, no cumplió con el principal objetivo que el Consejo le tenía encomendado", en referencia a la refinanciación del crédito Repsol.

La magistrada respalda esta conclusión y destaca que consejeros que en octubre de 2011 votaron en contra del cese de Del Rivero "posteriormente, cuando conocieron su gestión en la refinanciación del préstamo Repsol, votaron a favor de considerarla  como inadecuada" en el Consejo de mayo de 2012.

La sentencia, contra la que cabe recurso, declara probado que Sacyr ha satisfecho al expresidente la cantidad que, en concepto de retribuciones, aprobó el Consejo previo informe de la Comisión de Retribuciones, "siendo dichos acuerdos válidos y no impugnados por nadie", ni siquiera por el propio Luis del Rivero.