Nuevo golpe de desconfianza a los Presupuestos del Gobierno. Después de que el BAnco de España mostrase el lunes sus dudas por la capacidad recaudatoria del proyecto, ahora es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) quien calcula que el impacto de las medidas fiscales recogidas en el plan presupuestario de 2019 será muy inferior al estimado, lo que llevará el déficit hasta el 2,2% del producto interior bruto (PIB), muy por encima del objetivo del 1,3%.

Este desvío se producirá a pesar de que la previsión de crecimiento económico de la AIReF es más optimista que la del Gobierno, según ha explicado este martes el presidente de la institución, José Luis Escrivá, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso con motivo de la tramitación de las cuentas.

Escrivá ha señalado que la economía española crecerá este año por encima del 2,2% que espera el Gobierno, más en línea con el 2,6% de 2018, ya que hay factores externos, como el precio del petróleo o los tipos de interés, que no han tenido una evolución tan negativa como se esperaba, aunque se ha mostrado preocupado por la evolución de la economía italiana.

Ha añadido que la economía española cuenta con una posición saneada por la baja inversión en vivienda, el desapalancamiento de los hogares, la alta capacidad de financiación y la recuperación del segmento residencial, así como una recuperación salarial contenida.

A pesar de ello, la AIReF ve "improbable" que España logre cumplir este año el objetivo de déficit público del 1,3% del PIB, debido a problemas de ajuste en la contabilidad nacional y a que la previsión de ingresos del proyecto presupuestario no coincide con los cálculos de la institución.

En el caso de la Administración Central, Escrivá cree que el déficit alcanzará el 1% del PIB pese a que su objetivo es del 0,3%, en parte porque estima que los ingresos crecerán un 7,6 % en lugar del 9,5 % que espera el Ejecutivo. Buena parte del desvío procede de los diferentes cálculos del impacto de las nuevas medidas tributarias, que el Gobierno cifra en 5.654 millones de euros y la AIReF en 2.908 millones, principalmente porque entrarán en vigor con el año avanzado.

Así, por ejemplo, asegura que los nuevos impuestos a las transacciones financieras y los servicios digitales recaudarán unos 349 millones en lugar de los 2.050 millones recogidos en las cuentas, por lo que ha pedido agilizar la tramitación parlamentaria de estos tributos para que los ingresos no se vean más mermados.

Según Escrivá, tampoco la Seguridad Social logrará su objetivo de déficit, ya que llegará al 1,5% del PIB, cuando la meta es el 0, %. También en este caso el desvío parte del impacto previsto de las nuevas medidas, como la subida del salario mínimo o de las bases máximas de cotización, que el Gobierno cifra en casi 3.000 millones y la AIReF en 2.300 millones.

La AIReF cree que las corporaciones locales volverán a registrar un superávit de alrededor del 0,5 % del PIB y que las comunidades autónomas cumplirán su objetivo de déficit del 0,1 % del PIB.

Respecto a las comunidades, ha indicado que el cambio en el sistema de liquidación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) -por el que se adelanta el pago de diciembre y 2019 contará con un mes adicional de ingresos- tendrá un impacto neutro, ya que este mes adicional compensará el que perdieron en 2017.

En ese año, se retrasó el pago del IVA, lo que mermó los ingresos de las comunidades, que ahora tiene que hacer la liquidación definitiva de aquel ejercicio y de no corregirse se verían perjudicadas.

En el caso del Estado, la recaudación perdida en 2017 se compensó con ajustes en contabilidad nacional y esto volverá a ocurrir este año con el mes que se gana, es decir, que el cambio no servirá para ajustar el déficit como pretende el Gobierno. Escrivá ha pedido al Gobierno que evalúe la existencia de "espacios fiscales" que permitan que en 2019 se "anclen" las bases del Programa de Estabilidad (2019-2022) que se presentará en abril y ha dejado entrever que se podría rediseñar las políticas de gasto en políticas activas de empleo.

"Son claramente mejorables" ha avanzado, tras explicar que este gasto supone cerca de 7.500 millones de euros.