Castilla y León, tranquila con recursos de Nuclenor tras ganar varios pleitos
La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, se ha mostrado hoy tranquila respecto al recurso planteado por la empresa Nuclenor contra el gravamen aplicado desde finales de 2018 por el depósito de residuos nucleares de Garoña tras el cierre de esta instalación.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntada por la decisión de la empresa participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, Del Olmo ha aclarado que aún no tiene notificación oficial del recurso, pero ha recordado que Nuclenor ha hecho lo mismo desde 2012, cuando la Junta comenzó a implantar determinados impuestos ambientales.
En el caso del gravamen por los residuos nucleares de Garoña, fue aprobado al final de 2018, pero Nuclenor ya ha abonado los 3,7 millones de euros que le corresponde liquidar en el primer trimestre de 2019.
Del Olmo ha explicado que la dinámica de las eléctricas es recurrir sus propias autoliquidaciones para que, si eventualmente el impuesto se declara ilegal, no prescriba el derecho a obtener este dinero adelantado.
"Es una táctica", ha sostenido la consejera, quien sin embargo ha destacado que desde que comenzaron a recurrir los gravámenes en 2012 se han ido sucediendo las sentencias, la última del Tribunal Supremo "que les quita la razón y se la da a la Junta, además de condenarles a costas".
Del Olmo ha destacado que no se trata de recursos de inconstitucionalidad, sino de litigios fiscales, mientras que ha confiado en que el Gobierno central no plantee un recurso ante el Constitucional como "advirtió algún grupo que igual tenía información privilegiada", en referencia a las advertencias que lanzaron varios partidos durante el debate de aprobación de este impuesto en las Cortes de Castilla y León.
Ha recordado que, en un caso similar, el Constitucional ha dictado una sentencia que da la razón a la Junta de Extremadura, por lo que ha añadido que "sería una lástima" que el Gobierno recurriera un impuesto que ya está suponiendo un ingreso para Castilla y León y que tendría como destino un plan de dinamización industrial de la zona de influencia de la central nuclear de Garoña, en la provincia de Burgos.
"Mis técnicos no ven motivos para la inconstitucionalidad", ha sentenciado Del Olmo.EFE
