Unauto avisa a Torra de su responsabilidad penal si legisla contra los VTC
El presidente Unauto, Eduardo Martín, ha advertido hoy al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de las "responsabilidades personales -administrativas y penales-" que supondría legislar en contra de la "legalidad vigente" en el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).
Martín ha enviado sendas cartas al presidente de la Generalitat y al conseller de Territorio, Damià Calvet, en las que advierte de las responsabilidad que tendrá que asumir el gobierno catalán y ellos mismos si legislan "en contra de la legalidad vigente y de los intereses generales" y sin tener en cuenta las recomendaciones de las autoridades de la competencia.
Para Unauto, las medidas que pretende implantar la Generalitat constituyen "una confiscación de bienes" y una "gravísima vulneración del Estado de Derecho", además de advertir de que "quienes intervengan en tal operación incurrirán en la comisión de un delito contra los derechos individuales tipificado en el articulo 541 del Código Penal".
La carta dice que tendrán que hacer frente a las "responsabilidades personales -administrativas y penales- que se pedirán a los empleados públicos y/o responsables políticos que intervengan en el dictado de normas que sean abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico", además de los recursos que se presentarán contra las mismas.
Martín asegura que cualquier restricción que se establezca en el servicio de transporte de viajeros con conductor y que implique un acto discriminatorio vulnera el principio de no discriminación contenido en los artículos 3 y 18 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que establece que todos los operadores tengan los mismos derechos en todo el territorio nacional.
Unauto considera "altamente discriminatorias para el sector y favorables al del taxi" las medidas que aprobará el decreto de la Generalitat, que incluirá la necesidad de precontratar el servicio con una antelación mínima de quince minutos, tiempo que será incrementado por la AMB, y la prohibición de mostrar la geolocalización de vehículos.
Martín asegura que estas medidas suponen la "expulsión de facto" de las plataformas y empresas dedicadas al arrendamiento de vehículos con conductor de Cataluña, ya que estas condiciones suponen "la inviabilidad económica de esas licencias".
Asegura que estas medidas enviarán al paro a los más de 4.000 trabajadores de las empresas asociadas a Unauto VTC, reducirán la oferta de movilidad de la ciudad y son un "paso atrás en la imagen de modernidad" de Barcelona.
También tendrá consecuencias, sostiene, para la propia Generalitat, que reducirá su recaudación de impuestos y tendrá que hacer frente a las indemnizaciones en reparación del daño que las medidas causen a las empresas, ya que la regulación que pretende imponerse "muta sorpresivamente" las condiciones de las licencias otorgadas con anterioridad" y supondrían una indemnizaciones de más de 1.000 millones de euros.
A todo ello, Martín añade el "grave" mensaje que se está dando a la sociedad sobre que "el incivismo y la violencia son vías válidas para obtener resultados favorables en las negociaciones con las administraciones públicas".
