Dia ha anunciado que "ha procedido a prestar una denuncia ante la Fiscalía" por los ajustes contables que se han derivado de la investigación forense de sus cuentas del año 2017 encargada a la firma KPMG. Esta medida llega tras haberse detectado  "prácticas irregulares" cometidas por empleados y altos directivos del grupo que han perjudicado sus cuentas. Asimismo, la cadena de supermercados ha informado de que paralelamente se están adoptando también "medidas disciplinarias" contra sus autores.

El grupo ha lanzado un comunicado en el que explica que procede a estas medidas legales en "el ejercicio de diligencia, responsabilidad y máxima transparencia [mantenido] desde el momento en el que tuvo conocimiento de los ajustes contables". En la memoria de las cuentas anuales consolidadas de 2018 presentada este viernes se precisa que la investigación forense ya ha terminado en España, pero aún no en Brasil. En estos dos países es donde se centran las pesquisas de la firma auditora.

El documento presentado este viernes, junto con el plan estratégico desarollado por el consejo de administración de la compañia, analiza de forma exhaustiva el impacto de estas irregularidades, pero lo calcula de forma conjunta con otros "errores" encontrados. No obstante, sí atribuye únicamente a prácticas irregulares una "sobreestimación de los descuentos comerciales a percibir de los proveedores en España y Brasil", con un efecto negativo en las cuentas de 52,6 millones de euros.

"La investigación ha puesto de manifiesto la existencia de prácticas irregulares que habrían sido realizadas por determinados empleados y directivos (incluyendo algunos de los anteriores miembros de la alta dirección del grupo), eludiendo los controles internos", según el informe, que revela que se reforzarán los protocolos de vigilancia para evitar que vuelva a ocurrir.

Dia también ha informado este viernes, en un documento elaborado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que analiza la posibilidad de reclamar a los consejeros delegados cesados durante los últimos meses la devolución de sus "bonus", en caso de que se demuestre que se cobraron con base en información "falsa o inexacta" o por la existencia de errores en las cuentas de la empresa.

En concreto, los señalados son Ricardo Currás y Antonio Coto, los cesados ex consejeros delegados de la firma. El primero, desposeído de su cargo a finales de agosto de 2018, cobró ese año 2,55 millones de euros, de los cuales 2,15 millones en metálico. Esta partida se descomponía en 1,64 millones como indemnización por despido, y otros 497.000 euros de sueldo. Además, por la cláusula de no competencia al salir del grupo, comenzó a percibir una compensación equivalente a una anualidad de la retribución fija anual, que ascendía a 606.600 euros.

Por su parte, Coto, que sustituyó a Currás hasta el pasado 28 de diciembre, percibió un total de 261.000 euros, retribución que ahora también podría ser reclamada. El segundo ex consejero delegado de la compañía, también cesado, tenía un sueldo de 208.000 euros.