El último Consejo de Ministros de 2018 ha traído consigo el Real Decreto Ley que contiene el incremento de las pensiones para 2019. Entre las novedades que contiene, una que prolonga uno de los 'trucos' que los últimos Ejecutivos están empleando para intentar taponar el boquete de la Seguridad Social. Consiste en subir la pensión máxima menos de lo que aumentará la cotización máxima.
Este recurso, que expertos como el economista José Ignacio Conde-Ruiz definen como "reforma silenciosa o por la puerta de atrás", persigue nutrir al sistema con ingresos provenientes de unas cotizaciones mayores que los gastos procedentes de unos pagos más altos.
Con las cifras conocidas en este Real Decreto y con el anuncio realizado estos días de que las cotizaciones máximas subirán un 7% en 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez, como antes también ocurrió con el de Mariano Rajoy, amplía la brecha entre lo cotizado y lo cobrado. Para 2019, la cotización máxima alcanzará los 4.069,95 euros al mes -en 2018 la cotización máxima fue elevada en julio a 3.803,7 euros-. Multiplicada por 12 meses, la aportación total alcanzará los 48.839 euros.
"Esta 'reforma silenciosa' amenaza el carácter contributivo del sistema español y lo acerca a un modelo asistencial"
En cuanto a la pensión máxima, el próximo año se situará en los 2.659,41 euros, 44 euros más que ahora, después de que en julio también pasara a 2.614,9 euros. Como son 14 pagas al año, esa pensión conducirá a un cobro anual total de 37.231,7 euros.
Con estos datos se obtiene que la brecha entre lo máximo aportado y lo máximo cobrado se amplía hasta los 11.608 euros. O visto de otro modo, la pensión máxima apenas equivaldrá ya al 76% de lo cotizado, una desviación histórica.
En España, entre 2003 y 2012, la pensión máxima equivalía al 90% de la cotización máxima. Desde entonces, y a fuerza de ir subiendo las cotizaciones máximas más que las pensiones máximas -retenidas, como todas, por el límite del 0,25% del Índice de Revalorización de las Pensiones-, esa proporción ha ido reduciendo hasta el 80% actual, que caerá a ese 76% en 2019.
Según los expertos, el problema de fondo que tiene este truco consiste en que rompe un principio fundamental del sistema español de pensiones públicas: el de contributividad. Es decir, el que impone que exista un vínculo entre lo cotizado y lo cobrado. Si se rompe este principio, el sistema dejaría de ser contributivo para pasar a ser asistencial. Es decir, una alteración que perjudica a los afectados que ven cómo se quiebra la proporción entre lo cotizado y lo que acaban cobrando.