PSOE avisa de que sólo un gran pacto en pensiones garantiza futuras reformas
Madrid, 10 feb (EFECOM).- La portavoz socialista en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Merce Perea, avisa de que sólo un acuerdo unánime en torno a las recomendaciones que debe emitir este órgano garantizará "una reforma sólida y duradera en pensiones".
En un artículo remitido a Efe, Perea insta a los miembros de la comisión a alcanzar una reforma "que recupere la genética del sistema: la garantía del poder adquisitivo y la sostenibilidad social, económica y política".
Bajo el título "¡Es el Pacto, estúpido!", la portavoz socialista hace referencia a las palabras del asesor de Bill Clinton, James Carville, que en 1992 criticó con "¡Es la economía, estúpido!" el "escaso olfato político" que tuvo el entonces presidente norteamericano George Bush padre con sus recortes presupuestarios.
La diputada socialista señala que desde diversos sectores, incluidos algunos económicos, se ha cuestionado la validez del acuerdo que debe surgir del Pacto de Toledo.
"No han faltado quienes, atrevidos a mi juicio, han argüido que el acuerdo al que se llegue será papel mojado", indica Perea, para asegurar después que "las reformas estructurales del país se deben hacer por consenso, nunca por imposición ya que carecerían de la suficiente legitimidad social".
"Despreciar el Pacto como se hizo en 2013, dejarlo caer, como pretenden algunos ahora" constituye una regresión "que no nos podemos permitir" de un instrumento que se creó hace más de 20 años y que es "referente mundial".
La labor del Pacto de Toledo, explica Perea, consiste en la redacción y seguimiento de las recomendaciones que cada cinco años se elaboran en la citada Comisión y que marcan las directrices que debe seguir el gobierno de turno para cada una de las reformas por implementar.
Estas reformas, añade, han de basarse en el diálogo social con patronal y sindicatos y deben contar con el consenso en el Pacto de Toledo, algo que se logró incluso "en plena crisis económica", formalizándose en la reforma de las pensiones de 2011.
Sin embargo, en 2013 y sin esperar a ver los efectos que producía esta reforma, el Gobierno del PP aprobó su reforma que "avocaba a una pérdida de hasta un 40 % del poder adquisitivo de las pensiones en 20 años, un grave impacto económico de un 3 % del PIB y la destrucción de 754.000 empleos", señala Perea.
Ello dejó en España una situación "insostenible" desde el punto de vista social, económico y político, con el rechazo expresado por los pensionistas en manifestaciones y las iniciativas aprobadas de distintos grupos parlamentarios exigiendo su abolición, que terminó con la derogación "de facto" de dicha reforma, dice Perea.
