Madrid, 24 ene (EFECOM).- La Audiencia Nacional ha acordado no retomar el juicio por la salida a Bolsa de Bankia la próxima semana, con lo que continuará suspendido a la espera de recibir los informes de las partes con posibles soluciones a la ausencia por motivos de salud de la fiscal Carmen Launa.
En una providencia conocida hoy, la sección cuarta de la sala de lo Penal que preside la juez Ángela Murillo expone que será a tenor de las respuestas tanto de acusaciones como de defensas cuando decidan la fecha exacta de reanudación del juicio, una valoración que previsiblemente tendrá lugar la última semana de enero.
Este lunes, la sala solicitó a las partes personadas que aportaran ideas para poder retomar la vista, suspendida el pasado 11 de enero, inicialmente, durante dos semanas.
Una medida con la que buscaba solventar "la situación de paralización por tiempo incierto", no convencida de la propuesta del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, encargado en su momento de la instrucción, de celebrar una única sesión entre los próximas 4 y 8 de febrero que permita concluir el interrogatorio del expresidente de la entidad, Rodrigo Rato.
El tribunal consideraba que "puede resultar inadecuada a los intereses de las otras partes" especialmente de la treintena de exdirectivos, el socio auditor, así como Bankia, su matriz, BFA, y la auditora Deloitte, sobre los que no pesa acusación de la Fiscalía.
La incorporación pública de Launa al procedimiento se produjo el pasado 26 de noviembre, en una jornada, la primera de la vista, en la que estuvo acompañada en el estrado por Luzón.
Especialmente notoria resultó su exposición de cuestiones previas, en la que anunció un posible cambio de calificación del escrito inicial, que sólo se dirige contra Rato y los otros tres exadministradores de hecho del banco, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú por estafa a los inversores.
Con ello abría las puertas a ampliar los cargos inicialmente atribuidos y contemplar un posible delito de falsedad contable que afectaría a la treintena de exdirectivos del grupo financiero y al socio auditor, que se enfrentan a penas de hasta doce años de cárcel solicitadas por las acusaciones particulares y populares.